[dropcap]A[/dropcap]lrededor de 4.500 muertos desde el 1 de marzo. Este es el lúgubre balance de vidas humanas que se ha cobrado hasta el momento el Covid-19 en Castilla y León. Es la cifra resultante de sumar los datos fragmentados que viene ofreciendo la Junta, a esta fecha los siguientes: 1.983 decesos registrados en los hospitales, 1.710 en las residencias de ancianos (682 de ellos con diagnóstico confirmado y otros 1.028 con síntomas compatibles) y 763 fallecidos en sus domicilios particulares. Una cifra que por lo demás cuadra perfectamente con los datos del Registro Civil, a la postre los más fiables y según los cuales entre el 1 de marzo y el 30 de abril el número de fallecimientos se disparó en Castilla y León hasta los 8.633, casi 4.000 más de la media (4.647) registrada en el mismo periodo de los tres años anteriores.
Se comprende así que, consciente de semejante calamidad, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, propusiera en las Cortes el pasado 24 de abril la creación de un grupo de trabajo para diseñar un nuevo modelo de atención en las residencias de ancianos. Y ello explica que cuatro días después, fecha en la que la Junta contabilizaba la muerte de 2.269 usuarios de estos centros, la consejera de Familia, Isabel Blanco, pidiera públicamente disculpas por las posibles decisiones “no acertadas” para contener semejante mortandad. Puesto que 845 de los fallecidos en los hospitales habían sido ingresados desde las residencias de ancianos, son 2.555 los residentes en estos centros que han perdido la vida a causa de la pandemia (el 57 por ciento del total de víctimas mortales en esta comunidad).
Atrapados en las residencias.- Por más que se intente relativizar el desastre, los datos de la propia Junta localizan en las residencias de ancianos, tanto privadas como públicas, un gigantesco cráter de contagio y letalidad del Covid-19. Cabe explicar el alto grado de contagio al tratarse de centros comunitarios en los que convive la población más vulnerable. Pero tamaña mortandad no puede disociarse de la calidad de la asistencia sanitaria recibida por los ancianos contagiados.
Y en este punto donde la gestión de la Junta resulta no ya discutible o negligente sino directamente tenebrosa tras desvelarse que en pleno pico de la pandemia las gerencias regionales de Salud (Sanidad) y de Servicios Sociales (Familia) cursaron instrucciones conjuntas cerrando el acceso a los hospitales de enfermos procedentes de las residencias de ancianos.
Descubierta tan opaca actuación –para mayor inri amparada por una presunta Comisión de Bioética cuya composición se desconoce- la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha tratado de hacernos creer que los ancianos afectados no han sufrido ninguna discriminación, ya que habrían sido objeto en las propias residencias de una “hospitalización a domicilio” (sic) equivalente al tratamiento que hubieran recibido en un hospital. En realidad, según la consejera, la medida se tomó en propio beneficio de los ancianos: “Las personas mayores con fiebre tienen tendencia a desorientarse, y decidimos hacer en las residencias lo mismo que en los hospitales”, ha llegado a afirmar Casado. Así se pone de manifiesto en los documentos publicados por diario.es donde se dice negro sobre blanco (nunca mejor dicho ya que se subraya con negritas) “se atenderá a los residentes sin necesidad de movilizarlos ni derivarlos al hospital”. Esa instrucción comenzó a aplicarse en la última semana de marzo y se mantuvo como mínimo hasta el 16 de abril, fecha de un segundo documento cursado por ambos gerentes, Manuel Mitadiel y Carlos Raúl de Pablos, en el que se acompañaba dicha norma con el adverbio “preferentemente”.
¿Se habilitaron acaso en las residencias de ancianos respiradores similares a los existentes en las UCI? No consta. Y a partir de ahí flota la pregunta: ¿Cuántas decenas o centenares de residentes en estos centros hubieran salvado la vida de haber sido ingresados en los hospitales al igual que el resto de la población contagiada?
