La Confederación de Empresarios de Castilla y León (Cecale) criticó este miércoles el «retraso» en la suspensión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que recoge el Pacto por la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social de la Comunidad. Además, pidió que las medidas previstas en este acuerdo se apliquen «sin demora».
En un comunicado, la patronal valoró la «voluntad» y el «compromiso» de la Junta de Castilla y León y los portavoces y dirigentes de los principales partidos con representación en las Cortes que han firmado hoy el pacto, aunque lamentó que el documento contemple el retraso en la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, a la que recordó se había comprometido el Gobierno autonómico de PP y Ciudadanos.
En su opinión, este tipo de impuestos penalizan doblemente a Castilla y León, creando, por un lado, ciudadanos de segunda y de tercera en función de la Comunidad en la que vivan, y por otra parte, frenando la inversión empresarial, y, por tanto, la creación de empleo.
Además, la patronal reiteró que la supresión del impuesto es necesaria, más en estos momentos de crisis, para que exista a su juicio una armonización fiscal, con el fin de evitar que se agudice la deslocalización de empresas de Castilla y León por el «alto nivel impositivo», empujando a los empresarios a invertir en otras comunidades.
Aún así, la Confederación confió en que las medidas que contempla el documento se pongan en marcha y se enmarquen en un escenario presupuestario, para evitar que la Comunidad continúe «desangrándose» en términos de pérdida de empresas y empleo. Además, pidió que se atiendan las verdaderas necesidades de los empresarios, como única solución para reactivar la economía y preparar un camino que permita ganar competitividad.
«Este es un ejercicio de responsabilidad que corresponde a toda la sociedad castellana y leonesa, y es necesario un esfuerzo por parte de todos para superar esta complicada situación», por lo que Cecale reclamó que se siga trabajando en medidas que den seguridad jurídica y fiabilidad a las empresas y a los inversores, a través del diálogo social, para acelerar y no poner límites a la actividad económica del tejido productivo.
