La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de cuatro meses de suspensión de empleo por una falta disciplinaria muy grave impuesta por el Ministerio de Defensa a un agente de la Guardia Civil destinado en Salamanca por gestionar una escuela canina mientras estaba de baja laboral por enfermedad y sin contar con la preceptiva autorización de compatibilidad.
Según la sentencia, a lo largo del año 2017, el expedientado vino ejerciendo la actividad privada de adiestrador o educador canino en la finca «La Manada», de la que era propietario, en el término municipal de Ciudad Rodrigo, con capacidad para 34 animales. Y lo hizo hallándose de baja médica para el servicio y tras haber sido desestimadas expresamente dos solicitudes de compatibilidad para ejercer dicha actividad.
La Sala considera que la actuación del agente, que con posterioridad a los hechos sí obtuvo la autorización para ejercer la actividad privada, «es menos disculpable por haberse producido hallándose de baja médica para el servicio y en función del dolo directo que impulsó su conducta, tras haber sido rechazadas dos solicitudes de autorización para compatibilizar igual actividad privada en las mismas instalaciones, con lo que se colocó conscientemente en situación antijurídica por contraria a la normativa reguladora del régimen de incompatibilidades aplicable a los miembros del cuerpo de la Guardia Civil».
