[dropcap]C[/dropcap]uando todas las demás comunidades autónomas andan tentándose la ropa y ninguna se atreve a levantar sus restricciones antes del puente de la «Inmaculada Constitución» -la de Madrid ha hecho justamente lo contrario: cerrar su territorio entre el 4 y el 14 de diciembre- la Junta de Castilla y León ha decidido desafiar la razón iniciando por Ávila y Segovia una desescalada que, con los datos en la mano, resulta ciertamente temeraria.
El mundo al revés: la comunidad autónoma que lleva más de una semana encabezando el ranking estatal de incidencia acumulada (a fecha de hoy, 730 casos en los últimos 14 días) es la única que ha tenido la osadía de lanzar una desescalada en vísperas del puente de diciembre. Cierto que ha comenzado el proceso por las dos provincias que presentan mejor situación epidemiológica, pero el índice de incidencia Covid-19 en ambas -324 en Segovia y 379 en Ávila- está muy por encima de los que registran Madrid (270), Galicia (273), Valencia (281), Extremadura (294) o Cataluña (299). Con el dato añadido de que las UCI de sus respectivos hospitales provinciales están en el 140 y en el 93 por ciento, respectivamente, de su número de camas iniciales en dichas unidades.
A primera vista puede achacarse a la presión de los sectores más afectados por el «cerrojazo» aplicado el pasado 6 de noviembre, a saber la Hostelería y los centros comerciales de más de 2.500 metros cuadrados de superficie. Por más que la Junta haya prometido ayudas que a saber cuando se harán efectivas (que se lo pregunten a los trabajadores en ERTES, que siguen sin haber visto un euro del ingreso complementario acordado en el Diálogo Social el pasado 25 de marzo), la Hostelería está que trina y con toda a razón, al extremo de que en Palencia amenaza con saltarse la prohibición y abrir por las bravas durante el puente.A la luz de esos datos ¿cómo interpretar esta decisión del gobierno Mañueco, que pone en evidente peligro el avance registrado en las últimas fechas para frenar la pandemia e incluso el declarado objetivo de «salvar las Navidades»?
Pero lo cierto es que si se analiza la trayectoria seguida por el gobierno de la comunidad en la lucha contra la pandemia, y en particular la del presidente Mañueco, se comprobará que los bandazos han sido una constante. Levantado el estado de alarma y el confinamiento general de marzo y abril, en mayo la Junta inició el proceso de desescalada -aquello de las fases hasta alcanzar la «nueva normalidad»- fijando como ámbito de aplicación el de las zonas básicas y áreas de Salud. Inmediatamente se cayó en la cuenta de que en la práctica eso resultaba inaplicable, razón por la cual pasó a adoptarse como unidad territorial la provincia, saltándose, eso sí, como le vino en gana tanto sus propios criterios epidemiológicos como los plazos fijados por el ministerio de Sanidad. Eso durante la desescalada de la primera ola.
Y ahora, al levantarse las restricciones en Ávila y Segovia, se regresa a aquel confinamiento de ámbito provincial, ello sin perjuicio, según ha advertido el vicepresidente y cerebro muñidor esta desconcertante estrategia, Francisco Igea, de su coexistencia con otros confinamientos de ámbito municipal.Llegada la segunda, se cambia de nuevo la estrategia, yendo a los cierres perimetrales por municipios, situación en la que llegaron a estar una decena, entre ellos cuatro capitales de provincia, Palencia, León, Salamanca y Burgos, y otros de la importancia de Aranda de Duero (éste durante dos etapas diferentes), Miranda de Ebro, San Andrés del Rabanedo y Ponferrada. Sin embargo, al decretarse el actual toque de queda -medida sin otro alcance que el de carácter horario- la Junta volvió a cambiar de criterio, dejando sin efectos esos confinamientos perimetrales -el de Ponferrada estuvo en vigor escasamente 48 horas- para sustituirlo por el cierre perimetral de todo el territorio de la comunidad vigente desde el pasado 30 de octubre.
