La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) ha demandado a la Junta de Castilla y León reabrir las tiendas de más de 2.500 metros cuadrados «para evitar un daño irreparable sobre la actividad y el empleo». La propuesta elevada formalmente a través de la Consejería de Industria y Empleo el pasado 12 de noviembre, «no ha obtenido a día de hoy respuesta alguna», señala la patronal de las grandes superficies comerciales.
La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución es la más representativa del retail en España. Ofrece la más amplia y completa variedad de formatos comerciales, productos y marcas en todas las categorías: alimentación, hogar, electrónica, textil, ocio, cultura, etc. Agrupa a 18 compañías de distribución: Auchan Retail, Apple Retail, Bricomart, C&A, Carrefour, Conforama, Costco, El Corte Inglés, Eroski, FNAC, IKEA, Leroy Merlin, MediaMarkt, Tendam, Toys`R`Us, Sarton, Worten y Dufry.
Desde Anged afirman compartir la preocupación de la Junta para poner freno a la pandemia, «pero con medidas proporcionadas que salvaguarden la salud sin poner en riesgo la actividad comercial».
Consideran que el cierre impuesto por la Junta de Castilla y León a las tiendas de más de 2.500 metros cuadrados «no tiene reflejo en Europa en este momento. Ni siquiera en países como Alemania o Austria que en primavera establecieron medidas similares. No solo en Europa sino también en otras comunidades autónomas, las autoridades están optando más por limitaciones de aforo o de horarios, medidas todas ellas efectivas para el control de la pandemia y, desde luego, menos dañinas para la economía. La regulación del cierre de establecimientos es totalmente discriminatoria con el formato de comercio en gran superficie, puesto que por el contra permite abrir a los pequeños establecimientos comerciales, sea cualesquiera su oferta», añaden.
Los grandes establecimientos comerciales, que ya estuvieron cerrados en primavera más de 90 días, han vuelto a cerrar en Castilla y León y permanecen en esta situación en vísperas del Black Friday, una de las iniciativas comerciales de mayor aceptación por los consumidores, así como ante la próxima la campaña de Navidad, «un periodo en el que muchas empresas se juegan hasta el 30% de la facturación anual y de extraordinaria importancia para los resultados de su ejercicio económico. Por eso, mantener este cierre de los establecimientos de las grandes superficies en Castilla y León, tendrá obligadamente un coste irreparable sobre las ventas y el empleo. También sobre toda la cadena de valor y los miles de empleos (industria, servicios, logística, limpieza, seguridad, etc.), que directa e indirectamente dependen de la apertura de nuestros centros», indican.
Señala que según datos del Ministerio de Sanidad, el ámbito laboral «es sólo responsable del 16% de casos positivos por covid en España. De ese porcentaje, Sanidad únicamente atribuye al Comercio el 0,8% de los contagios en el ámbito laboral. Los datos demuestran por tanto que las empresas han trabajado desde el inicio de la pandemia para crear espacios de compra seguros tanto para los clientes como para empleados. En estos meses han transformado toda su operativa, espacios de venta, organización de personas y cadena logística para asegurar una compra segura, cumplir con las restricciones de aforo y concienciar al conjunta de la ciudadanía de la importancia que tiene el distanciamiento social y la colaboración de todos en la lucha contra la pandemia», explica.
Añade que los grandes establecimientos tienen además una serie de condiciones que favorecen la aplicación de las medidas de prevención, «entre ellos un espacio más amplio para garantizar la distancia de seguridad; techos altos para reducir la concentración de partículas; renovación y filtración permanente del aire, personal de seguridad y control de acceso; parking para desplazarse en vehículo propio en lugar de transporte público; un surtido de productos más amplio para concentrar las compras en un solo desplazamiento, entre otros».
Por todo ello, demanda a la Junta de Castilla y León «reorientar de forma urgente las restricciones impuestas sobre una parte del comercio y trabajar en un enfoque global de colaboración, que nos ayude a poner freno a la covid, sin penalizar una actividad económica fundamental».
