La intersindical de Enseñanza de Castilla y León, integrada por CSIF, STECyL, ANPE, CCOO y UGT, denunció este miércoles una “falta flagrante de diálogo” con la Consejería de Educación, y lamentó las “exiguas medidas” que desde el Gobierno regional se han adoptado para afrontar la crisis sanitaria que ha marcado el curso 2019/2020. Según explicó la presidenta del Sector Autonómico de Educación de CSIF en Castilla y León, Isabel Madruga, la “improvisación” ha sido una “constante” en la toma de decisiones de todos los responsables educativos, que no han consultado con el profesorado, que son “los mejores conocedores de las realidades de los centros”.
ICAL / “Demandamos negociación y más recursos personales y materiales para el próximo curso escolar, con un plan de refuerzo, apoyos y más dotación que permitan afrontar el curso de forma segura e intentando compensar las posibles lagunas que se hayan producido durante el 2019/2020”, señaló. En su intervención, recogida por Ical, lamentó la “falta de proyecto a medio y a largo plazo” por parte de la Consejería, y aseguró que las escasas mesas sectoriales que se han producido no han tenido “contenido negociador real ni adaptado a la situación crítica que vivimos”. Además, denunció las “diferencias de criterio en la evaluación del alumnado, cargando con la responsabilidad a centros y profesorado, y haciendo patente la brecha digital en Castilla y León”.
En cuanto a los protocolos que se han establecido tanto por parte del Ministerio como de la Junta de Castilla y León, los sindicatos los consideran “claramente insuficientes”. “No ha habido negociación y tiene que haberla para lograr medidas homogéneas y contar con los recursos materiales y personales que permitan afrontar una vuelta segura a las aulas”, señaló.
En ese sentido, apuntó que en los protocolos se contempla la creación de un ‘equipo COVID’ en cada centro, integrado por profesorado de forma voluntaria para el que los sindicatos piden “liberación de horas complementarias. “Creemos que puede haber margen de negociación si hay talante de negociación real y un incremento de recursos que ayude a los centros que están sobrecargados. Debe haber un incremento del personal de limpieza (que debería realizarse hasta tres veces al día y no solo por las tardes como hasta ahora) y de los monitores, y sin incremento de los recursos en esta situación crítica es inviable”, subrayó antes de recalcar que la educación a distancia se tiene que sustentar sobre tres pilares: conectividad, digitalización y formación de profesorado y alumnado.
Encuesta al profesorado
En el encuentro con los medios para dar a conocer sus propuestas ante el nuevo curso 2020/2021, los sindicatos dieron a conocer los resultados de una encuesta que lanzaron del 10 al 24 de julio a 980 centros públicos de toda la Comunidad, cosechando las respuestas de un tercio de ellos. Según explicó la portavoz de STECyL, Cristina Fulconis, solo un 12 por ciento de los encuestados considera que está en disposición de aplicar las medidas preventivas establecidas para el próximo curso escolar, y el 42 por ciento estima que tiene espacio suficiente para garantizar la seguridad en las aulas, “con grandes diferencias en este apartado entre los centros ubicados en el medio urbano y rural”.
El 98,1 por ciento piensa que las medidas exigidas supondrá más carga burocrática para el equipo docente, y al al 86,6 por ciento las ratios actuales no le parecen adecuadas teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias actuales, mientras que solo el 15,9 por ciento cree que cuenta con profesorado suficiente para el próximo curso.
La presidenta de ANPE en Castilla y León, Pilar Gredilla, señaló que si se vuelve a decretar el cierre de los centros por los rebrotes, solo un 21,3 por ciento piensa que sus centros cuentan con los recursos digitales necesarios, y el 12,4 por ciento considera suficiente su formación en competencia digital. Además, un 93 por ciento considera que es preciso regular el teletrabajo docente, y el derecho a la desconexión digital.
Gredilla señaló que el 90,7 por ciento de los encuestados piensa que no sería capaz de detectar y aislar un posible positivo por COVID-19, y el 89,4 por ciento cree conveniente contar con profesionales sanitarios en sus centros. Además, explicó que los sindicatos no renuncian a “una reivindicación histórica y necesaria”, y en ese sentido señaló que solo el 20,2 por ciento considera que no es preciso reducir el horario lectivo, y recalcó que “la principal preocupación abordar la vuelta segura a las aulas”.
