El secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, aseguró este martes que la Junta de Castilla y León y, en especial, su presidente, Alfonso Fernández Mañueco; su vicepresidente, Francisco Igea; y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, son «un peligro público» para la ciudadanía de Soria, y les acusó de provocar que los sorianos sean ciudadanos de quinta categoría y permitir que exista un agravio comparativo entre Soria y otras provincias de la Comunidad.
ICAL. En plena pandemia mundial, según Fernández, alrededor de 9.000 sorianos se han quedado sin médico o asistencia sanitaria, debido a que la Junta no ha permitido prorrogar la comisión de servicios a los nueve médicos que ayer tuvieron que abandonar su puesto de trabajo en la provincia, tras haber aprobado la oposición en 2018, dijo.
En este sentido, aseguró que la Junta ya conocía que estos nueve facultativos debían de cambiar de destino y que ejercían en Soria bajo la figura de la comisión de servicios y no se anticiparon a poner medidas y cubrir las plazas.
“Yo no sé por qué el Gobierno autonómico actúa con tanta saña y crueldad contra Soria. Es inexplicable e incomprensible y es lo más miserable que me he encontrado en los seis años que llevo en el ejercicio de la política. Estamos en pandemia y está en juego la salud de la gente. Esto es indecente”, lamentó.
El líder de Podemos en Castilla y León aseguró que la Junta conocía “desde hace meses “ que los nueve médicos que abandonaron su puesto en la Atención Primaria en Soria debían ocupar su destino definitivo, pero no “movió un dedo” para tener prevista la situación y reemplazarlos de sus puestos.
En este sentido, también destacó que los nueve médicos -siete del medio rural y dos de la ciudad- ya mostraron su deseo de prolongar la comisión de servicios para alargar su estancia en Soria.
“El desmantelamiento de la sanidad pública en Soria es doble. Primero por no haberlo previsto y, segundo, por no poner una solución inmediata. Cada segundo que pasa sin que la Junta reemplace a estos nueve profesionales es un atentado a la salud de los sorianos», lamentó.
Asimismo, reiteró que el hecho de que Soria tenga poca población no resta derechos a sus habitantes, e indicó que la Junta recorta recursos en la provincia y pone en riesgo la salud de los sorianos en plena pandemia.
“Nos dan igual las escusas, las mentiras y las palabras, ya que los sorianos se curan con médicos y no con promesas. A día de hoy hay cientos de sorianos que no tienen atención médica”, reiteró, para alentar a Mañueco, Casado e Igea a cubrir las plazas ya.
Fernández aseguró que también es “lamentable” la actitud del presidente de la Diputación, Benito Serrano y la delegada de la Junta, Yolanda de Gregorio, ya que actúan como “mamporreros» de la Junta, “agachan la cabeza y se doblegan ante sus decisiones”, en vez, apretar al Gobierno autonómico para que cubra la falta de médicos en Soria de forma inmediata. «Esto es pervertir y mancillar las instituciones sorianas. Menos escusas y decir que la Junta trabaja en ello y más exigir para que haya facultativos. Esto es la perversión de la política”, opinión.
La actuación de la Junta con respecto al traslado de nueve médicos fuera de Soria, según Fernández, es “miserable, lamentable, bochornoso e indecente”, y avisó de que en plena pandemia está “desmantelando la sanidad soriana”.
“Esta actuación denota la continua y permanente ofensa que el PP y Cs cometen para con la provincia de Soria y a esta situación actual se llega por la inacción, desidia y dejadez del Gobierno de Coalición”, dijo.
Asimismo, aseguró que la falta de médicos en Soria y el traslado de los nueve no es una reorganización sanitaria, ya que es un “recorte sangrante y brutal”, que atenta a los derechos fundamentales de los sorianos, y comprometió hacer “presión pública” en las Cortes para que el tema no quede en el olvido.
“Es muy triste que Soria siempre sea la más perjudicada y la receptora de proyectos que nadie quiere. Esperamos que sorianos sepan quiénes son sus verdugos”, dijo.
Por último, reconoció que es cierto que se ha producido un abuso de la figura de la comisión de servicios, pero, añadió, que debido a la situación actual de pandemia, su utilización está más que justificada.
“Se hacen comisiones de servicios en otros ámbitos. Las declaraciones de los dirigentes de la Junta son de vergüenza. El utilizar la comisión de servicios hubiera sido el parche a la falta de previsión de la junta “, dijo, para asegurar que lo que ha pasado en Soria “no ha ocurrido en ningún otro sitio de Castilla y León”.
Macrovaquería
Pablo Fernández también comprometió que Podemos Castilla y León vigilará y fiscalizará el proyecto de la macrovaquería de Noviercas, y aseguró que revisará la documentación municipal por la cual se aprueba el cambio de la normativa urbanística, lo que da luz verde, en parte, a su instalación.
En este sentido, aseguró que Podemos defiende otro tipo de economía y apuesta por otro desarrollo sostenible y, por ello, no defenderán que Soria se convierta en el vertedero de proyectos que nadie quiere en otros sitios de España. “La macrovaquería es cargarse el futuro de esta provincia”, concluyó.
