Este domingo decae el estado de alarma que entró en vigor el 14 de marzo y entramos en la ‘nueva normalidad’ con libertad de movilidad por España y casi toda la UE, pero con restricciones en nuestra vida cotidiana mientras dure la crisis sanitaria generada por el coronavirus Sars-Cov 2, que genera la enfermedad Covid-19.
En esta nueva etapa son las comunidades autónomas quienes regulan las restricciones a la actividad económica y a la convivencia. Se apela, en todo caso, a la responsabilidad individual para llevar la mascarilla siempre en lugares cerrados y también en el exterior cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros con los demás, así como mantener la higiene de manos.
La Junta de Castilla y León anunció este viernes cómo será nuestra vida en los próximos meses, y las consecuencias que tendrá incumplir las normas que se han establecido y que publica este sábado el Boletín oficial de Castilla y León (Bocyl).
Los posibles incumplimientos de las medidas de prevención y control establecidas en el Plan que se recoge en el acuerdo de la Junta podrán ser sancionados por los órganos competentes de la Comunidad Autónoma o de las entidades locales en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme la legislación de aplicación.
Se acuerda, en el ámbito de la Administración Autonómica, encomendar la gestión de la tramitación de los expedientes sancionadores y sus recursos administrativos que puedan resultar del incumplimiento de las medidas de prevención y control establecidas en el Plan, a favor de cada una de las consejerías u organismos autónomos que sean competentes por razón de la materia, tanto a nivel central como periférico, que abarcará desde el inicio del procedimiento hasta la formulación de la propuesta de resolución sancionadora y, de concurrir recurso administrativo contra la resolución sancionadora, su gestión hasta la formulación de la correspondiente propuesta de resolución.
El incumplimiento de las normas por los hosteleros puede acarrear multas de hasta 12.000 euros y el cierre del local, y para los ciudadanos, una sanción administrativa (desde unos 100 euros a 30.000, según las leyes de Protección Civil y Salud Pública) aunque el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, dijo que los que infrinjan las restricciones se exponen a “acabar boca abajo en una cama de la UCI, con un tubo por la tráquea hasta los pulmones para respirar. Eso sí que es una sanción”. Y a estancia media de un paciente Covid en la UCI son 28 días, si consigue salir vivo.
