Las miserias de la Diputación de Salamanca

Las carencias de los gestores de la Diputación de Salamanca han quedado patentes este viernes desde dos flancos.

El primero, denunciado por el PSOE, consiste en que la institución provincial (su presidente se jacta de desvivirse por las personas humanas de los pueblos) prefiere devolver el dinero que recibe anualmente de la Junta para desarrollar el programa Crecemos en el medio rural y negárselo a los municipios que se quedan sin él.

Pocas veces se habrá visto algo similar, pero aquí acaba de ocurrir. “La Diputación ha devuelto, o lo que es lo mismo, no ha gastado o invertido, casi 20.000 euros del dinero que aporta la Junta de Castilla y León para el programa Crecemos en los dos últimos años. Un programa destinado a fomentar la creación de servicios de atención a niñas y niños de 0 a 3 años en las zonas rurales”, denunció el procurador socialista Fernando Pablos, con la documentación e información de la propia administración regional.

Concretamente, ha manifestado Pablos, en el año 2019 fueron 7.714,56 euros los que devolvió la Diputación a la Junta y que no invirtió en este servicio. Y 11.571,84 euros los que tampoco uso y tuvo que devolver de lo que recibió en el 2018. Lo que hace un total exacto de 19.286,40 euros de dinero aportado por la administración autonómica y que la Diputación desaprovechó. “Esto no es algo opinable y que tenga que ver con el debate político, es una realidad patente que ha quedado demostrada con datos” ha dicho el parlamentario salmantino.

Mientras la Diputación devuelve a la Junta el dinero que no invierte en  el programa Crecemos, “mantiene y niega el acceso a este programa a pueblos de la provincia de Salamanca, como por ejemplo, Fuenterroble de Salvatierra, que cumple las condiciones”, algo que para Pablos “es absolutamente escandaloso”.

“La Diputación es incapaz de gestionar bien el programa Crecemos, es incapaz de invertir en educación y en conciliación familiar en el mundo rural y, por tanto, incapaz de luchar contra la despoblación intentado fijar población en los pueblos” ha apuntado el líder de los socialistas salmantinos.

El segundo manchón en la gestión de la Diputación Provincial lo ha resaltado

el vicesecretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT) en Castilla y León, Evelio Angulo, quien calificó como “un error grave modificar el ‘status quo’ de cómo se participa en el diálogo social”, cerrando así la posibilidad de que nuevas organizaciones entren a formar parte de él a través de comisiones especializadas y se preguntó que “si algo funciona, por qué cambiarlo”.

Se refería a que la Diputación provincial de Salamanca es la única institución de la región que puentea la ley al respecto para incorporar con calzador a CES, la otra patronal salmantina, inventándose esas comisiones especializadas, algo a lo que UGT se opone.

Angulo defendió que “el modelo de diálogo social está debidamente estructurado” y recordó que está regulado “en la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la Ley de Castilla y León y el Reglamento del Diálogo Social, que determina qué organizaciones son las más representativas”.