[dropcap]O[/dropcap]bjetivo prácticamente cumplido. En noviembre, en pleno repunte de la segunda oleada del Covid-19, la Junta de Castilla y León se apuntó decididamente al carro de «salvar las Navidades», expresión que habría que traducir como «salvar el consumo navideño». Frente a otros que no reconocían un propósito que asociaba la lucha contra la pandemia a la falsa dicotomía entre Salud y Economía, el presidente Fernández Mañueco fue sumamente explícito: «Se están tomando medidas duras precisamente para salvar las Navidades, y no solo en el aspecto comercial, sino también en el emocional».
Por aquel entonces la consejera de Sanidad, Verónica Casado, abogaba en el Consejo Interterritorial de Salud por el posible confinamiento domiciliario en la comunidad y advertía de que, si continuaba el ritmo de contagios y el nivel de ocupación de las UCI hospitalarias, Castilla y León se vería obligada a trasladar enfermos a hospitales de otras comunidades. La situación parecía límite y días después Mañueco dirigía una carta al presidente del Gobierno en la que, al tiempo que solicitaba la urgente convocatoria de una nueva Conferencia de Presidentes, abogaba por intensificar las medidas restrictivas para lograr contener la expansión del virus.Tras decretar a finales de octubre el cierre perimetral de Castilla y León y declarar a comienzos de noviembre el máximo nivel de alerta sanitaria en todo el territorio de la comunidad, la Junta decretaba el cerrojazo total de la hostelería, gimnasios y centros comerciales de más de 2.500 metros cuadrados. Castilla y León se situaba entonces, 6 de noviembre, a la cabeza del ranking estatal de incidencia acumulada y el presidente Mañueco activaba ese comité de sedicentes expertos que aparece y desaparece como el Guadiana para justificar las fuertes restricciones adoptadas.
El levantamiento parcial de las restricciones comenzó por Ávila y Segovia, siguió por León y Salamanca, y se ha extendido desde hoy al resto de las provincias, con la excepción de Burgos capital, que, o mucho me equivoco, o la próxima semana completará el mapa y con ello el objetivo de la Junta de «salvar las Navidades» en Castilla y León. (Puesto que ya lo ha hecho «El topillo», me abstengo de comentar el similitruqui, propio de los más avezados trileros, con el que el gobierno Mañueco facilitó el pasado sábado la concentración de 250 personas en la catedral burgalesa).Sin embargo, inopinadamente, en menos de una semana la Junta, se ignora si con el beneplácito de los sedicentes expertos, da un giro copernicano y decide iniciar un nuevo proceso de desescalada, sin que fuera óbice ni cortapisa que las nueve provincias continuaran en máximo nivel de alerta y la comunidad en su conjunto encabezando el ranking autonómico de incidencia acumulada.
¿Acierto o temeridad?.– Ese objetivo se ha visto acompañado por un espectacular descenso de la tasa de incidencia en Castilla y León, que ha pasado de los 730 casos que nos mantenían a la cabeza nacional el pasado 26 de noviembre a los 274 registrados a fecha de hoy. Una evolución sorprendentemente positiva que la Junta no duda en atribuir a su acertada estrategia. A propósito: si el gobierno autonómico se cuelga la medalla cuando la situación mejora, ¿quién ha de hacerse responsable cuando empeora?
En su reciente comparecencia ante el pleno de las Cortes, a Mañueco se le notó especialmente preocupado por esos dos frentes, con los que trató inútilmente de congraciarse. Con los hosteleros cometió el desliz de afirmar que el «cerrojazo» de noviembre se produjo de forma consensuada con ellos, afirmación que ha conseguido agudizar aun más su monumental cabreo. A los sanitarios les dedicó unos encendidos elogios que sonaban más falsos que un euro de madera y, aunque anunció que se reuniría con ellos para desbloquear el conflicto, en dos semanas no ha tenido tiempo de hacerlo. El tiempo dirá si esta estrategia de «salvar las Navidades» se salda sin consecuencias o está siendo una temeridad que acarreará la secuela de una nueva oleada del Covid que nos haga aún más insufrible la cuesta de enero. Entretanto, no cabe duda de que, amén de un respiro ciudadano, constituye un importante alivio político para el gobierno Mañueco, al que se le han abierto en este tiempo dos frentes que han perturbado su plácida trayectoria: el enorme malestar con la Junta de los sectores económicos damnificados, especialmente la Hostelería, y la indignación del personal sanitario, gratuitamente agredido con un infame «decretazo» presidencial.
Pero aunque conozca mejor que nadie quienes fueron los inductores, el personal sanitario atribuye la agresión a quien la rubricó en el Bocyl, y ese no fue otro que el presidente de la Junta en su condición de «autoridad competente delegada». Su dimisión pidieron desde el primer instante y siguen pidiendo en sus movilizaciones. La consejera Casado, cuya figura empieza a resultar patética, y el taimado Igea no le sirven ya de coraza a Mañueco. Ni ante los trabajadores de la Sanidad ni a ante los hosteleros y otros sectores económicos damnificados por la pandemia. El presidente, tan dado a confundirse con el paisaje, ha quedado al descubierto.El «decretazo», un grave error de bulto.- El «decretazo» sanitario, un brusco pisotón en un callo extremadamente dolorido, es el mayor error político cometido por Mañueco en el cerca de año y medio que lleva como presidente. Y para mayor fatalidad, absolutamente prescindible, como lo prueba el hecho de que no ha sido necesaria su aplicación ni afortunadamente existen visos de que lo sea. Es evidente que fue un error inducido por la consejera de Sanidad y su padrino, el vicepresidente Francisco Igea, que en un momento dado -mediados de noviembre- entraron en pánico temiendo que el sistema regional de Salud no pudiera dar respuesta y los hospitales colapsaran en esta segunda oleada de la pandemia.
