Uno de los mayores enemigos del campo puede ser la meteorología. Este año 2020 que está a punto de finalizar el cielo ha sido benévolo con el sector y ha dejado una buena vendimia y una cosecha casi de récord, pero todo ello ha quedado empañado, como ha ocurrido en el resto de ámbitos, por la incidencia de la pandemia por el COVID-19 que ha sido capaz de dejar aparcadas incluso las protestas que durante semanas hicieron salir a la calle, en los meses de febrero y marzo, a los profesionales del campo en protesta por la crisis constante del sector.
Ical.- Así arranca un 2020 en el que agricultores y ganaderos alzaron la voz para poner de manifiesto las dificultades que desde hace años están arrastrando y que se materializan fundamentalmente en la escasa rentabilidad y los bajos precios que reciben por sus productos, lo que en ocasiones incluso les lleva a producir a pérdidas. Las movilizaciones sacan a la calle a agricultores y ganaderos acompañados por sus tractores en todas las provincias de la Comunidad, una situación que no es exclusiva de Castilla y León sino que tiene reflejo en otros territorios como Extremadura o Andalucía.
Es la llegada de la pandemia y la declaración del estado de alarma lo que detiene de forma drástica estas movilizaciones aunque las organizaciones agrarias ya advierten de que el problema sigue ‘enquistado’ y, por lo tanto, se retomarán las protestas cuando sea posible para intentar dar un giro a la política de precios vigente en el sector. El temor a las dificultades de abastecimiento no solo lleva a los ciudadanos a acudir en masa a los supermercados sino que el sector agrícola y ganadero se pone manos a la obra, deja de lado las protestas y pronto se convierte en esencial a la hora de garantizar el suministro, como así se ha destacado a lo largo de los últimos meses.
Sin embargo, el sector no es ajeno a las dificultades que desde un punto de vista económico ha generado la pandemia, y el cierre del Canal Horeca pasa a ser una de las principales dificultades a las que hay que hacer frente, al caer de forma drástica y repentina uno de principales mercados del sector, como es el de la hostelería.
Esta situación lleva a la activación de numerosas medidas por parte de las administraciones para intentar dar salida a las producciones, con las ayudas al almacenamiento para carne y lácteos, o iniciativas por parte de la Junta como ‘De la granja a la mesa’ o ‘Campo de encuentro’ para poner en contacto a agricultores, ganaderos, industrias y cooperativas agroalimentarias ante las dificultades para llegar al mercado. También se intenta impulsar el consumo particular en los hogares en un momento en el que el comercio ‘online’ se convierte en una alternativa cada vez más en auge y supone un cierto alivio para muchos productores, aunque lejos de la comercialización habitual.
Además, las administraciones impulsan medidas extraordinarias para paliar los efectos económicos de la pandemia que han supuesto más de 57 millones de euros, de los que 21,4 son aportados por el presupuesto del Gobierno autonómico, más de 27 por los fondos europeos y 8,4 por el Ministerio.
La suspensión de los plazos administrativos hace que el plazo para la petición de las ayudas de la PAC se prorrogue hasta mediados de junio, el Gobierno aprueba diez millones de euros en ayudas para ganaderos de ovino y caprino, la Junta publica las bases para la ayuda a la industria agroalimentaria por importe de 65 millones, o se convocan también 8,5 millones de euros en ayudas para ganaderos de cochinillo, cerdo ibérico y ganadería de lidia afectados por el COVID.
El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, ofrece en las Cortes un doble pacto para la recuperación del sector agrícola y ganadero ante los efectos de la pandemia y la caída de las ventas, y otro para la estabilidad y equilibrio de la cadena alimentaria.
Agroalimentación
El sector agroalimentario de Castilla y León también es uno de los que tira del carro a la hora de garantizar el suministro de alimentos de los ciudadanos durante los meses del estado de alarma, fundamentalmente en aquellos en los que las restricciones son más duras. Pero las ayudas se hacen necesarias y el colectivo pone de relieve el impacto negativo que está sufriendo ante el posicionamiento adoptado para garantizar el abastecimiento de productos alimentarios.
El sector sigue siendo uno de los motores de la economía de la Comunidad y el Gobierno autonómico incrementa a principios de año un 80 por ciento las líneas de apoyo a las industrias agroalimentarias con un montante de 35,3 millones de euros frente a los 19 de un año antes. La orden muestra un claro apoyo hacia el cooperativismo creando dos segmentos de línea: proyectos de entre uno y dos millones de euros, a los que se destina el 60 por ciento de las ayudas, y aquellos que superen esta cuantía.
Sin embargo, la situación generada por la pandemia lleva a la Junta a incrementar esas ayudas hasta los 65 millones de euros, según anuncia el presidente del Gobierno autonómico, con objeto de priorizar aquellos proyectos de inversión que apoyen a trabajadores afectados por la situación derivada del COVID-19.
A los efectos del COVID se une otro varapalo que sufre la industria agroalimentaria, con el incendio que se produce a principios de septiembre en la planta de la cooperativa Cobadú en Moraleja del Vino (Zamora). El fuego afecta a seis naves, maquinaria y material de la cooperativa pero no hay que lamentar daños personales además de que tampoco las plantas febriles se ven afectadas.
Con ello, la actividad puede continuar con cierta normalidad en medio de las numerosas muestras de apoyo que llegan por parte del sector. Apenas unos días más tarde del incendio, la Junta declara este suceso como ‘situación de especial y extraordinaria trascendencia y urgente actuación’ y con ello da luz verde a medidas de apoyo para facilitar que la empresa pueda acometer la reconstrucción y puesta en funcionamiento de las instalaciones dañadas.
