Agentes de la Policía Nacional desmantelan un entramado criminal que suministraba ilegalmente servicios audiovisuales y de televisión a al menos a 15.000 usuarios de toda España. Hay siete personas detenidas, sus dos principales integrantes en las ciudades de Zamora y Salamanca, uno en la ciudad de Córdoba, tres en la provincia de Valencia (Puerto de Sagunto y Oliva) y el último en la provincia de Málaga (Benalmádena) como presuntos autores de delitos contra la propiedad intelectual, defraudación de las telecomunicaciones y usurpación del estado civil.
La investigación se inició a finales de mayo del 2019, a raíz de una denuncia presentada por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) en la Comisaría Provincial de Valladolid. Tras diversas gestiones se pudo determinar la existencia de un grupo que distribuía ilegalmente contenidos audiovisuales y de televisión a, al menos 15.000 usuarios en toda España, principalmente mediante el método denominado IPTV, a través de grupos cerrados en redes sociales.
El avance de las investigaciones, tras el análisis económico oportuno y numerosas vigilancias practicadas, permitió localizar en las ciudades de Salamanca y Zamora, a sus dos principales integrantes. A través de diversas gestiones, se pudo comprobar que el investigado en Salamanca administraba una página web que utilizaba para publicitar sus servicios ilegales y el segundo, desde su centro de operaciones radicado en Zamora, lideraba un grupo cerrado en una aplicación de mensajería. Posteriormente se logró identificar al resto de integrantes, los cuales de forma coordinada distribuían los contenidos ilegales audiovisuales y de televisión a miles de usuarios en España.
Se trata de la operación más importante de este tipo en Castilla y León y una de las más importantes realizadas hasta la fecha en España, ya que ha supuesto un golpe a la distribución ilegal de contenidos audiovisuales y de televisión en toda España a través de grupos cerrados en redes sociales, que dificultan sobremanera este tipo de investigaciones debido al anonimato que les confiere el uso de las mismas, anonimato que se acrecentaba por el hecho de que los principales investigados utilizaban identidades de terceras personas sin su conocimiento, para que aparecieran como titulares de los teléfonos y de cuentas abiertas en las entidades financieras que utilizaban.
Se intervinieron siete lingotes de oro y se desconectaron cerca de 6.000 usuarios
Los agentes intervinieron numerosos efectos entre los que destacan siete lingotes de oro de 20 gramos cada uno, casi 11.000 euros en efectivo, numeroso material informático y teléfonos móviles, y documentación acreditativa de los delitos investigados.
Durante los seis registros domiciliarios practicados en los domicilios de los investigados, se desconectaron a un total de 5.673 usuarios, se cerró su página web, se bloquearon diversas cuentas de pago por internet y otras plataformas de banca online que les servía para canalizar sus beneficios.
Por último se destaca que sólo el perjuicio patrimonial ocasionado en el último año a los titulares de los derechos asciende a la cantidad de unos 11.830.000 euros, habiéndose dejado de recaudar por la Hacienda Pública española unos 3.144.000 euros, con el consiguiente perjuicio para la sociedad en su conjunto.
Dos fases en la desarticulación de la organización
La desarticulación de la organización se realizó en dos fases: una primera fase el 11 de febrero del 2020 y una segunda fase el 10 de marzo del 2020, habiéndose terminado el análisis preliminar de la documentación y cuentas intervenidas recientemente.
La operación concluyó con la detención de los siete implicados, los cuales tras pasar a disposición de la autoridad judicial, quedaron en libertad con cargos.
