La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exigió este miércoles al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, una reunión urgente para abordar los problemas que sufre esta administración como consecuencia de la crisis por el COVID 19 y que, entre otros aspectos, afectan a los ciudadanos con familiares fallecidos y que, por otro lado, se traduce también en las deficiencias en la contabilización de la cifra de personas fallecidas.
Desde el minuto 1 de esta crisis, CSIF ha exigido garantías para que los profesionales de la Justicia pudieran trabajar con medidas de seguridad, así como una correcta planificación de los recursos humanos para prestar los servicios esenciales en materia de Registro civil y que contribuyera al objetivo de evitar contagios que saturaran aún más los servicios sanitarios y que es la base de la declaración del estado de alarma.
Considera que «el ministerio, de manera unilateral» ha ido adoptando medidas como el teletrabajo o la obligación de informar diariamente sobre las solicitudes de defunción establecida en una reciente Instrucción de la Dirección General de seguridad jurídica y fe pública, sin una visión de conjunto y sin dotar de medios suficientes.
La implantación de medidas de teletrabajo se está realizando de forma «improvisada, al margen de toda planificación y sin información suficiente a los empleados públicos que, aun así, están prestando sus equipos informáticos y conexiones personales para realizar esta función», dice el sindicato.
Desde que se aprobó la resolución sobre la expedición de licencias de enterramiento y la posibilidad de realizar las inscripciones desde su casa, «el Ministerio se ha negado a remitir a los sindicatos información sobre cómo iba a proceder en ese sentido. CSIF valoró positivamente esta resolución puesto que se permitía atender a lo urgente, licencia de enterramiento, posponiendo el trámite de la inscripción a un momento posterior, hasta 20 días hábiles después del enterramiento según el mismo artículo».
Sin embargo, señala que «hoy nos encontramos con registros civiles que sufren demoras, una informatización incompleta y desfasada y una absoluta ausencia de planificación e información que ha impedido utilizar el Registro civil como una fuente más de información sobre el número de fallecidos en España».
Afirma que «el personal de los registros civiles está desbordado. Al no producirse el fallecimiento por muertes violentas, no hay autopsia, así que los médicos, sobre todo en pequeñas localidades, certifican el fallecimiento atendiendo a causas respiratorias o a patologías que presentase la persona difunta, ya que evidentemente no se hace la prueba».
CSIF considera que el Ministerio «llega tarde en la resolución de este problema y, además, está desviando la atención con consideraciones sobre la fiabilidad de los datos que sobre la causa de la muerte que figuran en los certificados de defunción. Para obtener una estimación de los fallecimientos por COVID 19, debería compararse el número de solicitudes de inscripción de defunción que entran en los Registros civiles con los datos de fallecidos en años anteriores y en la misma época del año», precisa.
Por todo ello, «reiteramos al Ministerio que organice una reunión con los sindicatos y comunidades autónomas para coordinar estas y otras actuaciones», concluye.
