La Central Sindical Independiente y de funcionarios (CSIF) denunció este domingo que el Gobierno autonómico y el Consejo del Diálogo Social, facilitan que, del incremento de tres millones de euros -en 2020- para el Operativo de Prevención y Extinción contra Incendios Forestales (OPEIF) de la Junta de Castilla y León, solo 392.141 euros (el 13 por ciento) vayan al personal público de la Administración autonómica.
ICAL. En un comunicado, CSIF criticó la «complicidad» de los sindicatos UGT y CCOO, que han propiciado que, con el acuerdo 2018-2020 del Consejo del Diálogo Social, el 87 por ciento del incremento de los recursos económicos de la Junta para el operativo , es decir, 2,6 millones de euros, vayan a parar a la parte «privatizada» del operativo, en vez de a reforzar con más personal el servicio de la Comunidad, y mejorar las condiciones de trabajo y retributivas de su personal laboral.
También, CSIF denunció esta “incomprensible, sorprendente e intolerable situación”, en el Consejo de Función Pública que se celebró el pasado día 11, pero que se suspendió hasta este lunes 14, por cuestiones técnicas del encuentro online.
Por ello, hizo hincapié en que las materias que afectan a los empleados públicos no se pueden negociar en el Consejo del Diálogo Social, sino en las distintas mesas de negociación colectiva de la Administración de Castilla y León. “Algo que algunos sindicatos deberían tener muy claro, a no ser que prefieran poner por delante otros intereses de dudosas intenciones”, afirmó.
La propuesta de CSIF para establecer un periodo mínimo de prestación de seis meses para todos los bomberos forestales del operativo autonómica, resultaba un total de 1.466 meses de trabajo, que multiplicado por el salario mensual correspondiente ascendía a un total de 1,96 millones de euros.
“Pero una vez más, tenemos que contemplar cómo la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, con la connivencia de algunos sindicatos, prefieren seguir destinando un gran porcentaje de los medios a la parte privada del operativo, a las empresas privadas, en lugar de destinarlo a aumentar el número de meses del personal propio, de los bomberos forestales de Castilla y León”, remarcó CSIF.
Asimismo, señaló que la propuesta de la Junta, “consecuencia de los acuerdos del Diálogo Social”, deja sin ninguna mejora laboral a más la mitad de los más de 750 trabajadores públicos del operativo, como es el personal de los puestos de vigilancia o centros provinciales de mando, “que desarrolla una gran labor preventiva, y una eficacia y ahorro demostrado frente a las inversiones millonarias de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en sistemas de cámaras de videovigilancia, que además de cuestionadas lleva aparejada la contratación de personal externo”.
Todas las mejoras previstas se destinan a conductores y peones de autobombas, incrementando las diferencias con el personal de vigilancia y detección, invirtiendo solamente en extinción y nada en prevención, insistió CSIF.
Por otra parte, indicó que la propuesta de la Junta, de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), suprime ocho puestos de Escucha de Incendios de los Centros Provinciales de Mando (CPM), “sin justificación alguna, puesto que resulta que crean otros puestos temporales y de interinos para realizar las mismas funcionares. Es absurdo”.
Para CSIF, es de suma importancia la mejora de las condiciones laborales del personal laboral del Operativo de Prevención y Extinción contra Incendios Forestales, con la propuesta de la categoría de bombero forestal, y un periodo mínimo de prestación de seis meses, con la ampliación progresiva hasta alcanzar los 12.
Finalmente, consideró que el operativo tiene que ser “100 por 100 público, profesional, estable, con continuidad y de empleados públicos”. Por ello, CSIF rechazó la propuesta de modificación de la RPT, de personal laboral y fijo-discontinuo de los Servicios Periféricos de la Consejería de Fomento y Medio ambiente, que ha presentado la Junta, “a la espera de que considere nuestras alegaciones”.
