El decreto sanitario de la Junta solivianta a sindicatos y oposición

Todos los sindicatos representativos de la sanidad -Satse, CSIF, CESM, UGT, CCOO y SAE- acusaron este sábado a la Junta de «disparar» con su «decretazo» contra el personal de Sacyl y pidieron la dimisión del presidente Alfonso Fernández Mañueco. «No merece seguir siendo el presidente de Castilla y León ni un minuto más», aseguraron.

Ical.- En un comunicado conjunto, firmado por los seis sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad, denunciaron que el presidente de la Junta demuestra con el decreto que publica hoy el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) «su inquina» contra «gran parte» de los empleados públicos, por lo que consideraron que «no puede seguir denigrando de esta manera a un gobierno ni a una comunidad autónoma».

«Castilla y León no merece tener un presidente que no cumple sus promesas, que miente, y que se ríe y conspira contra sus empleados públicos y contra la población», apostillaron y consideraron «obligatorio» exigir la dimisión del presidente de la Junta de Castilla y León, como de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, y de su equipo.

Los sindicatos recordaron el incumplimiento de la jornada laboral de 35 horas, a lo que ahora añaden el decreto sobre las prestaciones personales obligatorias de los trabajadores de la sanidad pública. Apuntaron que «recorta» todos los derechos laborales de estos trabajadores, al mismo tiempo que en la Mesa Sectorial de Sanidad se está desarrollando un «simulacro de negociación» sobre una modificación mínima y temporal de estas condiciones. «Y lo hace con un boletín oficial en sábado, de manera traicionera, demostrando una vez más cuál es su forma de actuar», criticaron.

De esta forma, aseguraron que la negociación con las organizaciones sindicales ha quedado «totalmente rota de manera inesperada», tras la publicación con “nocturnidad y alevosía”, de un acuerdo que nunca se llegó a negociar.

En ese sentido, los sindicatos indicaron que la Junta de Castilla y León se dispone «a cometer el mayor abuso jamás realizado» sobre las condiciones de trabajo de cualquier tipo de empleado público, y añadieron «lo hace además sobre el colectivo que está soportando el envite de una pandemia mal gestionada», los sanitarios.

En opinión de los sindicatos, han «despreciado e ignorado» la postura negociadora y las propuestas que durante los últimos diez días les han presentado y consideraron que esto sucede como resultado del «incumplimiento» del Plan de Respuesta contra la pandemia. «No se ha reforzado la Atención Primaria; no se ha reforzado la Atención Hospitalaria; no se han contratado rastreadores. No se sabe dónde ha ido a parar el dinero destinado para este fin, pero desde luego no para la sanidad», apostillaron.

«La sanidad vuelve a ser el escenario de la batalla cada vez menos soterrada entre los socios de gobierno de la comunidad de Castilla y León. Y las consecuencias de esta pelea las pagan los sanitarios y la población. Una sanidad agotada y agobiada por la situación, y que al mismo tiempo sufre el acoso despiadado del propio presidente de su comunidad autónoma, nunca podrá dar la respuesta adecuada a una población también cansada de un tipo de atención que deja de lado cualquier patología diferente de la derivada de la COVID-19», agregaron.

Los políticos

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, tachó de «intolerable» el decreto de la Junta sobe la adaptación de las condiciones de los trabajadores sanitarios a la pandemia del COVID-19, que entra en vigor mañana.

En su perfil de Twitter, Tudanca recogió la respuesta los sindicatos sanitarios -Satse, CSIF, CESM, UGT, CCOO y SAE- que pidieron la dimisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado.

«Se juegan su salud y su vida para protegernos de la pandemia y les mienten, traicionan y maltratan», afirmó el dirigente socialista sobre el decreto que publica hoy el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). «Es imposible de justificar. Es intolerable», concluyó.

Por su parte, el secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, acusó a PP y Ciudadanos de haber perpetrado un «ataque deleznable» contra los profesionales de la sanidad pública, al publicar un decreto que permite adaptar algunas de sus condiciones a la situación de la pandemia del COVID-19.

«Es infame que mediante un decretazo hayan recortado derechos laborales a los profesionales sanitarios de forma tan miserable y rastrera», afirmó Pablo Fernández en un comentario en su perfil de Twitter.

Por ello, Pablo Fernández consideró que el presidente Alfonso Fernández Mañueco y el vicepresidente Francisco Igea «deberían dimitir», como exigieron este sábado los sindicatos sanitarios -Satse, CSIF, CESM, UGT, CCOO y SAE-.