Las Cortes de Castilla y León aprobaron este miércoles, por el procedimiento de lectura única, el Proyecto de Ley que modifica el artículo 134 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad del año 2006, con el objetivo de destinar el remanente de tesorería a financiar gastos ante situaciones excepcionales de emergencia de salud pública que conlleven un imprevisto y un aumento del gasto público.
ICAL / La nueva norma determina así que, en determinados supuestos excepcionales de emergencia de salud pública debidamente declarada, se habiliten mecanismos adicionales para atender a los gastos derivados directamente de esa situación, así como otros que deban seguir atendiéndose para la correcta prestación de servicios por parte de la Administración.
El texto tiene un único artículo que modifica el artículo 134 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público, añadiendo un nuevo apartado, en el que se indica que se podrá destinar remanente de tesorería para financiar gastos del ejercicio en el que se haya producido una crisis o los efectos derivados de la misma, y fue aprobado con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León salvo los dos procuradores de Podemos, que se abstuvieron.
La defensa del texto fue llevada a cabo por el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, quien señaló que la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 “ha mostrado la necesidad de afrontar importantes gastos, inicialmente no previstos, para garantizar la adecuada asistencia sanitaria y asegurar la prestación de servicios públicos”.
Por ello, la modificación de la Ley permitirá “dirigir los máximos recursos posibles para dar una respuesta ágil a las necesidades”, además de “agilizar y flexibilizar los procesos de comprobación de la inversión”, asegurando, no obstante, “el uso eficiente de los recursos públicos para atender las insuficiencias presupuestarias derivadas de las exigencias de salud pública que conlleven un súbito aumento del gasto público”.
Se trata, en definitiva, de “una excepción al destino de los remanentes designados para reducir deuda, para que se puedan asignar a gastos derivados de una crisis como la vivida”, más aún cuando, según Carriedo, “los fondos que se han recibido por parte del Gobierno han sido insuficientes” puesto que “la redistribución del fondo nacional no reembolsable ha perjudicado a Comunidades como la nuestra”. Y es que “si el reparto se hubiese hecho con los mismos criterios que la financiación autonómica, Castilla y León habría dispuesto de 110 millones más de los que le han correspondido”.
Exigencia de “cuentas claras”
En la misma línea se posicionaron los comparecientes de los grupos parlamentarios Popular y Ciudadanos. Así, la procuradora de la formación naranja por Burgos, Blanca Negrete, consideró necesaria la aprobación de la modificación de la Ley para “conseguir que Castilla y León sea una Comunidad mucho menos pobre y más eficiente” al “relajar” las condiciones establecidas para afrontar una emergencia sanitaria como la acontecida.
Todo ello frente a un Gobierno de España que, en opinión de la procuradora burgalesa, “no ha gestionado adecuadamente esta crisis, ni a nivel social ni económico”, lo que ha obligado a la Junta a “mendigar fondos a Europa, que ha estado a la altura, para afrontar la crisis”. Fondos que ahora deben ser, según Negrete, “la piedra angular de la reforma que nuestro país necesita”.
Por su parte, la procuradora del Partido Popular por Salamanca, Rosa Esteban, consideró que la modificación de la Ley “adecua la respuesta a las necesidades de los castellano y leoneses, especialmente de los más afectados por la crisis”, permitiendo al Gobierno de la Comunidad Autónoma “dar respuestas ágiles y precisas para afrontar soluciones ante las emergencias” frente a “la insuficiente respuesta del Gobierno de España, con un reparto injusto para una tierra que ha sido de las que más ha sufrido la pandemia”.
Por su parte, la procuradora socialista Rosa Rubio supeditó el voto favorable al acuerdo de su grupo parlamentario a la presentación del consejero, recordándole que en el Gobierno regional “son incumplidores de la estabilidad presupuestaria” y, por ello, exigiéndole “las cuentas claras” y que la reforma esté “limitada y definida al máximo, sin duda ni opacidad que tenga que dar lugar a la interpretación”.
Además, recordó que “la asistencia sanitaria adecuada debe ser siempre obligatoria, con y sin COVID”, aunque finalmente comprometió el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista porque “por encima de cualquier interés, está el interés de Castilla y León, y por eso apoyamos al Gobierno autonómico ante esta crisis desde el minuto cero”.
