La seria deriva judicial del caso Kitchen, que tan de cabeza trae a la nueva y vieja cúpula nacional del PP (Pablo Casado no era, como pretende, un simpe diputado por Ávila, sino vicesecretario nacional de Comunicación del partido), también ha disparado la luz de alarma en el Colegio de la Asunción. Y no es para menos.
Aunque de momento no ha salido su nombre en las diligencias instruidas por la Fiscalía y el Juzgado, es obvio que la trama policial montada desde el antiguo ministerio del Interior para espiar e intentar sustraer pruebas al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, no pudo actuar sin conocimiento del que entonces era director general de la Policía, el salmantino Ignacio Cosidó.
Pese a enrolarse desde el principio en el equipo que apoyó la candidatura de Casado en las primarias nacionales del PP, el actual presidente nacional del PP decidió hace un año apartar de su núcleo más cercano a Cosidó, que había sido portavoz popular en el Senado, Cámara en la que venía ocupando uno de los tres escaños autonómicos designados directamente por las Cortes de Castilla y León. Por razones que nunca fueron explicitadas, Casado despojó al salmantino de dicho escaño -y consiguientemente de la portavocía- para colocar en su lugar al alavés Javier Maroto, el supuesto vecino de Sotosalbos (Segovia) que no había conseguido mantener su escaño de diputado del Congreso por Alava.
Aunque mucho se relacionó la caída en desgracia de Cosidó con el bochornoso episodio de la difusión de aquel whatsapp que revelaba las maniobras del PP para controlar los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, Casado conocía perfectamente la comprometida situación del ex director general de la Polícia por su conocimiento y presunta implicación en el caso Kitchen, la “policía patriótica” y demás fechorías perpetradas desde las cloacas del Estado por Villarejo y compañía. El actual presidente nacional no quería tener cerca a Cosidó, pero ahí estaba su paisano Alfonso Fernández Mañueco para acoger al “amigo Nacho”, designado hace un año asesor del presidente con un salario anual de 55.120 euros (el de mayor cuantía de los cerca de cuarenta asesores contratados a dedo entre Mañueco y el consejero de Presdiencia, Ángel Ibáñez, varios de ellos asignados al vicepresidente, Francisco Igea).
La posibilidad -nada improbable- de que Cosidó pueda ser imputado judicialmente en el caso Kitchen o, simplemente la de que tenga que comparecer, sí o sí, ante la comisión de investigación parlamentaria acordada en el Congreso, coloca al presidente de la Junta en una situación harto delicada. ¿Es admisible mantener como asesor a alguien implicado de hoz y coz en semejantes turbiedades? ¿Le parecerá de recibo a Ciudadanos y a Igea, los antiguos paladines de la “regeneración” de la vida publica? No tardaremos en comprobarlo.
