Un total de 1.664 personas fallecieron desde enero a noviembre en Castilla y León cuando se encontraban en la lista de espera para acceder a las ayudas al Sistema de Atención a la Dependencia. A nivel nacional esta cifra se eleva hasta las 51.540 personas, según un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que califica de “catastrófico” el impacto del COVID-19 en el sistema de ayudas, ya que está generando “mucho dolor, sufrimiento y muerte a miles de personas en situación de dependencia y a sus familiares”.
ICAL. Cataluña, con 13.134 fallecidos, se sitúa en cabeza por delante de Andalucía (10.994), Madrid (5.049), Canarias (3.004) y País Vasco (2.324). Además, según el estudio, solamente en nueve comunidades ha crecido el número de personas beneficiarias con prestación respecto a noviembre de 2019: Valencia (15 por ciento), Asturias (13,8 por ciento), Baleares (11 por ciento) y Canarias (8,1 por ciento). Mientras tanto, las mayores caídas se registraron en La Rioja (-7,2 por ciento), la Comunidad de Madrid (-7 por ciento) y Cataluña (-4,6 por ciento).
Por otra parte, en el informe se indica que hasta noviembre se observa un exceso de mortalidad de 39.160 personas en el Sistema de Atención a la Dependencia de las víctimas, el 82 por ciento tenía más de 80 años (35.179 personas), y el 37 por ciento de las muertes se ha producido en personas con grado III.
Además, también se observa un impacto muy elevado en la mortalidad en personas atendidas en residencia, con un exceso de fallecimiento de 21.513 personas. La tasa de dependientes fallecidos en residencia fue de 219 por cada mil. Las mayores tasas del año se registraron en Madrid (307), Castilla-La Mancha (281) y Cataluña (259). En el mes octubre las comunidades con una mayor tasa de personas fallecidas con prestación en residencia por cada mil personas fueron la Comunidad Foral de Navarra (24,5 personas), Andalucía (24,2) y Murcia (23,9).
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales concluyó que «es necesario insistir en que urge lograr los acuerdos necesarios en el Consejo Territorial para poder implementar de manera inmediata el reparto del nivel acordado y la asignación del nivel mínimo».
Asimsimo, advierten de que «sería imperdonable que, dado lo dramático de las cifras, los electoralismos cortoplacistas y tacticismos de todo tipo y color que, por desgracia, caracterizan a la política española en los últimos años, se antepusieran a la solución de la auténtica emergencia humanitaria que están viviendo las personas dependientes«. «Hay que recordar que cada nueve minutos en España fallece una persona en el laberinto burocrático de la Ley», sentencian.
