Desde la FeSP-UGT se pide que la Junta de Castilla y León estudie otras líneas destinadas a reforzar los centros residenciales para mejorar la atención residencial y que desaconseje a las empresas del sector sociosanitario que no es el momento de solicitar los expedientes de regulación temporales de empleo (ERTEs)
La lógica que prima es reforzar la atención residencial ante posibles rebrotes, ahí no entra bajo ningún concepto el planteamiento reducir plantillas, el momento es distinto, hay que amparar a las personas mayores y proteger a quienes les cuidan, «una obligación de la Administración Pública, que no debe eludir sus responsabilidades», explican desde FeSP-UGT.
La pandemia ha puesto de manifiesto los límites del sistema residencial, que no ha sido capaz de dar respuesta a las necesidades de las personas mayores y menos aún de dar un trato digno a las personas dependientes. «La Junta de Castilla y León diseñó el modelo residencial más centrado en los beneficios empresariales como ha quedado puesto de manifiesto, que en vigilar y controlar la gestión del modelo residencial para amparar a las personas mayores y proteger a quienes les cuidan», puntualizan desde el sindicato.
UGT considera que hay que poner el foco en las empresas privadas del sector, que con la bajada de usuarios por fallecimiento y por bajas del servicio por miedo al contagio, «están solicitando ERTEs para reducir plantillas sin tener en cuenta que ya estaban infradotadas de personal y reducidas aún más por las bajas laborales por contagio de la covi9d-19″.
El sindicato recuerda que la falta de profesionales, es decir las ratios de plantilla para dar una atención de calidad, ha sido uno de los motivos por los que el coronavirus se ha cebado con las residencias en la Comunidad de Castilla y León para la expansión del virus. Así como se ha puesto de manifiesto el evidente fracaso del modelo residencial y su coordinación con el sistema sanitario.
UGT muestra su preocupación ante las necesidades que crea la desescalada y como se pretende transformar el escenario al que nos enfrentamos. «No compartimos que para abordar el momento que vivimos transformador de cambio se pretendan solicitar ERTEs en un momento que hay que dar calidad en el servicio asistencial y en consecuencia garantías de dignidad en las condiciones de empleo. Tenemos que ser conscientes que el trato deshumanizado es debido a la falta de profesionales, y el déficit de financiación generado en años anteriores por la Junta de Castilla y León».
Desde el sindicato esgrimen que las empresas no estén a la altura de las circunstancias y hagan uso de la herramienta habilitada por el Gobierno del Estado para la reducción de plantillas y no aprovechen para
mejorar las ratios y transformar el modelo residencial, evidencia y pone de relieve, que lo principal es el beneficio empresarial, y que la calidad de los centros y su personal es secundario para un sector que factura en torno a un 3% del P.I.B. en Castilla y León.
Con los ERTEs se garantizan parcialmente los salarios de las plantillas de las empresas por cuenta ajena y la vuelta al trabajo, una vez concluya la situación excepcional. Pero ésta “no es la solución para las trabajadoras que se han dejado la piel por cuidar a los mayores” en una actividad que se considera esencial. Las responsables sindicales alertan de que disminuir personal incrementa más el riesgo de contagio entre los residentes.
«Hay que recordar que en estos centros residenciales se trabaja con personas dependientes, que tienen algún tipo de demencia o no tienen su capacidad cognitiva completa y esta situación sobrecarga a los profesionales y hacen muy difícil el trabajo, pues no son conscientes de cumplir las normas, por tanto, se requiere que estén supervisados, en todo momento, por el personal para que se lleve a cabo la medida», puntualizan.
Por otro lado, «no debemos olvidar la importancia de la limpieza y desinfección de las zonas comunes que van a utilizar los residentes y que deben tener una limpieza constante y exhaustiva. Si las administraciones publicas permiten de nuevo incumplimientos dentro de estos centros residenciales, caminamos hacia atrás por el riesgo de que la pandemia rebrote«, apuntan.
Precisamente estos centros han sido los principales focos de contagio y de mortalidad en la Comunidad de Castilla y León.
Por eso, desde UGT plantean mantener y dignificar el empleo porque la desconfianza creada en la población respecto a la calidad en la atención es lo que genera también bajas en las residencias. «Necesitamos crear confianza, reforzar las plantillas y además, apoyar la desescalada sin fundar inseguridad en el sector por medio de los ERTEs. Durante el riesgo de desescalada es preceptivo que los usuarios que presentan síntomas, estén en zonas aisladas de los que están libres de covid-19 y también es obligatorio respetar la distancia social y esto debe permitir adoptar medidas distintas a tener en cuenta para reforzar las ratios. Todas estas circunstancias, nos permite exigir que se adopten ratios según tipos de usuarios y grados de dependencia para cumplir con ratios óptimas y que haya suficientes profesionales que puedan atender adecuadamente a las personas más vulnerables».
La política se debe a la ciudadanía y a su bienestar, mantener las normas de seguridad y de cuidado es responsabilidad de la Junta de Castilla y León. «El cuidado es un aspecto de la protección de la salud, la cual es, a su vez, un derecho fundamental, y por lo tanto debe ser garantizado por los poderes públicos, esa es su gestión», concluyen.
