[dropcap]C[/dropcap]asi año y medio después de que aterrizara en la Junta, el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco ha tenido a bien presentar por fin sus primeros Presupuestos de la Comunidad (el pasado año pasó olímpicamente de hacerlo y prorrogó los que se encontró vigentes, que a su vez ya habían sido prorrogados por el Ejecutivo saliente de Juan Vicente Herrera).
Unos Presupuestos realmente expansivos tendrían que sustentarse sobre una inversión en infraestructuras y equipamientos públicos generadores de empleo y crecimiento económico. Y de eso hay muy poquito en las primeras cuentas del gobierno Mañueco. Basta ver la dotación de la que dispone la consejería inversora por excelencia, Fomento y Medio Ambiente, que apenas crece un 5 por ciento con respecto a 2018 (ocho puntos por debajo de esa media del 13,2, que descansa en el fuerte incremento que registran Sanidad, y Educación, que crecen el 21,7 y el 14,6 por ciento respectivamente).Esas dos prórrogas consecutivas, junto a la inyección de fondos extraordinarios del Estado para afrontar los gastos del Covid-19, han situado los Presupuestos de 2021 en 12.291 millones de euros, cuantía que supone un incremento del 13,19 por ciento respecto a los de 2018, a fecha de hoy todavía en vigor. Teniendo en cuenta esos dos factores -que ese incremento corresponde a tres anualidades y que los recursos adicionales están destinados en su práctica totalidad a financiar el creciente gasto sanitario y los estragos económicos y sociales causados por la pandemia, no cabe hablar, como ha hecho frívolamente el presidente Mañueco, de unos Presupuestos «expansivos», sino de unos Presupuestos de emergencia sin más alcance -que no es poco- que el de paliar los demoledores efectos de la triple crisis (sanitaria, económica y social) originada por el Covid-19.
La deuda pública de la comunidad detrae nada menos que 1.423 millones, el 11,58 del gasto presupuestado, y ello pese a que los intereses, ahora a tipos bajo mínimos, «solo» nos cuestan 239 (los 1.184 restantes corresponden a amortizaciones). Un lastre que será cada año mayor, toda vez que a lo largo de 2021se contempla la suscripción de otros 675 millones de deuda nueva.El primer lastre de estos nuevos Presupuestos elaborados por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo (ya saben el eterno-chico-bien-mandado…) radica en el oneroso coste de una deuda pública que comenzó a dispararse al comienzo de la anterior crisis y no ha dejado de hacerlo desde entonces, superando ya los 13.000 millones de euros y el 23 por ciento del PIB de la comunidad.
Únicamente las Consejerías de Sanidad (4.365 millones) y Educación (2.360) cuentan con dotación superior a la que absorbe la deuda. Familia, que tiene a su cargo toda la política de Dependencia, se queda en 1.081 millones. Y las siguientes son ya Fomento y Medio Ambiente (540 millones), Agricultura (524), Economía (376), y Empleo e Industria (358). De las restantes tan solo las de Presidencia (141 millones) y Transparencia (20,2) crecen por encima de la media del conjunto del Presupuesto, un 28,4 por ciento la primera y un 18,8 la segunda.
Para pagar a esa legión de eventuales (más del doble de los que tenía el gobierno de Herrera) que encabeza el ex senador Ignacio Cosidó, la Junta ha consignado cerca de 1,6 millones de euros. Junto al «amigo Nacho» y otros caídos electorales del PP, como la también ex senadora Esther Muñoz, hasta el momento engrosan la nómina 25 periodistas o asimilados, tres de ellos al servicio directo del presidente -Herrera se apañaba con dos- y cuatro al del vicepresidente Igea, cuyos antecesores se arreglaban con uno. Si se toma como referencia este negociado, al Presupuesto no se le puede negar un carácter expansivo.Despilfarro, enchufismo y autobombo.- Naturalmente, solo faltaba, se congelan los sueldos del cerca del centenar de altos cargos de la Junta y directivos de la Administración B, aquella conformada por las empresas públicas, fundaciones y demás chiringuitos que el gobierno Mañueco, a instancias de Ciudadanos -tiempos aquellos en los que Francisco Igea proclamaba su propósito de acabar con el despilfarro y el enchufismo de todo ese entramado- iba a reducir o eliminar. No así el de los salarios del personal eventual de confianza (alguno de tanta confianza, como las merluzas que llevan una semana con el pescadero) nombrado a dedo al servicio de los altos cargos, que se beneficiarán del 0,9 por ciento de subida fijada para los funcionarios y demás empleados públicos.
Y por supuesto, no se escatima para el autobombo: Más de 12 millones de euracos se reparten las consejerías para «campañas de promoción», con Cultura (por aquello del Turismo) a la cabeza, con más de 5. Presidencia dispone de 2,2, la amiga Carlota (Empleo) de 1,6 y Fomento de algo más de uno. Esta última reserva más de 25 millones de euros (el 5 por ciento de su escuálido Presupuesto) a «contenidos de interés general» en la Televisión Digital Terrestre, partida que nutre a la única televisión autonómica privada que emite en Castilla y León.
En fin, un Presupuesto para capear malamente el temporal, que para nada afronta los grandes problemas estructurales de esta desdichada comunidad autónoma -sangría demográfica, desequilibrios territoriales, descohesión social y política…- que, no solo persisten, sino que han seguido agravándose durante la pandemia. Verbigracia, ya veremos cuantos somos en el próximo censo de población…Inevitablemente el gasto público extraordinario generado por el Covid-19 distorsiona las cuentas de la Junta, que, como se ha dicho antes, vienen condicionadas por la pandemia. Nos quedamos por ello sin saber cómo hubiera priorizado el gasto en situación de normalidad un gobierno como el de Mañueco, en el que el PP ha tenido que negociar paralelamente con las dos facciones en que se haya dividido su socio: el grupúsculo liderado por Igea, que acapara toda la representación del partido en la Junta, y el sector oficialista fiel a Inés Arrimadas, que controla el grupo parlamentario. Lo único que sabemos es que en situación de normalidad habrían perpetrado la práctica supresión (bonificación al 99 por ciento) del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, cuya tramitación tuvieron que suspender al irrumpir la pandemia y se han tenido que seguir comiendo ante la drástica caída en la recaudación de los ingresos propios de a comunidad.