Medidas homogéneas
Por su parte, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Elena Calderón, denunció que “todas las instrucciones y protocolos generales de la Junta de Castilla y León son un sinsentido” y apuntó que “provocan desigualdades en base a su interpretación”, perjudicando a “alumnado, familias y profesorado”. “No se puede dejar la normativa sujeta a interpretaciones. Sin recursos el protocolo y las instrucciones son inviables y solo generarán más burocracia. Los equipos directivos carecen de información, no son técnicos de prevención de salud laboral ni disponen de herramientas de protección contra el COVID, y si se produce un brote dudan sobre quién se responsabilizará. Se sienten indefensos ante la falta de concreción y respaldo jurídico”, desgranó.
En ese sentido, repasó parte de los comentarios y dudas transmitidos en la encuesta por parte del profesorado, y apuntó que necesitan infografía, cartelería y señalizaciones iguales para todos los centros. “Demandan una regulación clara de horas de docencia digital, dotación de medios, epis, equipos informáticos y conectividad, y en materia de en salud laboral subrayan su preocupación por sobrecarga de trabajo físico y psicológico, la ausencia de pcrs y el previsible desgaste de la voz por el uso continuado de la mascarilla. Además, los servicios de comedor y madrugadores están sin regular, y las responsabilidades no deberían recaer en los equipos directivos, y no hay regulación concreta sobre cómo deberían producirse las entradas escandalladas o la gestión del material compartido en educación física o música”, señaló.
También intervino en la rueda de prensa el responsable del sector público de la enseñanza en UGT, Jesús González, que exigió “centros educativos seguros”, algo para lo cual consideró “insuficientes” los protocolos elaborados por la Consejería. “Las principales preocupaciones tienen que pasar por asegurar el cumplimiento de las medidas sanitarias y deben facilitar los medios para ello, minimizando los riesgos para la salud, tanto del profesorado como del alumnado. Se debe reducir el exceso de burocracia y proveer de recursos humanos y materiales necesarios”, expuso.
Por ello, reivindicó la reducción de las ratios, del horario lectivo, el incremento de apoyos al alumnado, la formación de profesorado en periodo lectivo, la ayuda de dispositivos para el profesorado, la flexibilización de las sesiones lectivas, reduciendo la duración de los periodos lectivos, la adaptación de extraescolares a la nueva situación y una mayor inversión en el personal.
“Queremos que los protocolos de seguridad y prevención no sobrecarguen al profesorado, y que cuenten con el apoyo y asesoramiento del personal sanitario y técnicos de prevención de riesgos laborales. Estamos a disposición de la Consejería, dispuestos a negociar, no solamente a ser informados. Nos jugamos mucho en este principio de curso y esto es una cuestión de salud pública”, apuntó antes de recalcar que “los equipos directivos han hecho durante la cuarentena una labor encomiable”.
A su juicio, “se está volcando la responsabilidad en los equipos directivos, y las medidas deberían ser homogéneas. Es obligación de la Consejería homogeneizar todo esto, que asuma responsabilidades y asesore de forma más concisa y concreta”.
En ese sentido, Elena Calderón señaló que le piden a Educación “un Plan B”. “Todos deseamos un curso lo más normalizado posible pero lo vemos muy complicado. La situación es muy compleja, y por ello pedimos a la Junta que todas esas situaciones sean homogéneas, con instrucciones claras para que todos los centros actúen de igual manera. Se ha dejado a los equipos directivos toda la impresionabilidad de organizar el principio de curso y la improvisación nos ha llevado a que en la última semana de julio aún no sepamos cómo se va a organizar el principio de curso”, concluyó, además de recordar que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció la intención del Gobierno regional de realizar test a todos los funcionarios de Castilla y León, una medida que confían en que se haga efectiva antes del inicio del curso escolar para garantizar la seguridad de la comunidad educativa.
