Covid 19: Vano intento de blanquear una deplorable gestión

[dropcap]E[/dropcap]l hecho de que, en contraste con la contumaz actitud de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la Junta de Castilla y León esté respondiendo responsablemente ante el actual recrudecimiento de la pandemia no exonera al gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco de los errores, negligencias y temeridades que han salpicado su gestión desde que el Covid 19 irrumpió en nuestras vidas.

Lo digo porque ha bastado que la Junta no haya secundado la delirante estrategia de Isabel Díaz Ayuso para que el vicepresidente Francisco Igea, el “primo de Zumosol” de la consejera de Sanidad, haya intentando sacar pecho con esa gracieta según la cual en materia sanitaria, “este gobierno siempre ha hecho lo que dice Casado, Verónica Casado”. Y no. Como bien sabe Igea, dicha aseveración es falsa de toda falsedad, pero a estas alturas ninguna mentira, por grosera que sea, le va a estropear al ínclito una frase ocurrente con posibilidades de alcanzar el rango de titular periodístico.

Justo hace una semana referíamos aquí como primaron los criterios puramente políticos en el proceso de desescalada y en particular como el salto de todo el territorio de la comunidad a la fase 1 se produjo por decisión personal y unilateral del presidente Mañueco, sin dictamen del comité de expertos ni conocimiento previo de la consejera Casado, quien manifestó públicamente su “incomodidad” con esa medida. Por lo tanto, eso de que en materia sanitaria aquí se ha hecho siempre lo que ha dicho Verónica Casado es rigurosamente falso.

Y no ha sido esa ni mucho menos la única medida de alcance sanitario tomada por la Junta en estos pasados meses sin la anuencia de la consejera de Sanidad, en todo momento plegada dócilmente a los criterios de su mentor, el vicepresidente. Nadie ha explicado a estas alturas por qué razón el decreto que regulaba la “nueva normalidad” en Castilla y León, en el 90 por ciento de su contenido copiado literalmente del promulgado por la consejería de Sanidad de la Xunta de Galicia, no llevó la firma del Casado, sino la del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo (ya saben, ese eterno-chico-bien-mandado-que-igual-vale-para-un-roto-que-para-un-descosido).

De aquellos polvos -la precipitación de la desescalada forzada por la presión ejercida por los agentes económicos- han venido en parte los actuales lodos, que han llevado al confinamiento de dos capitales de provincia, León y Palencia, y de municipios tan importantes como Medina del Campo, Miranda de Ebro, San Andrés del Rabanedo o Aranda de Duero. (Digno de estudio el caso de la capital palentina, donde el virus, escasamente activo durante la pasada primavera, se ha disparado a partir del verano).

No sería que la Junta no estaba avisada por los propios profesionales, organizaciones profesionales, plataformas en defensa de la Sanidad Pública y la oposición política de los graves riesgos que entrañaba su decisión de cerrar en la práctica los Centros de Salud y los consultorios locales. Y esa desatención primaria fue la que motivó las protestas convocadas el pasado fin de semana en el medio rural por la Coordinadora Estatal de la España Vaciada.Y en estas andábamos cuando nos ha sobresaltado la estremecedora noticia de la muerte de Sonia Sainz-Maza, la mujer de 48 años residente en Espinosa de los Monteros (Burgos) fallecida a causa de un cáncer de colon sobrevenido y desarrollado durante los meses en los que, por más que lo intentó en sus consultas telefónicas con el Centro de Salud, no consiguió nunca una cita presencial. Una trágica consecuencia del mero contacto telefónico con el que la consejería de Sanidad ha sustituido la atención primaria desde que irrumpió la pandemia.

Y ahora viene la consejera Casado, Verónica, la misma que fue declarada “la mejor médico de familia del mundo”, anunciando que va a abrir una “información reservada” sobre el dramático caso de esta infortunada ciudadana burgalesa. Al tiempo que su mentor, el inefable Igea, se apresura a anunciar que “en cuestión de días o de horas volverá la atención presencial a los centros de salud”. Que se lo cuente Igea a la familia de Sonia.

A todo esto, se conoció por fin la pasada semana el informe de la Junta sobre la incidencia del Covid-19 en las residencias de ancianos de Castilla y León, donde a fecha de hoy se elevan a 2.744 las víctimas mortales de la pandemia. “Una tomadura de pelo”, ha dicho el PSOE sobre su contenido. “Un bodrio”, en opinión de Podemos.

¿Qué esperaban ambos partidos de un informe de parte? ¿Que la consejería de Familia reconociera su manifiesta incapacidad para controlar la situación  asistencial de las más de 2.000 residencias privadas cuando ni siquiera ha sido capaz de garantizar la salud de los residentes y trabajadores de las 25 de su propia titularidad? ¿Que se reconociera que la instrucción firmada conjuntamente por las gerencias de Servicios Sociales y de Salud (SACYL) cerrando el acceso a los hospitales a los residentes contagiados ha supuesto tanto condenar a un desahucio letal tal vez a más de un millar de ellos (de los 2.744 fallecidos tan solo 963 han muerto en los hospitales)?

Para mayor inri, la consejera de Familia, Isabel Blanco, se ha resistido como si le fuera el cargo en ello a facilitar la información sobre las residencias privadas, alrededor de 200, en las que la pandemia se ha cobrado víctimas mortales. Su intento de justificar dicha opacidad en la Ley de Protección de Datos ha sido completamente desmontado por el Procurador del Común, que en su condición de Comisionado de la Transparencia ha dictaminado sin reservas que procede hacer pública dicha información. Y aún así, Blanco, aprovechando que dicho dictamen no concreta ningún plazo para su cumplimiento, sigue demorando dicha información.

¿Qué intereses trata de proteger la consejería de Familia? Lo sabremos en cuanto, muy a su pesar, facilite los datos de las residencias concernidas, algunas de ellas titularidad de potentes grupos empresariales, en ocasiones participados por fondos de inversión, que se han caracterizado ya en otras comunidades por su precaria dotación de personal y deficiente gestión asistencial.

Y ni aún así el PSOE de Luis Tudanca se decide a solicitar una comisión parlamentaria de investigación que arroje luz y depure responsabilidades políticas -de las penales ya se ocupan las fiscalías y los juzgados competentes- sobre el desastre acaecido en las residencias de ancianos de Castilla y León. Luego se extrañará Tudanca de que desde su propio partido se cuestione la eficacia de su labor de oposición…