El difícil o imposible equilibrio del modelo de estado

“Los azotes físicos y las calamidades de la naturaleza humana hicieron necesaria la sociedad. La sociedad se agregó a los desastres de la naturaleza. Los inconvenientes de la sociedad hicieron necesario al Gobierno, y el Gobierno se agregó a los desastres de la sociedad. Esta es la historia de la naturaleza humana.”

Nicolas Chamfort (1741-1794)

[dropcap]D[/dropcap]esde hace muchos años, prácticamente desde que España optó por el modelo territorial de las autonomías, las tensiones acerca de las competencias entre los órganos centrales y autonómicos han sido constantes, independientemente de la deriva política de los últimos años en torno a la Generalitat de Cataluña.

Un estado centralizado, o un estado autonómico, pueden ser igualmente eficaces siempre que los gobiernos que rigen a unos u otros tengan claro que están para resolver los problemas de los ciudadanos y no para crear problemas añadidos, o para excusar la ineficacia de su gestión traspasando la responsabilidad de los errores propios a ‘la otra’ administración.

Este es un problema de difícil solución ya que no ha existido ningún consenso duradero y el ejercicio del poder es un constante tira y afloja en el que todo vale, pero parecía imposible que se traspasasen ciertas líneas rojas y, sin embargo, durante la pandemia Covid-19 se han pasado de largo.

Durante el estado de alarma las críticas políticas, disfrazadas de técnicas, al Gobierno de España por parte de los gobiernos autonómicos han sido constantes, procurando desgastar política y socialmente al mismo, y reclamando se les devolvieran las competencias asegurando que lo harían mucho mejor. No parecía el mejor momento para ello, era más bien el momento Fuenteovejuna, pero así ha sido. Ahora, cuando las autonomías gestionan las competencias que tanto reclamaron, los ciudadanos observamos estupefactos como las otrora voces críticas están haciendo una gestión errática, ineficaz e ineficiente, y cometen los mismos errores que achacaban al gobierno, además de sumar otros de cosecha propia, sin que hayamos podido entrever ninguna autocrítica por su parte.

Mientras esto sucede, el gobierno central parece haberse puesto de perfil y, aunque es comprensible que después de haber soportado todo tipo de críticas no quiera sufrir más desgaste y prefiera que sean “los otros” los que se quemen en la gestión inmediata, ello no es de recibo. No cuando tiene lugar a cambio de la salud de los españoles. Esperar autocrítica por parte de los gobiernos autonómicos antes de retomar el control es una esperanza vana, esperar que soliciten públicamente ayuda es una quimera.

Al margen de los “juegos políticos” que tienen lugar, cuando se trata de un problema tan importante como lo es la pandemia Covid-19, que afecta a la totalidad de España, no es de recibo persistir en el mismo juego (“tú más”, “quítate tú que me pongo yo” …) que ha demostrado ya su peligrosidad. Los errores de gestión respecto de la salud pública y los problemas económicos que de ello se derivan afectan a toda España y no se limitan a un determinado territorio y, por ello, la respuesta tiene que ser común y global. Eso es lo que pedimos a Europa ¿no?

Comprobada la incapacidad para el pacto político en la gestión de los recursos, incluso con decenas de miles de muertos sobre la mesa, y con una economía que camina sobre el filo de la navaja y puede acabar en desastre, parece que la única solución pasa por que el gobierno central imponga las decisiones necesarias para poder afrontar el problema eficazmente.

Pensar que un hecho como la creación de una Agencia Nacional de Salud Pública, integrada por técnicos expertos, que pueda coordinar la respuesta a este tipo de situaciones, e incluso adelantarse a ellas, se interpreta por determinados gobiernos autonómicos como un signo inequívoco de recentralización, al que se oponen, precisamente cuando la pandemia ha demostrado que es un instrumento imprescindible al que se ha echado de menos, demuestra hasta donde están dispuestos a llegar algunos partidos y gobiernos y el alto precio que están dispuestos a que paguemos los ciudadanos, en términos de vida o muerte, salud o enfermedad, riqueza o pobreza, con tal de seguir ocupando los tronos de sus reinos de taifas.

Aunque solo sea por instinto de supervivencia, si de una tragedia como la producida por la Covid-19 nuestros gobernantes no han aprendido nada y su inteligencia política sigue secuestrada por su estulticia, tendremos que ser los ciudadanos los que les enseñemos la puerta de salida ejerciendo nuestra responsabilidad cívica, salvo que nuestra insensatez sea aún mayor que la suya.