Con la que está cayendo, ha chirriado, y no era para menos, el boato con el que ha tomado posesión la flamante consejera de Industria y Empleo, la amiga Ana Carlota, que lució sus mejores galas en el aparatoso escenario montado al efecto en los jardínes del Colegio de la Asunción. El reportaje fotográfico del evento, con el gobierno bipartito y los invitados departiendo en alegre camaradería, se comenta por sí solo, aunque “El topillo” se queda con la imagen del presidente Fernández Mañueco sin mascarilla y dándose el codo con la exultante consejera…
“En este país hay decretado un luto oficial por las víctimas del Covid 19, pero a la JCyL , con su presidente a la cabeza, solo se le ocurre montar esta sarao para una toma de posesión”, escribía en Twitter la procuradora Patricia Gómez Urban, secretaria del grupo parlamentario socialista.
La falta, no ya de empatía, sino de una mínima sensibilidad, de las principales instituciones autonómicas hacia las víctimas directas e indirectas de la pandemia ha sido por momentos “osténtorea”, que diría el malogrado Gíl y Gíl. Las Cortes tampoco han dado el mejor ejemplo, especialmente en sus dos últimas sesiones plenarias, celebradas con el hemiciclo abierto a todos los procuradores, incumpliendo las recomendaciones efectuadas al respecto por la consejería de Sanidad.
Puesto que en dichas sesiones no estaba prevista ninguna votación, no era imprescindible la asistencia de todos aquellos procuradores que no iban a hacer uso de la palabra, todos los cuales podían y debían haber seguido la sesión telemáticamente desde sus domicilios. Pero, claro, en ese caso los no “liberados” no habrían devengado la dieta de 220 euros/día que perciben por asistencia a comisión o pleno parlamentario.
El más beligerante sobre el particular ha sido el líder y procurador de Podemos, Pablo Fernández, que ha llegado a relacionar la masiva asistencia al “ansia de meterse en la buchaca la dieta”. Bien es verdad que a Fernández el asunto no le afecta personalmente, ya que, en su condición de portavoz del grupo mixto, percibe su retribución fija de 73.211 € anuales complementada con otros 1.800 mensuales en concepto de “indemnización”.
Podemos y Ciudadanos propusieron a primeros de abril que los 22 procuradores receptores de tan peculiar “indemnización” (10 por dicha cuantía otros 12 de 1.440 €) renunciaran a la misma mientras se mantuviese el estado de alarma. PP y PSOE se mostraron de acuerdo, pero esta es la fecha sin que la Mesa de las Cortes haya concretado la fórmula de hacer efectiva dicha renuncia. Y han pasado ya dos meses.