Este enésimo y temerario bandazo de iniciar la desescalada de su segunda ola se ha adoptado sin que se tenga noticia de que lo avala el sedicente comité de expertos nombrado por la Junta, un grupo manejado a su antojo por el gobierno Mañueco, que lo activa cuando le interesa barnizar las restricciones de un pátina científica y le mantiene inactivo cada vez que decide ponerse por montera los criterios epidemiológicos. Ya lo vimos con ocasión de la anterior desescalada, cuando el presidente anunció por su cuenta el salto de la fase 1 a la fase dos dejando con el culo al aire al secretario de ese comité, Ignacio Rosell, quien un día antes había declarado que ninguna de las nueve capitales de provincia cumplía los criterios para saltar de fase. Fue cuando la consejera Verónica Casado -¡qué papelón el suyo!- confesó su «incomodidad» (sic) con esa medida.
En esa misiva Mañueco abogaba por intensificar las restricciones, justo lo contrario de lo ha empezado a hacer una semana después: «los datos de la evolución de esta crisis sanitaria demuestran que las medidas temporales de carácter extraordinario, que desde la Junta de Castilla y León hemos ido adoptando, deben ahora intensificarse sin demora alguna con unas nuevas e indispensables restricciones, para prevenir y contener el virus, y mitigar su impacto sanitario, social y económico», afirmaba literalmente el presidente de esta comunidad. La errática estrategia seguida por la Junta -o, por mejor decir, por el tándem Mañueco-Igea, con la citada Casado como mera comparsa- no tiene parangón. Este último capítulo de iniciar la segunda desescalada se ha producido seis días después de que el presidente de la Junta publicitara una carta dirigida al presidente del Gobierno de España en la que se urgía la convocatoria de la Conferencia de Presidentes «para hacer el seguimiento de la situación durante el estado de alarma».
Por ello instaba al gobierno de la nación a que asumiera su responsabilidad ante esta grave situación, lo cual conectaba con la postura manifestada por la consejera Casado a primeros de mes a favor de que se modificara el decreto del estado de alarma para poder aplicar un eventual confinamiento domiciliario en Castilla y León. Y de ese pretendido confinamiento frenado por el ministro Illa hemos pasado en cuestión de días a abrir de nuevo la hostelería, los centros comerciales y los gimnasios en Ávila y Segovia. Que lo compre quien lo entienda.
La «crónica de una caótica gestión sanitaria», como aquí titulábamos a finales de julio el compendio de actuaciones del gobierno Mañueco ante el Covid-19, no ha parado de escribir nuevos capítulos, entre los que no han de olvidarse los dos inmediatamente anteriores a esta temeraria desescalada iniciada en Ávila y Segovia: el «decretazo» con el que se ha premiado los servidores de la Sanidad Pública y el cobarde veto a que se investigue lo ocurrido en las residencias de ancianos, en las que se cifran ya en 3.770 las vidas que se ha cobrado la pandemia. Con semejante bagaje a sus espaldas, los Mañueco, Igea, Casado y sus respectivos adláteres necesitan tener cuajo para permitirse sacar pecho…A todo lo anterior han de añadirse las dos desautorizaciones sufridas por la Junta en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. La primera por lanzarse a aplicar por su cuenta el toque de queda careciendo de facultad para ello, algo que sabe cualquier estudiante de primero de Derecho y que el presidente Mañueco, licenciado con gran esfuerzo en la materia, pretendió pasarse por el forro. La segunda por pretender cerrar las residencias de ancianos a las visitas, medida revocada por el TSJ, que ha tenido que recordar a Mañueco que «las personas que viven en centros residenciales son ciudadanos como los demás cuya vulnerabilidad frente a la enfermedad merece la adopción de cuantas medidas sean precisas para hacer efectiva su protección, no necesariamente mediante una restricción de sus derechos fundamentales mayor que la del resto de los ciudadanos«. Y en consecuencia la sala competente del tribunal dictaminaba que esa restricción produciría de facto «un confinamiento domiciliario de un sector de la población en todo el ámbito de la comunidad, de forma indiferenciada».
