La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reiteró este martes su denuncia acerca de las deficiencias o ‘agujeros’ en los protocolos que se aplican en los centros educativos frente al COVID-19, e insistió en la necesidad de poner los medios suficientes para los ayudantes técnicos educativos, que trabajan con alumnos con necesidades especiales, que tienen dificultad para llevar o mantener de forma permanente la mascarilla durante la jornada escolar.
Además, criticó que la Consejería de Educación no está siendo lo suficientemente “ágil” en solucionar este tipo de problemas a estos profesionales que solo en Valladolid suman cerca de 70.
CSIF se refirió al caso de un centro educativo en Valladolid donde se ha confinado una clase por un positivo en COVID-19, y agregó que, en contraposición, hay alumnos que salen de esa clase, por tener necesidades educativas específicas, los cuales, unos por edad y otros por sus discapacidades, tienen grandes dificultades para llevar y mantener las mascarillas durante la jornada escolar.
“Esto ocurre tanto en centros de educación especial, como en centros ordinarios donde hay alumnos de integración y aulas CLASS (aulas específicas para alumnos con necesidades de comunicación y lenguaje y también para niños con diversidad funcional). Estos alumnos se relacionan entre sí y, posteriormente, vuelven a sus respectivos grupos de origen”, expuso.
El trabajo realizado por el personal que atiende a este alumnado, según la central sindical, tiene un contacto directo con ellos, colaborando, muchas veces, en las necesidades más básicas de los mismos y, por supuesto, sin poderse mantener la distancia personal de seguridad en espacios cerrados, no es correctamente valorado por la Consejería de Educación en esta situación. “Especialmente dificultoso es para los ayudantes técnicos educativos, que realizan las rutas escolares en el transporte escolar, pero nos encontramos también con fisioterapeutas y enfermeras, entre otros profesionales”, advirtió.
Además, también denuncio que, incluso, en las visitas realizadas por un técnico de prevención de la Junta, se recomendó el uso de mascarillas FFP2 para este personal de atención directa, desoyéndose esta petición hasta el momento.
Al respecto, matizó que el personal está recibiendo la mascarilla quirúrgica dejando al arbitrio de los diferentes equipos directivos el uso de mascarillas FFP2, y agregó que muchos trabajadores, viendo lo indispensable de la utilización de esta medida de protección, se están viendo obligados a costearse ellos mismos las mascarillas con el fin de proteger su salud y evitar convertirse en vector de transmisión de un posible contagio por COVID-19
El sindicato reiteró que estos profesionales están en contacto con alumnos que no pueden utilizar mascarilla o que lo hacen de forma muy poco eficiente, y por tanto no se cumple el principio en el que si todos llevan mascarilla quirúrgica el riesgo se reduce “ostensiblemente” el contagio.
En este sentido, apuntó a que es obligación de la Junta de Castilla y León el proteger la salud y seguridad de sus trabajadores con medios eficaces, y agregó que los profesionales no pueden soportar el coste de las medidas de protección. Es por ello, que le instó a prestar especial atención si se confina un grupo de alumnos por un positivo y se desprecian los contactos que se hayan podido producirse en el centro educativo de esos alumnos con otros grupos y profesionales.
“No se puede dejar al arbitrio de los equipos directivos la implementación de directrices. Es la Consejería de Educación, convenientemente asesorada, la que debe marcar las directrices y no dejar todo el trabajo a los equipos directivos, que solo deberían resolver las necesarias adaptaciones a los centros”, concluyó.
