A raíz de que en el agitado Consejo Territorial de Salud celebrado el pasado 30 de septiembre respaldara las medidas anti-Covid propuestas entonces por el ministro Salvador Illa e impugnadas por la Comunidad de Madrid, la Junta de Castilla y León se ganó el respeto político en la lucha contra la pandemia. Con esa posición, el gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco hacía gala de autonomía política frente a la estrategia frentista abanderada por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con el beneplácito de la dirección nacional del PP.
Pablo Casado se delató a sí mismo cuando atribuyó la posición de la Junta al hecho de que la consejera de Sanidad, Verónica Casado, formara parte de la cuota asignada a Ciudadanos. Y Fernández Mañueco desarmó ese argumento, dejando muy clarito -lo contrario erosionaba su autoridad- que el voto de Castilla y León en ese Consejo reflejaba la postura colegiada del gobierno que él preside. Íbamos por buen camino: la Junta, consciente de la gravedad de la pandemia, anteponía el interés general a cualquier táctica partidista, ello para descoloque del máximo dirigente del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, que había acusado a Mañueco de venir respaldando la “estrategia enloquecida” de la temeraria Díaz Ayuso.
Asumidos los compromisos contraídos el 30 de septiembre, el recrudecimiento de la pandemia traía consigo el confinamiento perimetral de una decena de municipios de la comunidad, entre ellos cinco capitales de provincia que habían superado el tope de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Primero fue Palencia, luego León, más tarde Salamanca y después Burgos. Otros cuatro municipios del grupo de 15 que superan los 20.000 habitantes, Miranda de Ebro, Aranda de Duero, San Andrés del Rabanedo y Ponferrada engrosaban la relación, si bien en la capital berciana la medida no ha llegado a estar en vigor ni siquiera 48 horas.
Mañueco vuelve a las andadas.- Sin embargo, cuando más crítica ha vuelto a ser la situación -la pasada semana se batieron todos los récords de contagio al reportarse dos días consecutivos mas de 2.000 nuevos positivos- el gobierno Mañueco ha vuelto a las andadas de politiquear en su posición frente a la pandemia, algo que ya hizo con todo descaro durante el proceso de desescalada.Después de declararse partidario de implantar el toque de queda, el pasado jueves el Consejo de Gobierno de la Junta acordaba dirigirse al gobierno de la nación, a fin de que éste proporcionara cobertura jurídico-legal a dicha medida, lo cual en la práctica requería la declaración del estado de alarma. Sin embargo -y aquí radica el politiqueo- mientras la mayor parte de las comunidades autónomas solicitaban del gobierno Sánchez dicha declaración, las cuatro gobernadas por el PP se abstenían de hacerlo, sin duda obedeciendo una consigna de partido encaminada a no hipotecar el margen de maniobra de Pablo Casado, quien la pasada primavera se opuso una y otra vez al mantenimiento del estado de alarma, postura que por cierto llegó a secundar el presidente de la Junta.
En este punto Mañueco ha sido incapaz de mantenerse firme frente a Génova y se ha plegado a esa estrategia partidista, y ello a costa de dejar en una situación un tanto desairada al vicepresidente Igea, quien después de prodigarse en los medios nacionales clamando por el apoyo del gobierno central al toque de queda, se la envainaba ante la decisión presidencial de no solicitar el estado de alarma que lo diera cobertura. Una absoluta incongruencia que se intentaba resolver con una huida hacia adelante: declarar por su cuenta y riesgo ese toque de queda a partir de las 22 horas del pasado sábado pese a carecer de esa cobertura jurídico-legal, que no ha llegado hasta que el Consejo de Ministros se reunía el domingo para declarar el estado de alarma. (De hecho, según se ha conocido en la mañana del lunes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha tumbado, por falta de base legal, el toque de queda aplicado por la Junta, resolución que, aunque ya carezca de efectos, supone todo un revolcón judicial para el gobierno Mañueco).
La disparatada “lógica” de Mañueco.- Pero si hablamos de incongruencias, la más grave de todas es que el decreto en cuestión deje sin efecto los confinamientos perimetrales que hasta la noche del sábado estaban en vigor en 10 municipios de la comunidad (los ocho más arriba citados y los vallisoletanos de Pedrajas de San Esteban y San Pedro de Latarce). “El toque de queda conlleva lógicamente la anulación de los confinamientos” venía advirtiendo una y otra vez el presidente de la Junta.
Ese “lógicamente” no hay por donde cogerlo, ya que el toque de queda y el confinamiento perimetral no son en absoluto medidas incompatibles, sino por el contrario absolutamente complementarias. El toque de queda es una restricción general de carácter horario, en tanto que el confinamiento consiste en el aislamiento espacial de un perímetro físico. ¿Dónde radica la incompatibilidad de dos medidas que de hecho van a coexistir en otras comunidades, entre ellas Madrid, porque así se contempla en la declaración del estado de alarma, que deja en manos de los gobiernos autonómicos la decisión de confinar parte o la totalidad de sus respectivos territorios?
Verónica Casado y Francisco Igea (Ical)
¿No será que con esta grosera confusión entre tiempo y espacio la Junta ha querido aprovechar el toque de queda para ahorrarse el coste político derivado de los confinamientos? Alguien tendría que explicarlo y de paso también el motivo por el que el decreto publicado el sábado, como ya ocurriera en junio con el de la “nueva normalidad”, ha sido publicado por la consejería de Economía y no por la de Sanidad. ¿Será que la consejera Verónica Casado ha vuelto a eludir su firma en un decreto con el que no está plenamente de acuerdo? De momento, no hemos oído ni a la consejera Casado ni a su mentor, el vicepresidente Igea, justificar la improcedencia de los confinamientos que han ordenado y defendían hasta el pasado sábado (el referente a Ponferrada se publicó en el Bocyl del viernes).
Ciudadanos, impostura certificada.- Con este panorama, que obviamente no es el más propicio, el PSOE registró el pasado lunes en las Cortes su petición de investigación sobre la fatal incidencia del Covid-19 en las residencias de ancianos de Castilla y León. Aunque sean de mal pagador, su ultimátum ha proporcionado excusas al PP y Ciudadanos para oponerse a esta iniciativa, que inexplicablemente los socialistas han ido demorando durante meses. Por parte del PP, su veto a esta comisión no causa la menor sorpresa, ya que si no se ha opuesto a todas las que hay abiertas ha sido porque no contaba por sí mismo con la mayoría absoluta necesaria para abortarlas. En cuanto a Ciudadanos, su rechazo a esta comisión certificará definitivamente la gran impostura de un partido que, tan pronto ha tocado poder, ha mancillado la bandera de la regeneración y la transparencia política que enarbolaba instrumentalmente mientras era oposición. Nada que en Castilla y León, donde el partido naranja ya mercadeó a costa de esos principios durante la pasada legislatura, nos haya cogido tampoco por sorpresa.
