José Manuel Franco, el Delegado del Gobierno en Madrid, “no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones».
Así lo afirma la juez del juzgado número 51 de Madrid que archiva el caso por el 8-M alentado por la derecha, porque no encuentra indicios suficientes de que Franco cometiera el presunto delito de prevaricación administrativa que le imputaban los promotores de las acciones judiciales, por considerar que esa manifestación de Madrid (y ninguna otra que se celebró en España) fue el detonante de los contagios de coronavirus en la capital.
La resolución señala que Franco “no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario”.
Sin embargo, el auto deja abierta la posibilidad de que se puedan pedir otras responsabilidades por no haber limitado concentraciones y otros actos donde hubo aglomeraciones en los días previos a la declaración del estado de alarma.
