El presidente del TSJCyL acusa al Gobierno de usar el estado de alarma para “fines distintos a salvar a la población»

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, acusó este jueves al Gobierno de estar utilizando el estado de alarma “para legislar extramuros de la necesidad que provoca la epidemia” y aseguró que además de la crisis sanitaria, también le preocupa mucho la crisis económica y la “política derivada de un Gobierno que está utilizando esta paralización del país para fines distintos que salvar a la población de la crisis del coronavirus”.

«De acuerdo con la Constitución, el estado de alarma permite al Gobierno restringir derechos, pero los españoles tenemos suspendidos algunos derechos fundamentales como la libertad ambulatoria», remarcó.

En una entrevista al programa de Onda Cero ‘Más de uno’, de Carlos Alsina, Concepción advirtió de que los escritos están inundando los órganos judiciales y van producir un colapso importante, por lo que reclamó que se reanude la actividad en los juzgados. Para el presidente del TSJ no tiene sentido “que las calles se hayan poblado de gente y los negocios y los juzgados no puedan funcionar al cien por cien”.

A su vez, explicó que solicitó las certificaciones de fallecimientos después de que desde los registros civiles se trasladara a los jueces las dificultades que tenían de tramitar las certificaciones de defunciones y porque no cuadraba la actividad con las cifras oficiales. En este sentido, explicó que en Castilla y León los datos que se manejaban de fallecidos entre marzo y abril no alcanzaban los 1.800, mientras que según las certificaciones solicitadas a los registros civiles del territorio, esta cifra es más del doble y asciende a 3.672.

A su vez, Concepción explicó las dificultades de tramitar la documentación por las pocas referencias a la causa de la muerte, dado las pocas pruebas de Covid-19 realizadas, pero frente a los 2.100 fallecidos de media durante marzo y abril de los años 2019 y 2020, ahora se ha pasado a 8.600.

“Frente a la magnitud de la desgracia, tenemos derecho a saber la verdad. Se lo debemos a los españoles”, afirmó Concepción, a la vez que recalcó que su objetivo es “colaborar desde la lealtad institucional con el Gobierno, por si no tienen estos datos. Así, conociendo la verdad, puede poner remedio a la tragedia que estamos viviendo”.

Con respecto a la actividad judicial, también consideró contradictorio que desde hace tres semanas se permita a los profesionales del derecho a que presenten escritos, mientras las plantillas judiciales siguen bajo mínimo y las actuaciones judiciales suspendidas. “No sé como nombrarlo, si estado de alarma o estado de excepción lo que padecemos los españoles desde hace dos meses”, afirmó.

Además, recalcó que la petición del TSJ  es la adecuación a la realidad de los medios en los juzgados, “para que se nos permitan dar respuesta a las demandas de los ciudadanos”.