Casi un 60% de los empresarios de Castilla y León asume que destruirá empleo en 2021

Una encuesta de Cepyme junto a Cecale revela que más de un 5% de los empresarios ya asume que cerrará definitivamente y un 3,7% declarará concurso por insolvencia
empresarios autonomos empleo trabajo
Un centro de trabajo.

 

El 57,41 % de los empresarios de la Comunidad, asume que el número de empleados de sus empresas disminuirá en los próximos 12 meses, frente a un 42,59 % que cree que se podrá mantener, y ninguna estimación de creación de puestos.

 

ICAL. Así aparece recogido en una encuesta de Cepyme en colaboración con Cecale, en la que un 38,89 % de los que opinan que reducirán sus plantillas, aseguran que lo harán entre un 25 y un 50 %; mientras que un 27,78% recortarán entre el diez y el 25; y un 13,89 %, menos de un diez. Además, un 5,56 % reducirán sus empleos entre un 50 y un 75%; un 8,33 %, entre un 75 y un 100 %; y un 5,56 por ciento, acabará con todos.

Cabe destacar también en materia laboral, que los empresarios que aseguran haber adoptado un erte, indican en un 53,57 % de las respuestas que no podrán mantener en el empleo de su empresa dentro de seis meses; frente el 46,43 % que cree que si.

Impacto

La encuesta empresarial, a la que tuvo acceso Ical, indica que el 57,41% de los empresarios, asume que la crisis del coronavirus está afectando muy negativamente a su empresa; y un 38,89%, negativamente, frente a un 3,7 % que indica que nada.

Las preguntas formuladas por la patronal constatan asimismo, que el 25,93 % reconoce que sus ingresos han desaparecido (bajada del 100 %), junto a un 20,37 % que afirma que el volumen de los mismos ha descendido entre un 75 y un 100 %; un 27,78 % que sitúa la reducción entre un 50 y un 75%, un 16,67 %, que estima una merma entre el 25 y el 50 %; y un 9,26 %, con contracciones entre nada y el 25 %.

Infografía. ICAL.

La radiografía empresarial también indica que ese descenso del volumen de ingresos responde en un 46,3 % de las respuestas a la imposibilidad de llevar a cabo la actividad; en el mismo porcentaje, por la falta de demanda; en un 38,89%, por el cierre por obligación legal; y en un 20,37 %, a la falta de suministros.

El 53,7 % de los empresarios indica que la crisis del coronavirus habrá afectado negativamente a la viabilidad de su empresa dentro de un año; y un 35,19 %, muy negativamente; frente a un 11,11 % que dice que nada.

Medidas adoptadas

En cuanto a las medidas a las que se han visto obligados los empresarios de la Comunidad, por la pandemia, un 5,56 % de los empresarios de Castilla y León afirma que cerrará definitivamente; un 3,7 % ha reconvertido su negocio y otro porcentaje similar se ve obligado a declarar un concurso por insolvencia por la crisis del coronavirus.

Además, un 38,89 % apunta al teletrabajo; un 33,33 %, a la reducción o distribución de la jornada, y un porcentaje igual, a expedientes de regulación por fuerza mayor. Asimismo, un 31,48% señala como medidas adoptadas a los ertes por causas económicas, productivas, técnicas y organizativas; un 31,48 % asume una reducción de actividad; y un 22,22 %, el impago de proveedores, arrendamientos y suministros. Junto a estos, el 12,96 % apunta al cese temporal de la actividad; el 7,41 % a despidos procedentes y el 7,41%, a improcedentes.

Obligaciones y financiación

Las obligaciones de pago que preocupan más a los empresarios son los sueldos y salarios (75,93 %); impuestos (57,41 %); y la Seguridad Social (55,56 %), seguidos por los préstamos financieros (29,63 %); proveedores (22,22 %); arrendamientos inmobiliarios (18,52 %); suministros (16,67 %); y contratos rentig o leasing (5,56 %).

La encuesta pregunta si para hacer frente a esta situación han pedido o pedirán préstamos con avales del Estado, a lo que un 48,15 % responde que si, frente al 51,85%, que no. Entre los que responden de forma afirmativa, un 46,15% denuncia que la tramitación ha sido complicada y un 19,3% lamenta que no ha obtenido financiación.

El estudio refleja además que un 51,85 % entiende que su empresa requiere de una liquidez de entre el diez y el 20 % de su facturación anual para seguir adelante; un 27,78%, de más de 20 % de su negocio; y un 20,37 % menor del diez %.

Por otra parte, el 75,93 % responde acepta que su empresa sufrirá mayores niveles de morosidad en la situación actual; y un 75,93 % da por hecho que sufrirá consecuencias económicas y perderá clientes. El 83,33 % advierte de que si la crisis se prologa se pondrá en riesgo la supervivencia de su negocio.

Valoración Gobierno

Los empresarios no tiene una buena percepción de las medidas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. Un 45,24 %señala muy negativamente las medidas adoptadas con carácter general, y un 33,33 %, negativamente, frente al 11,9 % que no las valora nada y un 9,52 por ciento que las asume positivamente.

El 47,62 % considera muy negativo y un 38,1 %, negativo, el decreto que limita las causas del despido y la duración del despido, frente al 4,76 % que entiende que es positivo y un 2,38 % que lo considera muy positivo.

Por lo que se refiere a la paralización de todas las actividades no esenciales, el 42,5 % considera muy negativa la medida y un 25 %, negativa, frente al diez por ciento que la aceptó como positiva, y un 2,5 %, como muy positiva.

Las medidas que valoran los empresarios más positivamente sobre los avales para préstamos (40,74 %); moratoria de cuotas de la Seguridad Social (33,33 %); las medidas de flexibilización de ajustes temporales de actividad -ertes- (27,78 %); y simplificación de trámites de evaluación del teletrabajo (16,67 %); junto a las medidas de conciliación familiar (9,26 %); programas de financiación de equipamiento tecnológico (5,56 %; contratación pública y cobertura pymes exportadoras (3,7 % en ambos casos).

Demandas

En cuanto a las medidas adicionales que tomarían si la crisis se prolongase en el tiempo para garantizar su supervivencia, reclaman suspensión de obligaciones tributarias y cotizaciones sociales (61,11 %); ayudas directas a las pymes (57,41 %); reducción de cotizaciones a la Segudiad Social (51,85 %); reducción de carga impositiva a la empresa (42,59 %); pago inmediato de todas las deudas públicas a proveedores (38,89 %); y ampliación de plazo de ertes y préstamos sin coste para arrendamientos industriales (27,78 %, en ambas peticiones).

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