[dropcap]P[/dropcap]areciera que algunos políticos —adjudicándose una facultad prodigiosa entre soberbia y delirio— se sienten llamados, con vanidad impertinente, a cambiar el curso de los acontecimientos. El denuedo, agregado a la estupidez, forja al individuo fanático e inflexible, incapaz de ver lo pretencioso, a veces lo absurdo, de su empeño. No atino a deducir qué razón, desde luego nunca de amejoramiento, les lleva a entorpecer sus capacidades (si las tuvieren), tal vez a achicharrar su pobre brillo. Verdad es que mi opinión sobre los políticos, en cualquier ámbito, carece de lecturas arrebatadoras. Al mismo tiempo, creo ser moderado en cuanto a mis consideraciones. Infiero sus muchas lagunas y carencias, a cuyo efecto hago un ejercicio de contención en el examen que realizo con especial, quizás inmerecida, compostura.
Paradójicamente, vislumbro —diría estoy convencido— qué proyectan hacer con nuestro país, pero cuando intentan explicarlo me pierdo en un laberinto muy probablemente impulsado desde antros oficiales. Observo la comunión entre Unidas Podemos y los independentistas catalanes con el hermético plácet del gobierno que, como mucho, opone un tenue eco constitucionalista. Este rastro, y no otro, marca la dirección inequívoca emprendida por el PSOE que Sánchez arrastra a la ciénaga. Luego, surgen mezquinos agentes socialistas, y medios próximos (subvencionados con largueza), echando culpas a un PP “bloqueante”, subyugado por esa “extrema derecha que anticipa todos los males futuros de España”. Advierto, y me intranquiliza, que el subterfugio adquiera pátina de dogma incuestionable mientras la razón queda arrojada al vertedero social. Constituye un rasgo destacado en la coyuntura actual.
Nuestra democracia adolece de una genética débil y su componente educacional (parte complementaria del carácter) conforma diversas perversiones que la recrean maligna. Desde hace años vengo oteando gran actividad en ingeniería social. Cada vez estoy más persuadido de que la LOGSE, aquella ley educativa iniciada en mil novecientos noventa por Felipe González, inició la desnaturalización del sistema. Su consecuencia inmediata fue el aumento de individuos semianalfabetos, faltos de espíritu crítico, pasotas. Los medios, siempre volcados —sin eufemismo, vendidos— con la izquierda progre, han representado también un papel estelar en el deterioro notable. Al efecto, hoy los achaques que padece nuestra organización política son de tal envergadura que cualquier sigla promueve un ritual exclusivo como puntal y esencia democrática: introducir, cuando toca, papeletas en la urna. Ni más, ni menos; o sea, un fiasco, una decepción.
Decía James Madison, cuarto presidente de Estados Unidos: “¿Qué es el mismísimo gobierno sino la mayor de todas las reflexiones sobre la naturaleza humana?” Cierto, el ejecutivo condensa su propio desprendimiento o voracidad espuria, cleptómana, según indique esa reflexión apriorística sobre la naturaleza de los ciudadanos a quienes representa. Visto lo visto, nosotros hemos sido abducidos por decenios de farsa y manipulación sistemáticas (de)generando la sociedad abigarrada, rota, maldita, que aguanta estoica los abusos presentes y, peor todavía, aquellos que deslinda un horizonte infractor. Sí; el abandono acomodaticio —en ocasiones complaciente y cobarde— falto de respuesta firme, legitima las arbitrariedades que todo poder agiganta, paso a paso, sin escrúpulos ni peajes. Aunque no lo veamos así, somos instigadores más que agredidos.
Mucho se habla de cambiar el statu quo —logrado en la Transición— por parte del gobierno social-comunista. Desconozco si el enredo constituye una coartada para acreditar inocencia necia o encubrir ineptitudes. Es probable que su objetivo se alargue a ocupar el poder al máximo utilizando estrategias indecorosas. Hasta avisto posible un episodio de paranoia transversal modulada alternativamente por unos y otros. Al final, como táctica marxista, forzarán una sociedad subsidiada para monopolizar el poder de manera indefinida. Tienen ejemplos clarividentes en Andalucía, Extremadura y Castilla la Mancha, autonomías que el PSOE gobernó largo tiempo sin apenas alternancia política y que lideran de largo la penuria nacional. Aminoran todavía su aportación liberal por anquilosamiento pues atesoran engorrosas insuficiencias democráticas.
Más allá de palabras y gestos adscritos al escaparate político del que Sánchez es un gran especialista, los hechos oscurecen bastante su gestión política. No ya por animar desde la zona muerta, escondido, de tapadillo, a pisotear cualquier discrepancia o aglutinante constitucional (incluyendo el diálogo fructífero, sereno), sino por agredir —dopado con apoyos poco recomendables para un presunto partido de Estado— instituciones básicas como Judicatura o Monarquía. Censura sin pestañear todo lo que pueda suponer obstáculo para aferrarse a La Moncloa. Almacena venganza terrorífica contra quien ose retarlo real o imaginariamente. Vean, si no, con qué porfía ultraja a los madrileños para aleccionar a su presidenta. Deduzco que la resolución del TSJM, ilegalizando la orden ministerial sobre Madrid y otras nueve ciudades, ha encrespado al presidente. La respuesta enrabietada con el Estado de Alarma ad hoc, traerá consecuencias electorales y jurídicas.
A consecuencia de que el independentismo tiene agarrado a Sánchez por “La Moncloa”, léase o entiéndase dídimos, España deviene en país de los referéndums. Uno para satisfacer a ERC, al menos, y otro decisivo que pretende retribuir a sus coaligados para cambiar la Constitución. Unidas Podemos, quiere un sistema republicano, plurinacional (federado o confederado asimétrico, incluso disgregante), que le permita “asaltar el cielo”. No contento con estas “bodas de Camacho”, políticas y opulentas, UP asalta al rey y al CGPJ con la venia de expertos jueces eméritos que embarran el TSJM por considerar que dicho tribunal está contagiado ideológicamente. Su teoría descansa en que todo confinamiento precisa Estado de Alarma mientras el cierre perimetral no porque este último no restringe derechos fundamentales. ¿Contagio ideológico? Solo cuando rechace mi tesis. ¿La movilidad no es un derecho fundamental? ¡Ah! sí, claro
Constato, con alguna variante, las palabras de Ramón Sampedro: “Solo el tiempo y la evolución de las conciencias decidirán si mi “predicción” era razonable o no”. Ni soy inteligente ni tengo opción de consultar al Oráculo de Delfos; por tanto, me es imposible saber qué decisión tomará el Tribunal Supremo sobre Iglesias por el caso Dina. Tengo, sin embargo, la certeza absoluta de que querellas y farsas se resuelven por los tribunales ordinarios —cuyas resoluciones son recurribles— y por Cronos, cuyos fallos adquieren el atributo de inapelables. Este tribunal absoluto, terco, preciso, ha dado el veredicto de qué y quién es Pablo Manuel Iglesias Turrión.
Por cierto, aprovechando las ansias insólitas que algunos exhiben para cambiar la Constitución, ¿podrían los políticos completar el referéndum pertinente con la pregunta de si los españoles queremos o no Estado Autonómico?
— oOo —
