[dropcap]C[/dropcap]on el estado de alarma ya con fecha de caducidad, Castilla y León estrena semana con una situación inédita desde que comenzó la desescalada: cinco provincias saltan a la fase 3 y las otras cuatro permanecen en la fase 2. Esta división territorial, que ya se ha dado durante este proceso en otras comunidades, no tendría nada de particular si obedeciera a criterios estrictamente epidemiológicos. Pero no es el caso.
Los máximos responsables políticos de gestionar la cuestión -a saber, el inevitable vicepresidente Francisco Igea y su consejera-delegada, Verónica Casado- proclamaron hasta el aburrimiento que la desescalada en Castilla y León se atendría rigurosamente a criterios epidemiológicos. La salud por encima de todo, era el lema. Un principio que ha ido sucumbiendo a medida que crecía la presión de los sectores económicos, irritados por la lentitud con la que esta comunidad estaba encarando el proceso. Sensible a esas presiones, el presidente de la Junta se propuso a mediados de mayo acelerar el ritmo, forzando al dúo Igea-Casado a amoldar los parámetros epidemiológicos a criterios puramente políticos.
Con esa rebaja de los criterios iniciales, el pasado 8 de junio toda la comunidad pasa de la fase 1 a la fase 2 sin ninguna objeción. El problema surge cuando la Junta se propone dar otro acelerón y anuncia su intención de solicitar el salto de las nueve provincias a la fase 3 a partir de este lunes 15, con tan solo una semana de permanencia en la fase 2. Y es al forzar este salto cuando se fractura el mapa en dos bloques, con cinco provincias por un lado y cuatro por otro, estas últimas, Ávila, Segovia, Salamanca y Soria, desechadas de la propuesta básicamente por su proximidad a Madrid. Recuérdese como se gestó el salto de las nueve provincias a la fase 1. Lo anunció por su cuenta Fernández Mañueco ante la sorpresa de la consejera Casado, que no ocultó su “incomodidad” (sic) ante dicha decisión. “Incomodidad” que no fue obstáculo para que la consejería rebajara los criterios epidemiológicos (se elevó de 1 a 2,5 el número máximo de casos confirmados PCR por cada 10.000 habitantes) a fin de que pudiera cumplirse la buena nueva decidida por el presidente.
¿Desde cuando una circunstancia geográfica como “la proximidad a” constituye un criterio epidemiológico? La realidad es que una de esas provincias, Soria, no hubiera pasado el corte en el ministerio de Sanidad y otra, Salamanca, probablemente tampoco. Ante lo cual la Junta, para no dejar a estas dos provincias aisladas y estigmatizadas, ha metido en el mismo saco a Ávila y Segovia, que, siendo las únicas limítrofes con la comunidad de Madrid, reunían sin embargo los requisitos para pasar a la fase 3. Y esa ha sido la añagaza, propia de aficionados al trile, concertada entre Mañueco y el dúo Igea-Casado para salir del lío en que ellos solos se habían metido. (Casualmente, a diferencia de las anteriores propuestas de desescalada, la Junta no ha colgado en su página web la documentación anexa correspondiente).
Precisamente la actitud de Igea resulta clave, habida cuenta de que en sus dominios radican dos de las exigencias “sine qua non” planteadas por el PSOE. Una es la renuncia de la Junta a la reforma de la atención primaria que condenaría a su desaparición a la inmensa mayoría de los consultorios locales rurales y el restablecimiento inmediato de la atención presencial suspendida durante la pandemia. La otra es la retirada de la Ley con la que la Junta se proponía suprimir la mayoría cualificada de las Cortes para la aprobación de los mapas rurales de Ordenación del Territorio.Mensajes cruzados que solo ellos entienden.- Entretanto, la Junta y el PSOE siguen lanzándose mensajes cruzados sobre el pacto para la reconstrucción que vienen negociando entre bastidores sin que ni unos ni otros tengan a bien contarnos qué se traen entre manos. Mañueco le dice a Tudanca que “es la hora de sumar, sin reservas mentales ni titubeos partidarios” y los socialistas contestan que “la pelota está en el tejado de la Junta” y exigen “garantías de cumplimiento y presupuesto”. Por su parte, Igea, el perejil de todas las salsas, augura que se firmará en breve.
