[dropcap]N[/dropcap]ada hacía sospechar que en una coyuntura laboral tan crítica, con cerca de 34.000 ERTEs presentados ante la Administración Autonómica, el consejero de Empleo e Industria de la Junta fuera a tirar la toalla. Y menos tratándose de alguien que venía ejerciendo el cargo con solvencia y en sintonía con la patronal y los sindicatos.
Pero la resistencia humana tiene un límite y el de Germán Barrios se agotó el lunes 25 de mayo, cuando, hastiado de soportar las zancadillas, injerencias y ninguneos del vicepresidente Francisco Igea, se plantó en el despacho de Alfonso Fernández Mañueco para presentarle la dimisión, que por cierto el presidente aceptó de inmediato sin pedirle que reconsiderara dicha renuncia.
La primera jugada del vicepresidente para atar corto a Barrios fue colocarle como viceconsejero a uno de sus incondicionales, el abulense David Martín, que, a modo de comisario político, venía dedicándose a interferir y socavar la labor del consejero dimisionario, de lo que pueden dar fe los agentes sociales.Estallaba así de forma inopinada una inoportuna crisis provocada por el patológico afán de poder de Igea, quien, desde que accedió a la vicepresidencia de la Junta, se atribuyó el derecho de convertir en meros vicarios suyos a los demás consejeros nombrados a propuesta de Ciudadanos. Los de Sanidad y Cultura, Verónica Casado y Javier Ortega, asumieron sin problema tan subalterno papel, pero no así Germán Barrios, llegado al cargo sin tener que agradecer su padrinazgo.
Paralelamente, el propio Igea se ocupaba de torpedear a conciencia el Diálogo Social (recuérdense sus provocadoras declaraciones en vísperas de la huelga convocada para exigir el restablecimiento de la jornada de 35 horas) y de ningunear todo lo posible al consejero de Empleo, quien, siendo entonces el consejero competente en materia de Ordenación del Territorio, no fue consultado ni informado de la controvertida reforma de la atención primaria impulsada por la consejera de Sanidad.
Impúdico cambalache interno en Ciudadanos.- Dimitido Barrios, lo razonable es que el episodio se hubiera resuelto nombrando sin más a otro consejero/a propuesto/a por Ciudadanos sin tocar el equipo de una consejería fundamental para gestionar la crisis del Covid-19. Y es aquí donde hemos asistido a una obscena disputa de poder entre el insaciable Igea y la dirección nacional del partido.
Después de haber provocado el incendio, el pirómano vicepresidente pretendía encima colocar como nuevo consejero a su principal cómplice en la tarea de prenderlo, el mencionado David Martín. Y ahí ha sido donde Inés Arrimadas ha patrocinado una componenda interna que ha zanjado el conflicto aparentemente sin vencedores ni vencidos. La dirección nacional de Ciudadanos ha permitido que el vicepresidente pase a controlar a sus anchas la consejería de Empleo e Industria, eso sí, a cambio de perder toda su influencia sobre el grupo parlamentario naranja en las Cortes.
El hecho es que tras el referido cambalache Igea pastorea a su antojo toda la representación de Cs en la Junta, mientras que el sector oficialista controla su representación parlamentaria, en la que los críticos quedan reducidos a la mínima expresión, ya que a su vez otro afín al vicepresidente, el palentino Juan Pablo Izquierdo ha desembarcado en una de las direcciones generales de la consejería de Empleo. (Tras la salida de Amigo e Izquierdo, tan solo la secretaria tercera de la Mesa, Marta Sanz Gilmartín, y la procuradora abulense Inmaculada Gómez, siguen guardando cierta fidelidad a Igea).El apaño ha pasado por nombrar consejera a la más connotada de las igeistas, Ana Carlota Amigo, quien al asumir el cargo ha renunciado a su escaño de procuradora y a la portavocía del grupo parlamentario, que pasa a manos de un fiel a Arrimadas, presumiblemente el salmantino, David Castaño, hasta ahora portavoz adjunto. “La suerte que he tenido es que yo he conciliado las dos facciones del partido” ha dicho con su habitual clarividencia Ana Carlota, quien obviamente desconoce lo que el diccionario de la RAE define como facción.
