La Junta convoca ayudas por importe de dos millones de euros para financiar la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social perceptores de Renta Garantizada de ciudadanía. Así lo recoge la orden publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) este viernes
ICAL. Asimismo, el Ejecutivo informó este sábado de que va a destinar 2,01 millones de euros para que las empresas o entidades sin ánimo lucro a las que va dirigida, contraten hasta 149 personas, que dejarían de percibir la renta garantizada al acceder a un empleo y saldrían de la situación de exclusión social en que se encuentran.
La finalidad de la convocatoria es aumentar la contratación de personas en riesgo de exclusión social, sobre todo de las que perciben la Renta Garantizada de Ciudadanía, que están obligadas a participar en estos procesos, según la normativa de la Junta.
La convocatoria se dirige a entidades privadas sin ánimo de lucro y a empresas, para que contraten a personas en situación o riesgo de exclusión temporal, beneficiarios de Renta Garantizada de Ciudadanía, durante un periodo mínimo de nueve meses, subvencionándose por cada contratación 13.500 euros y pudiendo cada entidad solicitar un máximo de 14 contratos. El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días naturales.
Las empresas o entidades que reciban la subvención solicitarán a la Gerencia de Servicios Sociales que cite a los beneficiaros de renta garantizada para realizar la entrevista de trabajo; la Gerencia convoca dos o tres beneficiarios por cada contrato a celebrar, y es la entidad la que hace la selección. Los beneficiarios de renta, según la normativa de la Junta están obligados a acudir a la entrevista y aceptar el contrato de trabajo que les ofrezcan, si no lo hacen se inicia el expediente de extinción de la renta.
La Renta Garantizada de Ciudadanía es una prestación que puso en marcha la Junta de Castilla y León en 2013, se abona periódicamente en función del número de miembros de la unidad familiar y está vinculada a una serie de obligaciones, entre las más relevantes destacan garantizar que los menores a cargo del perceptor deben acudir a la enseñanza obligatoria, el perceptor y el resto de los integrantes de la unidad familiar mayores de 18 que no estén estudiando deben estar inscritos como demandantes de empleo, todos ellos deben participar en las acciones formativas que se programen y no rechazar ofertas de trabajo.
Como complemento de la RGC, la Gerencia de Servicios Sociales programa actuaciones dirigidas a mejorar las posibilidades de empleo de los beneficiarios de renta para que salgan de la situación de exclusión social.
Ambas líneas están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la Junta de Castilla y León y llevan convocándose varios años con muy buenos resultados. Así, el pasado año, la convocatoria dirigida a la contratación de perceptores ha permitido que 115 personas accedieran a un empleo y de ellas, un 75 por ciento continuaron trabajando en la empresa donde fueron contratadas o en otra del sector una vez concluido el periodo subvencionable.
