Castilla y León está dispuesta, en aras del consenso, “a ceder” en la ampliación de la franja del toque de queda y del número de personas que se pueden reunir en el plan de la Navidad que deben aprobar Gobierno y comunidades en el Consejo Interterritorial de Salud.
Así lo adelantó el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en su comparecencia, a petición propia, ante el Pleno de las Cortes para informar sobre las actuaciones realizadas y normas dictadas por la Junta en relación con la crisis sanitaria del COVID 19 y sobre las medidas previstas para el futuro.
Fernández Mañueco abogó por criterios comunes de las comunidades para responder unidos ante el virus, si bien afirmó que están dispuestos a ser menos restrictivos en las medidas para llegar a ese acuerdo conjunto.
“Es poco comprensible que se deje a las comunidades y el Gobierno actúe a demanda”, se quejó el presidente de la Junta, que reclamó liderazgo al Ejecutivo central y advirtió de que la cogobernanza requiere corresponsabilidad de la otra parte. “El virus no sabe ni le importa lo que dicen los estatutos de autonomía”, aseguró.
Así, rechazó que el Gobierno se ponga “de perfil” y tampoco que “acapare todo el protagonismo”, apuntó por “ir de la mano desde la responsabilidad” y por una dirección unificada para combatir la pandemia y en el reparto de los recursos que deben llegar de la Unión Europea.
Durante su intervención, puso en valor que siempre han mantenido una posición de lealtad y responsabilidad con el Gobierno central, pero se quejó de que éste no haya aprobado una normativa intermedia al estado de alarma, que en esta segunda ola se ha dejado a las comunidades autónomas.
Castilla y León acordó el 22 de octubre el toque de queda desde las 22.00 a las 6 horas, el cierre perimetral de la Comunidad desde el 30 de octubre y la clausura de la hostelería, centros comerciales y gimnasios desde el pasado 6 de noviembre.
