El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, indicó este martes que si es necesario el Gobierno regional solicitará al Consejo de Ministros la declaración de un estado de alarma regional, pero matizó que “no es el momento”. “Preferimos implementar todas las medidas posibles antes.
No hay nada más catastrófico que permitir regresar a una situación como la de marzo”, expuso Igea, quien señaló que esta posibilidad está prevista en la propia ley de estado de alarma para un periodo de 15 días. Todo, teniendo en cuenta, dijo, que el incremento de casos positivos por COVID-19 “se mantiene, pero a un ritmo menor y con una curva con menor pendiente que hace dos semanas”.
En este sentido, explicó que la autoridad la ejercería la propia Junta “por delegación”, pero aclaró que Castilla y León “podría tener un estado de alarma y no tomar ninguna decisión o hacerlo de forma delimitada”. “No significaría volver a la situación anterior, si no que tenemos una herramienta para delimitar medidas si la situación lo precisa para atender la gravedad en zonas concretas. Es la obligación de una Administración sensata”, sostuvo Igea, quien reiteró que “no se descarta nada” más adelante.
Igea respondió así al ser preguntado por si el Gobierno había contestado al requerimiento de la Junta y de otros ejecutivos autonómicos sobre la petición de una herramienta legal que agilice y flexibilice la petición de confinamientos por zonas, sin necesidad de solicitar una orden judicial. “No hay novedad. No se ha proporcionado la herramienta legal, pero no afecta solo a Castilla y León”, aseveró, para aclarar que la Comunidad ya cuenta con un “mando único”: la consejera de Sanidad.
En todo caso, Igea insistió en que “todas las medidas están planteadas, sin descartar ninguna”. “Lo hemos dicho, hecho y demostrado los días pares el presidente, los impares el vicepresidente y todos los días la consejera. Tomaremos todas las medidas imprescindibles según la evolución de la pandemia. Hemos reclamado herramientas, pero no ha sido óbice para que no las tomemos”, expuso el responsable regional, quien prefirió “no tener que llegar a esa situación”. Por ello, la Junta pedirá a los alcaldes de municipios mayores de 20.000 habitantes “que extremen la vigilancia”, algo que comunicarán en una reunión que mantienen esta tarde.
A su juicio, hay una medida para “acabar con el contagio”, el “confinamiento total”. “Pero no queremos hacer eso, sino que la gente extreme las precauciones”, sostuvo, para explicar que si la zona básica de salud está en color naranja o rojo, “la gente tiene que entender que restringir el contacto social no es una opción, sino una obligación, porque el daño económico y sanitario será muy superior a marzo, ya que el personal sanitario está al límite de sus fuerzas”.
Igea anunció también que el Consejo de Gobierno del próximo jueves permitirá “aclarar” el anexo sobre las medidas aprobadas el viernes en el ámbito estatal y que deben ahora aplicarse en Castilla y León, en función de las características de la Comunidad. En este punto se abordará, dijo, los locales afectados por las restricciones, el tipo de eventos en base también a las peticiones de diferentes asociaciones y otro tipo de aspectos que “se tendrán completos el jueves”.
