Los centros sanitarios estaban colapsados antes de la pandemia

Después de años arrastrando problemas, la pandemia de coronavirus no ha sido la causa del colapsado sanitario de Castilla y León en general y de Salamanca en particular, pero sí la gota que ha colmado el vaso y puesto al descubierto las carencias del mismo. El colapso se produjo con anterioridad «por la política economicista, de ahorro de costes a ultranza, que la llevado a los profesionales y al propio sistema al caos», según denuncia el sector.

Ahora, con la pandemia, todo se ha puesto de manifiesto gracias a las reiteradas denuncias de los profesionales y los sindicatos del sector que ya lo venían sufriendo. El «adelgazamiento de las plantillas» ha acentuado el colapso de los centros, según afirman diversas fuentes sanitarias, que acusan a Sacyl de aplicar “políticas de recursos humanos determinadas siempre por disminuir el gasto. Las plantillas de los centros de atención primaria y de los hospitales se han venido reduciendo considerablemente durante los últimos años, con el único objetivo de ahorrar costes de personal, pero en la actual legislatura esta política ha llevado, incluso antes de la pandemia COVID, a los centros y a los profesionales al colapso y ha exigido de todos los trabajadores sanitarios en general, y de los médicos y enfermeros en particular, esfuerzos sobrehumanos”.

Diversas fuentes profesionales y sindicales del sector sanitario consultadas por La Crónica de Salamanca, ponen el foco en el “alejamiento de la realidad y la falta de capacitación de los actuales responsables de la Dirección General de Profesionales”, que es el organismo responsable de la gestión de los recursos humanos, y el origen de los efectos para el sistema sanitario público de Castilla y León.

Algunos errores de la política de gestión de los recursos humanos que refieren los profesionales son los siguientes:

1. Disminución de la plantilla y falta de adecuación de las mismas a las necesidades reales de cada centro de trabajo, con desconocimiento de los perfiles profesionales concretos de las plazas que se necesitan y de la cualificación de los profesionales que deban cubrir las mismas.
2. Falta de previsión de las necesidades actuales y a corto y medio plazo en base a las jubilaciones que se van a producir en los próximos años, e incluso al incremento de prejubilaciones o jubilaciones anticipadas que se están produciendo durante la actual pandemia.
3. Emigración de numerosos profesionales a otras CCAA con políticas de personal más flexibles y mejor trato profesional y humano.
4. Insolvencia para reconocer e integrar en el desempeño profesional la actividad docente e investigadora, un aspecto que suele ir ligado a las inquietudes de los mejores profesionales que se deberían retener.
5. Incapacidad para retener o atraer profesionales de prestigio debido a la rigidez en los procedimientos de contratación donde la antigüedad pesa mucho más que los méritos científicos y profesionales, tanto para contrataciones temporales como en las oposiciones para plazas estatutarias.
6. Incapacidad para retener a los MIR que finalizan la residencia en Castilla y León, y falta de atractivo y exceso de trabas burocráticas para atraer a profesionales de reconocido prestigio de otras comunidades y especialmente del extranjero.
7. Reducción en los últimos años del número de plazas ofertadas para la formación MIR en convocatorias pasadas y un incremento reducido (menor que otras comunidades) del número de plazas convocadas para el año 2021, incluso con una reducción importante en algunas especialidades concretas ignorando las solicitudes de los centros y servicios y las recomendaciones de las Comisiones de Docencia.

Todo ello ha conducido, según explican, «a un envejecimiento de las plantillas y a una pérdida de calidad profesional y científica en el sistema sanitario de Castilla y León. Este tipo de errores cometidos desde la dirección general de Profesionales son consecuencia de la falta de diálogo con los propios profesionales y sus representantes, tanto sociedades científicas como sindicatos, así como por la toma de decisiones unilaterales señalan las fuentes consultadas», indican.

Otras medidas, de rango superior, que exceden a las competencias de la dirección general, con una incidencia importante, son impulsadas desde otros organismos de la propia Consejería de Sanidad y por la propia Junta como han sido recientemente la exigencia del cumplimiento de las 37,5 horas semanales, «incumpliendo las promesas realizadas en la mesa sectorial de eliminar la prolongación de jornada, y en un momento en el que los profesionales están especialmente agotados por la pandemia COVID». En segundo lugar citan la «elaboración e imposición unilateral del decreto que recorta derechos fundamentales de los trabajadores sanitarios» y que ha provocado un documento de rechazo de los sindicatos y manifestaciones de protesta ante la Consejería de Sanidad y ante los centros sanitarios, mientras que en otras autonomías han retirado decretos similares.

Todo ello contribuye a crear un caldo de cultivo de descontento de los profesionales «y limita el desarrollo actual y futuro del propio sistema sanitario», concluyen.