Se puede decir más alto, pero no más claro

[dropcap]L[/dropcap]a ministra de Educación ha reiterado que no se va a cerrar ningún centro de educación especial y tampoco es cierto que se recoja en el Proyecto de Ley de educación.

Si el interés es crear polémicas y conflictos, sabiendo que se está mintiendo, y unido a esto se generan iniciativas en redes sociales sustentadas en medias verdades con argumentos farragosos y queriendo buscar en las personas de buena fe un apoyo a sus fines, me atrevo a decir que la irresponsabilidad de estos actores es muy grave e inaceptable.

La LOMCE, la ley actual, recoge en su artículo 74 lo siguiente: «La escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales solo se llevará a cabo en centros de educación especial cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios». ¿Qué dice este artículo y nadie se opuso a él, ni generó tanta polémica? Dice que solamente serán escolarizados en centros de Educación Especial aquellos niños y niñas que no puedan estar en la educación ordinaria.

Si leemos este artículo se puede pensar, si se quiere pensar mal y crear confusión, que va a primar la educación ordinaria por delante de los Centros de Educación Especial. Nadie lo pensó entonces, y mucho menos se puede pensar ahora que en la nueva propuesta de Ley de Educación que lleva en tramite casi dos años, el borrador recoge de forma literal que:  “El Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas desarrollará un plan para que en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas  y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad” y añade: “Las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de Educación Especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”

Claro y diáfano, tender a la inclusión no es contradictorio con no cerrar centros de educación especial. Aquí está la gran falacia que se quiere hacer creer con el único fin de confrontar y sobretodo generar mucha preocupación en las familias de niños y jóvenes. Este artículo no dice que en 10 años desaparecen los centros de Educación Especial. Por favor, basta ya de tergiversar las cosas y querer generar miedos innecesarios. Sí, la ministra ha repetido de forma clara y contundente que no se van a cerrar los Centros de Educación Especial, como no lo quieren hacer el resto de responsables de las Comunidades Autónomas con competencias en esta materia.

Siento mucha rabia ante este tipo de falsedades porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos ante un tema humanitario, y hablando de personas que necesitan toda la ayuda y la solidaridad por encima de todo

Otra falsedad es que esta nueva ley de educación se quiere aprobar durante la pandemia que estamos padeciendo “a escondidas”. El proyecto de Ley de Educación, cuya tramitación ha estado parada con la entrada en vigor del Estado de Alarma, lleva en el Congreso para su tramitación ya casi dos años. Es ahora cuando hace unas dos semanas el Parlamento español ha comenzado a poner en marcha los plazos para legislar todos los proyectos de ley pendientes, entre ellos este, no se está haciendo nada a escondidas, es otra falacia. Unido a ello, para buscar más confusión, se dice que el borrador no tiene presupuesto. Primero, es un borrador, las competencias en relación con los presupuestos no es del Gobierno de España sino de las CCAA, estamos en proceso de presentación de propuestas y enmiendas. ¿Qué está ocurriendo en relación con este asunto? ¿Por qué la campaña contra el Gobierno que no se sostiene ni por lo que dice la propia Ley y cuando la misma está en proceso de debate todavía?

Desde que hace dos años se presentó la propuesta de una nueva Ley educativa algunas asociaciones del sector llevaron a cabo campañas contra la “posibilidad de que se cerraran los centros de Educación Especial”, y se sigue en la actualidad intentando convencer a padres y madres de que se van a cerrar, a pesar de todo lo explicado y las palabras claras de la ministra, en el Pleno del Senado del día 5 de mayo, negándolo con mucha contundencia y rotundidad.

Es muy triste que este asunto esté generando un gravísimo conflicto y confusión entre los más afectados, que son los padres y madres de niñas y niños en estos Centros. Los parlamentarios del Partido Socialista de Salamanca estamos a disposición de todos ellos, conocemos esta preocupación, y desde aquí les hacemos saber que transmitiremos sus propuestas. La cuestión en este asunto no depende sólo del acuerdo político. Desde que se presentó el proyecto de Ley se ha puesto de manifiesto que no existía, ni existe, una unidad de acción entre las organizaciones y asociaciones que se ocupan de la discapacidad.

La estructura que en nuestro país presentan las asociaciones destinadas a trabajar con personas con discapacidad tiene en el CERMI el organismo más potente de representación donde están incorporadas la gran mayoría de las asociaciones que hay en España, con toda legitimidad, no han cesado de reclamar la necesidad de que se tiene por conseguir la plena inclusión de estos menores en la educación formal. También es cierto que Naciones Unidas ha remitido un mandato de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a España que supone una obligatoriedad en este sentido.  Pero pese a ello, somos muchos, entre ellos el Gobierno de España, quienes creemos que la educación especial es el modelo que permite mayor desarrollo en las personas con gran discapacidad y que da las herramientas para una mejor inclusión en la sociedad, lo que no es contradictorio con mejorar el sistema educativo ordinario para que, quienes quieran, tengan todos los medios para esa inclusión.

Por parte del Ministerio se han remitido cartas de la ministra al CERMI y a otras organizaciones como son la organización Plena Inclusión y a la Plataforma Educación inclusiva, Especial también (esta no forma parte del CERMI), donde se reitera la negativa al cierre de estos centros. No olvidemos también que existen profesionales fantásticos y muy capacitados en este tipo de educación especial que lejos de desaparecer deben seguir aumentando, y para ello se hace necesario una mayor financiación a estas organizaciones para tener más y mejores recursos humanos.

Estamos hablando de profesionales y también de familias vulnerables con graves problemas económicos para poder hacer frente al cuidado de sus hijos e hijas. Conozco mujeres, pues suelen ser ellas las principales que atienden a las personas con discapacidad, que necesitan todo el apoyo posible y ayudas que alivien esta tarea para que puedan seguir haciéndola y no enfermar. Estamos hablando de pequeñas asociaciones donde padres y madres llevan años luchando de forma incansable para poder lograr que hoy las cosas estén mejor en estos centros. Es indecente esta campaña de ataque al Gobierno con falsedades y con el impulso de algunas otras asociaciones del sector que lejos de trabajar en positivo están en otras cosas. Siento mucha rabia ante este tipo de falsedades porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos ante un tema humanitario, y hablando de personas que necesitan toda la ayuda y la solidaridad por encima de todo.

Elena Diego

Senadora del PSOE por Salamanca