Mañueco acelera por su cuenta la desescalada.- Al propio tiempo, la consejera y el vicepresidente se han visto obligados a corregir bruscamente los criterios sanitarios y epidemiológicos que ellos mismos se habían impuesto para adaptarlos a la posición política fijada por el presidente Mañueco, quien el 17 de mayo sorprendió a propios y extraños anunciando por su cuenta que las nueve provincias de la comunidad pasarían de golpe a la fase 1 de la desescalada a partir del lunes 25. Con ello desbarataba de un plumazo el plan arbitrado por la consejería de Sanidad, según el cual la unidad territorial para la desescalada eran las zonas y áreas básicas de salud, lo que, unido a unas estrictas exigencias epidemiológicas, imprimía una gran ralentización del proceso, amén de conducir a una disparatada parcelación geográfica imposible de gestionar. La pregunta atormenta especialmente a los familiares de los ancianos fallecidos en las residencias durante esas tres fatídicas semanas, que no a la consejera Casado, quien lejos de verter una sola lágrima por ellos, se ha reafirmado en que haría “una y mil veces” lo mismo. Y no solo eso, sino que, junto al vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, se permitía calificar de “capciosa” y “sesgada” la documentada información de diario.es “La consejera ha dicho que lo haría mil veces y yo lo firmaría mil veces”, afirmó el vicepresidente, subrayando su conocido papel de mentor político y “primo de Zumosol” de la titular de la consejería de Sanidad. Ambos se mostraban indignados y se ponían poco menos que estupendos defendiendo la gestión sanitaria de la Junta ante la pandemia.
Mientras el vicepresidente guardaba un espeso silencio sobre el golpe de timón decidido por Mañueco, la consejera confesaba públicamente la “incomodidad” ante un anuncio sobre el que obviamente no había sido consultada. “No he mentido nunca y no voy a hacerlo ahora”, aseguraba Casado, cuyas medias verdades y manifestaciones incompatibles con la razón han jalonado toda su gestión durante la pandemia. (Sirva como ejemplo cuando atribuyó a causas naturales 10 de las 11 primeras defunciones registradas en la residencia “Los Royales”, de Soria, centro titularidad de la Junta, en la que 99 de sus 134 residentes han resultado contagiados, con un total de 39 fallecimientos).Un día antes de que Mañueco se pasara por el forro los requisitos defendidos por Igea y Casado, el secretario del comité de expertos constituido para asesorar a la Junta sobre el Covid-19, Ignacio Rosell, afirmaba que ninguna de las nueve capitales de provincia estaba cerca de cumplir los criterios. De hecho, de haberse mantenido los mismos, ninguna de ellas habría accedido hoy a la fase 1.
Y Tudanca se borra de hacer oposición.- Con más de 2.555 muertos desde el 1 de marzo y conocidas las instrucciones sanitarias impartidas por la Junta, iría de suyo que, como ya ha sucedido en Cataluña, la oposición estuviera exigiendo una comisión parlamentaria de investigación sobre lo ocurrido en las residencias de ancianos, algunas de las cuales ya están siendo investigadas por la Fiscalía.
Pero he aquí en que nos encontramos que el PSOE de Luis Tudanca, en aplicación de una mal entendida lealtad institucional, ha decidido borrarse de hacer oposición y mirar para otro lado no solo ante las negligencias (no se olvide por ejemplo la compra y distribución de mascarillas ful) sino también ante eventuales actuaciones, como mínimo gravemente temerarias, perpetradas por el gobierno Mañueco.De paso, más allá ya del ámbito de las residencias, habría que esclarecer la presumible discriminación de los enfermos por razones de edad, práctica que de hecho se asume en uno de los informes del fantasmal Comité de Bioética y de la que resultó palmaria víctima Dolores, quien, según han denunciado sus familiares, falleció después de que el Hospital General de Segovia se negara a ingresarla en la UCI por el mero hecho de tener más de 75 años.
El hecho de que la Junta y los socialistas se hayan comprometido a negociar un pacto para la reconstrucción económica y social de Castilla y León no puede ser en ningún caso a costa de renunciar al ejercicio de una oposición útil, constructiva y responsable, so pena, claro está, de incurrir en deslealtad, pero no hacia el gobierno autonómico, sino hacia la ciudadanía. Flaco favor se hace Tudanca a sí mismo, a su partido y a la credibilidad de las propias instituciones al abdicar de la primera obligación democrática que le corresponde en tanto que líder de la oposición.
