CCOO y UGT denunciaron este martes la situación de las gestiones de los despidos que está haciendo la empresa Tragsatec, que fue contratada por el Gobierno para suplir el retraso de los expedientes que estaba teniendo el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que acumulan un año y medio.
Emilio Pérez, secretario provincial de CCOO, explicaba que ya desde hace mucho tiempo, la resolución de expedientes era muy baja debido al aumento de despidos que habían acabado en el Fogasa de Salamanca cuya plantilla quedó reducida, además, a cuatro trabajadores.
Al ir en aumento esta labor a nivel nacional, los Ministerios de Trabajo y Hacienda contrataron a Tragsatec y se empezaron a pasar parte de los expedientes a la unidad de Madrid, donde las resoluciones se hacen de forma errónea ya que son de una cuantía menor a la que debería.
Al mismo tiempo, Fogasa recibe una querella de Valencia y debe dejar de pagar todas las indemnizaciones. Tal y como decía Pérez, la situación se ha alargado ya casi 4 años y, a pesar de los avisos hechos desde el sindicato, “desde el Ministerio no se hizo ni caso.
La situación se agrava
CCOO cree que estas medidas se tomaron en beneficio de la empresa privada y el “amiguismo” que lleva practicando el PP desde que está en el Gobierno. Mientras tanto, el problema se agrava ya que los juzgados se colapsan de gente que reclama su dinero, Fogasa tiene que dar la cara por gestiones administrativas que no están realizando y además, las resoluciones llevan un retraso de año y medio en su pago.
UGT, por su parte, señaló que este organismo es el encargado de adelantar a los trabajadores parte de los créditos salariales e indemnizaciones por despido pendientes de pago, bien sea por la aprobación de concursos de acreedores bien por las declaraciones de insolvencia.
La ley otorga un plazo de 3 meses para resolver las solicitudes ante el Fogasa. Este plazo venía siendo respetado por este organismo, a pesar del escaso personal del que está dotado y gracias a su esfuerzo.
Además de los retrasos, UGT asegura que se están produciendo «innumerables y clamorosos errores, de tal entidad que obligan a los trabajadores a acudir nuevamente a los juzgados para que se les reconozcan sus derecho con el coste económico y temporal que ello implica».
Por Beatriz del Campo
