Rubén Illera, portavoz socialista en la Comisión de Discapacidad constituida este lunes en las Cortes de Castilla y León, denunció en su intervención las grandes carencias del modelo de atención residencial de la Junta. “Si el Tribunal Superior de Justicia no hubiera tumbado en dos ocasiones el “esperpéntico” Decreto de regulación de los Centros residenciales con el que la Junta pretendida eliminar el personal sanitario, los usuarios de estas residencias habrían estado totalmente desprovistos de cuidados y atenciones porque el gobierno autonómico decidió anteponer los criterios económicos al bienestar de estos colectivos “, afirmó.
Tras la comparecencia del director general de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia, el representante socialista puso de manifiesto la inactividad de la Junta en materia de atención a personas con discapacidad durante el estado de alarma. “La Junta no ha llevado a cabo nada reseñable para apoyar a uno de los colectivos más vulnerables y perjudicados en esta pandemia”, ha dicho.
En esta línea, denunció que, en materia de discapacidad, el gobierno autonómico se ha dedicado a recibir el fondo de 300 millones de euros del Estado y distribuirlo entre las entidades locales “como si de una gestoría se tratara” y se preguntó “cuándo va a proporcionar la Junta los fondos económicos extraordinarios para afrontar la pandemia que le han solicitado los representantes de las entidades sociales de discapacidad”.
“La Junta no ha hecho nada que no estuviera previsto realizar antes de la llegada de esta terrible crisis”, ha reprochado, a la vez que pidió información acerca de la cuantía del crédito extraordinario destinado a la realización y ejecución de medidas extraordinarias en beneficio de las personas con discapacidad.
En este sentido, calificó de gravísimo que las personas con discapacidad hayan visto interrumpidas sus terapias durante tanto tiempo y pidió respuestas acerca de sí se van a abrir durante julio y agosto los centros de educación especial para recuperar dichos tratamientos y, tras poner de manifiesto que cerca de 30.000 niños y niñas de los centros base de Castilla y León con edades entre los 0 y 3 años se han quedado sin poder recibir terapias de atención temprana, pidió a la Junta que aclare si el servicio rural y del centro base se va a reanudar y en qué condiciones de seguridad.
A lo largo de su intervención, Illera calificó de “misión imposible” conocer la incidencia de la pandemia en los centros residenciales y viviendas tuteladas de personas mayores dado que los datos que la Junta ofrece no están desagregados, no diferencia los centros y viviendas de personas mayores respecto a los de personas con discapacidad, los datos publicados sobre número de personas con discapacidad y servicios prestados por el centro base, etc., llevan dos años sin actualizarse.
“Necesitamos conocer la realidad para responder a las necesidades”, advirtió, para pedir a la Junta que ofrezca los datos sobre centros y viviendas tuteladas de personas con discapacidad, los centros que han solicitado el auxilio o su intervención, los apoyos ofrecidos o el material de protección individual comprado y distribuido defectuoso que ha ido a parar a los profesiones de estos centros, y que responda también acerca de si en junio se van a abrir o no los centros con las mínimas protecciones de seguridad exigibles para la atención a las personas mayores y personas con discapacidad. Para concluir, el portavoz socialista solicitó que se aclare por qué a estas alturas no se han realizado la prueba de detención del covid-19 a todos los usuarios y profesionales de estos centros
