[dropcap]L[/dropcap]a aprobación de un Plan General de Ordenación Urbana es lo más importante que puede hacer una corporación municipal. Se trata de poner en marcha las reglas de juego urbanísticas que durante un largo periodo de tiempo se da una comunidad. En ese documento se decide lo que será el futuro, lo que queremos y cómo queremos que crezca la ciudad.
Salamanca había estado sometida a planes de urbanismo durante los más de 40 años de dictadura, y en 1979 se aplicaban de forma arbitraria. La superposición de los planes y normas llevaba muchas veces a interpretaciones subjetivas inevitables. Lo primero que hicimos fue aprobar unas normas urbanísticas que rigieran durante el tiempo que se demoraba la aprobación del nuevo plan. Los empresarios de la construcción y los poseedores de suelo estaban más a gusto con la incertidumbre anterior y les pareció muy mal que pusiéramos orden en el galimatías urbanístico. Impugnaron el acuerdo e interpusieron un recurso. La Audiencia Territorial de Valladolid nos dio la razón. Defendió brillantemente las razones del Ayuntamiento de Salamanca un amigo de la infancia, funcionario del Ayuntamiento, Tomás Ramón Fernández. Los constructores tuvieron un abogado de prestigio, el catedrático de derecho Enrique Rivero.
Los empresarios de la construcción y los poseedores de suelo estaban más a gusto con la incertidumbre anterior y les pareció muy mal que pusiéramos orden en el galimatías urbanístico
La última Corporación franquista, presidida hasta finales de 1978 por Pablo Beltrán de Heredia, había contratado el Plan General de Ordenación Urbana Comarcal. Con buen criterio abarcaba la ciudad y los municipios que la limitan para evitar desarrollos urbanísticos diferentes. Así se evitarían conflictos de intereses entre los ayuntamientos. No pudo ser. Las elecciones de 1979 dejaron prácticamente sola a la ciudad con un Ayuntamiento de izquierdas y el resto en manos de la UCD. Aparecieron dos conceptos distintos de entender el urbanismo y, sobre todo, dos formas de valorar el aprovechamiento urbanístico.
Abandonado el Plan General Comarcal, la Corporación municipal siguió trabajando con el grupo redactor que había contratado el Ayuntamiento anterior, los arquitectos urbanistas Mangada y Ferrán. Mangada se había integrado en las listas socialistas al Ayuntamiento de Madrid y había salido elegido concejal con el alcalde Enrique Tierno Galván, para sustituirle se nombró a Navazo, que trabajaba en su gabinete y que estaba al tanto del Plan General de Salamanca. Mangada, Ferrán y Navazo estaban considerados entre los mejores urbanistas del momento en España.
El grupo de Gobierno del Ayuntamiento éramos conscientes de la importancia de que la población se implicara en el PGOU, pero sabíamos de la complejidad para ser entendido. La nomenclatura empleada era tan farragosa que incluso los concejales tuvimos que dedicar bastante tiempo para enterarnos de qué iba la cosa.
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