Al propio tiempo la Junta pretende presentar como concesión para facilitar el pacto su renuncia a la que era su medida estrella: la bonificación al 99 por ciento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. La realidad es que no se trata de ninguna concesión. Después de los estragos originados por la crisis de la Covid-19 en las arcas autonómicas, dicho “regalo fiscal” a los grandes patrimonios no tiene la menor presentación. Y de hecho Ciudadanos, que en materia fiscal es tan regresivo como el PP, si no más, ha asumido que esa bonificación no es de recibo en la actual coyuntura.
De otro lado, las mociones de censura promovidas por el PP para desalojar al PSOE de las alcaldías de Guardo (Palencia) y Peñafiel (Valladolid) no han contribuido precisamente a allanar el camino del pretendido pacto de comunidad. En plena negociación del mismo, los máximos dirigentes socialistas en Castilla y León se han tomado dichas mociones como una agresión política que no puede pasar por alto.
¿A qué espera Tudanca para exigir una investigación sobre las residencias?.- Por más que la Junta se empeñe en hacernos creer que desplegó un dispositivo para garantizar en las residencias una asistencia equivalente a la prestada en los hospitales, son incontables los testimonios que desmienten esa aseveración. El diario.es ha constatado, documentos en mano, que esa “medicalización” a través de los llamados “equipos Covid residencias”, en modo alguno proporcionó a los residentes enfermos la atención propia de un hospital, ni en planta y no digamos en una UCI. Mientras tanto, se sigue estrechando el cerco penal para investigar la relación existente entre las 1.724 muertes por Covid-19 registradas en residencias de ancianos y las instrucciones cursadas por la Junta que a partir del 23 de marzo cerraron las puertas de los hospitales a los contagiados en dichos centros. La Defensor del Paciente, que ya había denunciado la presunta omisión de auxilio ante la Fiscalía Superior de Castilla y León, ha extendido su denuncia a la Fiscalía General del Estado y ea Tribunal Supremo. Y hasta el momento son ya 20 las diligencias penales abiertas en las fiscalías provinciales de Castilla y León para investigar esa presunta omisión de asistencia sanitaria en residencias tanto públicas y privadas de la comunidad.
Con evidencias tan abrumadoras, resulta cada día más inconcebible que el PSOE de Luis Tudanca siga de brazos cruzados sin promover la comisión parlamentaria de investigación imprescindible para esclarecer lo ocurrido en las residencias y establecer las correspondientes responsabilidades políticas.
Una comisión que, además de la actuación de la Junta respecto a las residencias, debería investigar los protocolos aplicados en los hospitales, donde se habría denegado asimismo el ingreso a otros cientos de enfermos por meras razones de edad. No se olvide que aparte de los 3.764 muertos por Covid-19 en hospitales (2.040) y residencias (1.724) de Castilla y León, casi otros mil contagiados (978 hasta el pasado viernes) han fallecido en sus propios domicilios, lo que por cierto eleva a 4.742 el total de víctimas mortales que se ha cobrado la pandemia en esta comunidad.Una pasividad que resulta insostenible cuando al mismo tiempo se afirma, como hizo la procuradora socialista Nuria Rubio durante el pasado pleno de las Cortes, que “les han dejado morir solos” (a los ancianos muertos en las residencias) y “no pararemos hasta que se sepa toda la verdad”. ¿Cómo se puede afirmar lo anterior y no respaldar la propuesta de Podemos de solicitar con la máxima urgencia una comisión de investigación como la promovida por los propios socialistas en la comunidad de Madrid? Tudanca tiene cada vez mas difícil explicar esta clamorosa inhibición.
