La Junta de Castilla y León convoca una nueva línea puntual de ayudas al alquiler para arrendatarios de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad que, como consecuencia del Covid-19, tengan dificultades transitorias para pagar la renta o para devolver las ayudas de financiación del Gobierno central. Para ello movilizará un total de 5,4 millones en una convocatoria que estará abierta hasta el 30 de septiembre.
ICAL. El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, compareció de forma telemática este sábado, junto a la titular de Sanidad, Verónica Casado, para presentar la nueva línea para inquilinos que se regulará en una orden que publicará el próximo jueves, 7 de mayo, el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).
En ese sentido, podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas arrendatarias que, como consecuencia del impacto económico y social del Covid–19, tengan problemas transitorios para atender al pago total o parcial del alquiler, o para hacer frente a la devolución total o parcial de los préstamos avalados por el Estado y ofrecidos por las entidades bancarias a las personas arrendatarias, sin gastos ni intereses para ellas, y que podrán ser devueltos en un plazo de seis años, prorrogables excepcionalmente por otros cuatro años.
Para poder solicitar estas ayudas las personas arrendatarias deberán reunir dos requisitos al mismo tiempo. Por un lado, haber sufrido desde el 14 de marzo una pérdida sustancial de ingresos por desempleo, ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo), reducción de jornada por motivos de cuidados, cese de actividad, u otras circunstancias similares, de manera que el conjunto de los ingresos netos de los miembros de la unidad familiar no alcance, en el mes anterior a la solicitud de la ayuda, tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) con carácter general.
Será de cuatro IPREM para las unidades familiares con algún miembro con discapacidad mayor o igual que 33 por ciento, dependencia o incapacidad permanente; o cinco IPREM para persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o discapacidad intelectual mayor o igual que 65 por ciento o enfermedad grave que incapacite a la persona o a su cuidador para realizar una actividad laboral (un IPREM son 537,84 euros).
El segundo requisito es que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, servicios de telecomunicación fija y móvil y comunidad de propietarios) resulte igual o superior al 35 por ciento de los ingresos netos de la unidad familiar.
También, los solicitantes tienen que estar al corriente de pago de la renta de tres últimas mensualidades inmediatamente anteriores a la solicitud (desde el inicio del contrato si este tiene una vigencia inferior).
Ayudas de hasta cuatro meses
La convocatoria establece una ayuda de hasta cuatro mensualidades de renta (entre abril y septiembre de 2020), hasta un máximo de 500 euros por mes, o hasta 2.000 euros en el supuesto de haber accedido a los microcréditos del Gobierno. Las ayudas tienen carácter finalista y no podrán aplicarse a otro destino que el pago de la renta del alquiler o la cancelación total o parcial de los préstamos citados.
Atendiendo a la exigencia de la regulación estatal, el procedimiento de concesión de las ayudas se realizará en régimen de adjudicación directa, por lo que su otorgamiento se efectuará por orden de presentación de solicitudes, desde que el expediente de solicitud esté completo. El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto desde el día que se determine en la orden de convocatoria que se publicará el jueves, hasta el 30 de septiembre de 2020.
Esta convocatoria la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se suma a la línea de ayudas ya aprobadas, por las que durante un máximo de cuatro meses se condona el 50 por ciento de la renta de alquiler de los inquilinos de viviendas propiedad de la Junta y se aplaza el pago del otro 50 por ciento, que se puede satisfacer prorrateado durante un máximo de tres años. Asimismo, se permite una moratoria en el pago de cuotas de compra para los adquirentes de viviendas propiedad de la Junta de Castilla y León durante un máximo de cuatro meses, siendo las cantidades aplazadas reestructurables durante un máximo de tres años.
También se ha ampliado el presupuesto para las ayudas ordinarias al alquiler en más de 3,4 millones de euros, para otorgarselas a las personas en listas de espera, con lo que las ayudas ascienden a 18,73 millones de euros.
