Una de cada tres empresas del sector nupcial y de eventos sociales de Castilla y León en el que de forma directa trabajan en la Comunidad casi 60.000 personas repartidas en cerca de 4.000 empresas, podría cerrar sus puertas debido a los efectos de la crisis del covid-19
ICAL. Para intentar frenar esta situación, se ha constituido una plataforma que aglutina a las empresas y que está planteando medidas específicas a las distintas administraciones. Su objetivo, que pasa por la defensa y su puesta en valor, es la reactivación de un sector económico que “debería ser considerado estratégico para la Comunidad”.
El promotor de esta iniciativa, César del Campo Castro, advierte que no sólo no se van a celebrar las bodas y eventos sociales previstas para este año, sino que en el 2021 el número de celebraciones se reducirá cerca del 50 por ciento, “porque los contrayentes y sus familiares están perdidos acerca de lo qué van a poder hacer y a quién recurrir para realizar sus eventos dentro de unos meses”.
El objetivo de la plataforma, según explicó es plantear a las instituciones una serie de medidas de apoyo a las empresas. Las primeras ya han sido solicitadas reuniones con el Ayuntamiento de Valladolid, Diputación y Junta de Castilla y León. En los encuentros, según indicó Del Campo, también se presentó un detallado análisis socioeconómico del sector en los últimos cinco años y la progresión a la que debemos tender en los siguientes cinco, siguiendo parámetros de proyección empresarial con modelos fiables y objetivos claros.
Además, el propio sector ha asumido una serie de compromisos como el no subir precios en los artículos y servicios vendidos y a la venta, el de asumir las perdidas por los aplazamientos o anulaciones y el de ofrecer, dentro del calendario 2021, más fechas para que las ceremonias.
A su vez, a la Junta les ha planteado ayudas directas para las nuevas familias con tarjetas con 500 euros que canjearan en las empresas que les organicen la boda, una vía lega de desgravaciones, como se hizo con la natalidad, y la exención de tasas por celebrar su ceremonia en los juzgados.
Además, también reclaman ayudas a fondo perdido para el mantenimiento de pymes y autónomos, subvenciones para invertir en riesgos laborales, aplazamiento del impuestos y el control del intrusismo.