Vino
El sector del vino ha sido otro de los grandes afectados por la pandemia dentro del ámbito agrícola y ganadero. El cierre del canal Horeca pone coto a la salida de gran parte de la producción de las bodegas de la Comunidad que se ven obligadas a reinventarse y que ven en la venta ‘online’ una pequeña oportunidad para dar salida a sus existencias, además de que el confinamiento favorece el consumo de vino también en los hogares, una tendencia que asumen los ciudadanos.
El Gobierno pone en marcha medidas de ayuda para el colectivo como la destilación de crisis, las ayudas la almacenamiento o la cosecha en verde y desde la Junta se reclaman fondos suficientes para todo el sector, además de que se incorporan 2,8 millones de euros para complementar las ayudas a la cosecha en verde del Ministerio.
A ello se suma un buen año en lo meteorológico que hace prever una buena cosecha, como así se materializa finalmente, con una vendimia que supera los 287 millones de euros, un 12 por ciento más que la de un año antes, y que está marcada por las intensas medidas de seguridad ante el COVID y que se desarrolla sin complicaciones. Sin embargo, la mayor preocupación durante todo el año es la dificultad para que los vinos lleguen al mercado ante las limitaciones de aforos y la escasa actividad de la hostelería en los últimos meses del año.
Remolacha
Con la campaña ya finalizada o a punto de hacerlo en algunas de las fábricas de Castilla y León, las previsiones se han ido cumpliendo y se puede hablar de un buen año, al menos de momento, tanto en cantidad como en calidad. Pero en un ejercicio sin grandes sobresaltos, la principal incidencia se produce como consecuencia del anuncio del Ministerio de Consumo de establecer un impuesto al azúcar, algo que pone en jaque al sector.
La Junta sale en defensa de un producto que siempre ha sido estratégico en la Comunidad y tilda el impuesto de “improcedente e inoportuno”, algo que respalda también la industria agroalimentaria que considera que se trata de un “grave error”.
De esta forma, y ante el grave perjuicio que podría suponer para muchos puestos de trabajo en Castilla y León, tanto el Gobierno autonómico como 23 asociaciones e instituciones exigen al Gobierno central la supresión del IVA a las bebidas azucaradas y la retirada de la campaña publicitaria ‘#El Azúcar Mata’ que compara el producto remolachero con un cigarrillo.
Cosecha de cereal
Las previsiones para la campaña de este año son buenas ya desde el inicio y todo apunta a un buen año, como así queda demostrado en el mes de julio. Pese a la incertidumbre generada por la pandemia, la cosecha alcanza los 8,4 millones de toneladas, lo que la convierte en la segunda mayor producción de los últimos 35 años y solo por detrás de la del año 2008, cuando se registra el récord histórico de 9,4 millones de toneladas.
El valor de la producción de la cosecha a los precios de la segunda semana de agosto es de 1.325 millones de euros, lo que representa un aumento del 38,8 por ciento del valor de la cosecha media de los últimos cinco años. Sin embargo, el ‘pero’ a estos buenos datos se encuentra nuevamente en los precios. Las organizaciones agrarias advierten de la especulación que se está haciendo con la cosecha y aconsejan esperar a la venta y al repunte de los precios, que llega más adelante.
PAC
A medida que avanza el año, el sector está pendiente también de la negociación de la Política Agraria Común (PAC). Ante las conversaciones que se llevan a cabo, agricultores y ganaderos piden que se mantengan los fondos, una postura que comparte el Gobierno autonómico, que garantiza «lealtad pero también exigencia» y reclama al Gobierno que sea «firme y contundente» en la negociación para «defender» al sector. Las organizaciones auguran un recorte próximo a los 700 millones por la nueva propuesta financiera lo que se considera un varapalo para el sector.
El acuerdo económico para la recuperación económica apunta a la reducción de los fondos de la PAC, algo que para Coag es «una traición al sector agrario» y que Asaja cifra en más de 104 millones menos para Castilla y León. Upa, por el contrario, cree que puede solventarse con un reparto nacional que sea «más justo».
En septiembre se determina que España reciba un montante de 48.000 millones de euros en ayudas de la nueva PAC y el Gobierno pide responsabilidad a la hora de definir el plan estratégico español y poder obtener los mejores rendimientos, mientras que la Junta pide que no se generen desequilibrios territoriales.
Un mes más tarde, a mediados de octubre, los ministros de la Unión Europea llegan a un acuerdo sobre la futura PAC y su aplicación desde 2023 y en la que se incluyen planes nacionales estratégicos o los denominados ecoesquemas y que para el Gobierno supone una propuesta «imperfecta» pero que resulta «muy buena».
Mujeres y jóvenes
Las mujeres y los jóvenes siguen siendo prioritarios para la Junta en el mundo agrícola y ganadero para el que son considerados como un “motor” de la actividad. Así, casi a finales de noviembre el presidente del Gobierno autonómico presenta la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural en los ámbitos agrario y agroalimentario para el periodo comprendido entre 2021 y 2023. Esta iniciativa pretende implicar a unas 10.000 mujeres en el sector en estos tres años a partir de diferentes ejes de actuación como son la formación, el emprendimiento, la consolidación e impulso, el empoderamiento y liderazgo y la visibilidad. Para ello, se contemplan 15 objetivos estratégicos con 30 actuaciones y una dotación económica de 50 millones de euros.
También los jóvenes está previsto que cuenten con un plan específico, el denominado Plan de Agricultura y Ganadería Joven, que se prevé que sea una realidad el próximo año. El objetivo que se persigue en este caso es el de incorporar, en la presente legislatura, a 3.500 jóvenes al sector. Hasta el momento ya lo han hecho 882 y se está resolviendo la convocatoria de diciembre del año pasado, que hasta ahora roza las 650 incorporaciones más.
