El Consejo de Ministros dio luz verde este viernes al Ingreso Mínimo Vital que entrará en vigor el próximo 1 de junio y beneficiará a unos 850.000 hogares y a más de dos millones de personas.
El Ejecutivo cumple así su compromiso de sacar adelante la nueva ayuda en mayo y de empezar a implantarla en junio. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones junto al de Derechos Sociales y Agenda 2030 se ha ocupado de su diseño y se encargará de su gestión, a través de la Seguridad Social.
En rueda de prensa, el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, calificó el ingreso mínimo de «conquista social y democrática» que «permitirá a millones de compatriotas afrontar su vida con un mínimo de dignidad».
Según explicó, se trata de una prestación no contributiva de la Seguridad Social que beneficiará a unos 850.000 hogares y a cerca de 2,3 millones de personas. De estos, el 30 por ciento son menores. Es decir, 690.000 niños resultarán beneficiados. Sin embargo, no es en absoluto una Renta Mínima Universal, puesto que exige una serie de requisitos para acceder a ella.
Derecho subjetivo
Iglesias destacó que el IMV «se constituye como derecho subjetivo de la ciudadanía», ya que todo aquel que cumpla los requisitos «puede disfrutar» de dicha ayuda.
Parte del concepto de ‘renta garantizada’, que se ha estimado en 462 euros para un adulto solo y que se elevará hasta los 1.015 euros como máximo, en función de los miembros del hogar. La ayuda contempla un aumento de 139 euros por cada conviviente, así como un suplemento de 100 euros al año para las familias monoparentales.
La Seguridad Social abonará al beneficiario la diferencia entre dicha ‘renta garantizada’ y sus ingresos efectivos, puesto que esta prestación sí será compatible con sueldos bajos y otras prestaciones sociales.
De este modo, «se evita el efecto ‘trampa de la pobreza», por el que «la gente se ve forzada a elegir entre cobrar un sueldo muy bajo o una ayuda social», subrayó Iglesias.
A modo de ejemplo, el vicepresidente expuso el caso de una persona que vive sola que tiene unos ingresos precarios de 200 euros, a la que «se compensaría hasta alcanzar los 462 euros establecidos como Ingreso Mínimo Vital». Si no ganase nada, se le abonarían los 462 euros.
En el caso de una pareja con dos hijos, indicó que les correspondería 887 euros y si, por ejemplo, ya estuvieran cobrando 300, cobrarían otros 587.
La prestación podrá solicitarse desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre con carácter retroactivo, aplicable desde el 1 de junio, que es cuando entra en vigor.
Podrán optar a ella todas las personas entre 23 y 65 años, o desde los 18 si tienen menores a cargo que residan en España desde hace más de un año. Se regirá por “el nivel de ingresos y de patrimonio exclusivamente” descontando la vivienda habitual, y se concederá de oficio para todos los que ya están cobrando prestaciones por hijo a cargo. De este modo, unas 100.000 familias pueden empezar a percibirla de inmediato.
Romper la pobreza
Por su parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se refirió a la nueva ayuda como «un instrumento muy poderoso y eficaz» para combatir la pobreza, sobre todo la pobreza infantil.
Según sus estimaciones, el IMV permitirá salir de la pobreza extrema a 1,6 millones de personas, mientras que 700.000 abandonarán situaciones de pobreza alta y moderada. Calculó también que la renta mínima garantizada al año para una persona rondará los 10.600 euros, por lo que la prestación asociada a esta ayuda supondrá, de media, 4.400 euros al año. En total, el IMV representará un gasto de 3.000 millones de euros anuales cuando esté a pleno rendimiento.
País Vasco y Navarra se ocuparán de su gestión, ya que recaudan sus propios impuestos, mientras que en el resto del territorio dependerá de la Seguridad Social y se financiará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
La intención del Gobierno es que los servicios sociales, ayuntamientos y organizaciones del Tercer Sector participen en la gestión de estas ayudas, a fin de «llegar al máximo número de familias posible». Por su parte, las comunidades autónomas pueden decidir complementar las cuantías o bien aumentar el número de beneficiarios.
Solicitud y seguimiento
El ministro Escrivá destacó el esfuerzo realizado para «simplificar al máximo el proceso de solicitud» de la nueva ayuda, al que se podrá acceder desde la web de la Seguridad Social de forma electrónica, «mediante un asistente personal».
En principio, a la nueva prestación podrán acceder las personas que en su Declaración de la Renta de 2019 acrediten no llegar a la Renta Mínima Garantizada. Sin embargo, aquellas que hayan visto caer sus ingresos más de un 50% en 2020, podrán solicitarla aportando una Declaración Responsable, explicó Escrivá.
La ayuda requiere acreditar un año mínimo de permanencia en España, aunque existen excepciones para las víctimas de trata, de violencia de género y para los solicitantes de asilo.
Finalmente, Escrivá destacó que «evaluaremos su éxito en función de la mejora social que logren los hogares beneficiados». Como, a veces, será en forma de inserción laboral, el IMV incluye itinerarios especiales, pero otras tendrá que ver con el éxito educativo de los hijos o con aspectos sanitarios. «Habrá todo un sistema de rastreo y seguimiento», avanzó.
La portavoz del ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, declaró que «hemos creado un nuevo derecho de ciudadanía” porque con este ingreso mínimo hay “un antes y un después en la lucha contra la pobreza extrema, sobre todo la infantil”.
Dijo que, de esta forma, todas las personas podrán desarrollar su proyecto vital “con la dignidad que todo ser humano merece”. “Sabemos lo que el país necesita, que es dar respuesta inmediata a los problemas que surgen, a los endémicos» y a aquellas iniciativas que teníamos previsto desarrollar en esta legislatura», indicó Montero.
Iglesias destacó el «avance democrático» que supone, porque «no hay libertad si no se puede llegar a fin de mes».
[box type=»shadow» align=»aligncenter» class=»» width=»550″]Tudanca espera que la Junta no elimine la renta garantizada para que lo pague todo el Estado
El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, calificó este viernes de “histórica” la aprobación por el Consejo de Ministros del Ingreso Mínimo Vital, que va a beneficiar a 850.000 familias, pero pidió a la Junta que esta prestación no sirva para que se ahorre los 70 millones que destina a la Renta Garantizada de Ciudadanía en la Comunidad.
Durante una rueda de prensa por videoconferencia, Tudanca subrayó que se trata de una “buena noticia para que nadie se quede atrás” ante los efectos económicos y sociales generados por la pandemia del COVID-19 y defendió también que este tipo de medidas sirvan para fortalecer los servicios públicos.
“La Junta no puede aprovechar el ahorro en la renta de ciudadanía para detraer recursos públicos”, advirtió el líder socialista, que pidió una negociación entre el Ejecutivo autonómico, el central y los agentes sociales ya sea a través de una compensación o una compatibilidad entre ambas pero siempre con el objetivo de no perder recursos disponibles que van a necesitar las familias.
Por ello, manifestó que los 70 millones que se destinan en los presupuestos autonómicos a la renta de ciudadanía se deben mantener ya sea en el plano de compensar el ingreso vital del Gobierno o para todo el apartado de la protección social, si bien añadió que la forma estaría sujeta a la negociación entre las partes.[/box]