Consejería tomada a saco.- Naturalmente, el vicepresidente y los suyos han entrado a saco en la consejería de Empleo e Industria, al punto de que, antes de que tomara posesión su nueva titular, ya aparecían en el Bocyl los ceses y nombramientos de cuatro de los otros siete altos cargos de su organigrama. Tres significados miembros del sector crítico de Ciudadanos acceden a otras tantas direcciones generales: el citado Izquierdo es el nuevo director general de Economía Social, el concejal abulense Alberto Burgos se hace cargo de la de Industria y el efímero diputado zamorano José Antonio Bartolomé es el nuevo titular de la de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales.
Con ello, la cofradía de altos cargos y asesores nombrados por o a instancias de Igea sobrepasa ya el medio centenar. Y todavía tenemos que oír al personaje afirmar sin ningún rubor que la crisis originada por la dimisión de Barrios se ha resuelto en función del “interés general” y no de “las cuitas internas” de partido… ¡Este era el paladín de la «regeneración democrática» que iba a erradicar el «clientelismo político» en la Junta…!El nombramiento de este último merece capítulo aparte, ya que, tras perder su escaño del Congreso en las últimas elecciones generales, fue apadrinado por Igea para cubrir la vacante al frente del Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA), topándose con el veto de UGT y CCOO. Y ahora los sindicatos se lo tienen que tragar como director general de Trabajo. La purga se ha completado con el relevo en la secretaria general, de la que se hace cargo Ruth Valderrama, una ex liberada sindical de CSIF que ejercía ahora como asesora del viceconsejero.
Residencias de ancianos, un carpetazo político inadmisible.- Entretanto, frente al intento de dar carpetazo a lo ocurrido en las residencias de ancianos de Castilla y León, donde según datos oficiales de la Junta la pandemia se ha cobrado 2.568 vidas (1.466 con diagnóstico confirmado y otros 1.102 con síntomas compatibles), la exigencia de responsabilidades judiciales y políticas se va abriendo camino.
Mientras en Madrid la asociación “Marea de Residencias” ha presentado una querella contra la presidenta Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad y los responsables de distintos centros geriátricos por presuntos delitos de denegación de auxilio, trato vejatorio y homicidio imprudente, en nuestra comunidad está dando sus primeros pasos una Plataforma de Afectados (afectadosresidenciascyl@gmail.com) que se propone colaborar “a dilucidar responsabilidades jurídicas, profesionales e institucionales por la nefasta gestión de la pandemia del Covid-19 en las residencias de Castilla y León”. Los promotores de esta plataforma consideran que la mortalidad registrada en estos centros constituye “una tragedia que se podría haber evitado” y exigen que se aclaren “las decisiones y órdenes adoptadas individual o colectivamente” por los órganos competentes de la Junta.
Esa iniciativa de Podemos pone en un brete al grupo socialista, que se ha venido inhibiendo sobre la hecatombe de las residencias, sin manifestarse siquiera sobre las instrucciones cursadas por la Junta en pleno pico de la pandemia, a partir de las cuales los residentes contagiados dejaron de ser trasladados a los centros hospitalarios (ello explica sin duda el hecho de que del total de los 2.568 fallecidos, 1.716 hayan muerto en las propias residencias y solo 852 en los hospitales).Tras la aparición de esta plataforma, el coordinador y portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Fernández, se ha puesto las pilas y ha anunciado su propósito de buscar apoyos dentro de las Cortes para solicitar una comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias. Fernández, que califica de “gravísima y dantesca” la situación vivida en estos centros, considera que han de depurarse responsabilidades y corregir errores.
Por si no se ha enterado Luis Tudanca, en la Asamblea de Madrid ha sido su homólogo Ángel Gabilondo el que ha promovido, con el apoyo de Mas Madrid y Unidas Podemos, la creación de una comisión de investigación exactamente para el mismo fin.
“La situación ha sido extremadamente grave, con consecuencias terribles, y es fundamental que se aclaren las responsabilidades”, ha dicho Gabilondo. Esa misma situación es calcada a la que se ha dado en Castilla y León, donde la fiscalía del Tribunal Superior y las fiscalías provinciales mantienen abiertas más de 20 diligencias penales en relación con diversas denuncias individuales y colectivas, alguna de ellas por presunta omisión de asistencia sanitaria.
