Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda de la Junta, calculó que el desembolso de la Junta para hacer frente a los gastos generados por la pandemia estará “muy por encima” de los 1.000 millones de euros este año, sumando los sanitarios, sociales, para el sostenimiento de servicios como la educación o el transporte y el apoyo a sectores productivos.
ICAL. Fernández Carriedo defendió la “capacidad de reacción” demostrada por la Junta ante las nuevas circunstancias generadas por la Covid-19, tanto a nivel sanitario como asistencial y de apoyo económico, con un pacto el día 25 de marzo dentro del Diálogo Social, cuando el estado de alarma se declaró el 14 de ese mes, y el plan de choque durante la segunda ola con especial atención a la hostelería.
El consejero adelantó, en Los Desayunos de Ical, que seguirán aportando cantidades adicionales para sus líneas de apoyo económico, con financiación y subvenciones, porque algunas se están agotando; y si cambian las circunstancias estudiarán “rediseñar, reacondicionar o definir otras nuevas si es necesario”.
Carlos Fernández Carriedo resaltó que el Ejecutivo impulsó “muchas ayudas directas y de liquidez” y ensalzó como “muy importante” el papel jugado por Iberaval, que ha recibido en un año el doble de ayudas que en toda una legislatura normal. En este sentido, recalcó las líneas novedosas de financiación de autonómos, pymes y para el canal Horeca y agencias de viajes, así como para negocios en zonas con restricciones de movilidad. Préstamos con dos años de carencia y a tipo cero, para que puedan devolverlos, dijo, cuando se haya superado la pandemia.
Carriedo recordó también los apoyos directos a trabajadores y empresas, “muchas vinculadas a inversión y garantizar empleo”. Se felicitó porque Castilla y León, fue una de las cinco autonomías con fondos de apoyo a las entidades locales, y también con complemento a los expedientes de regulación de empleo, que frente al desembolso propio de la Comunidad, “el Gobierno ha pagado con partidas de los 23.0000 millones de los fondos SURE de la UE”, dijo.
“Aquí esos trabajadores han estado en mejores condiciones que en el resto de España”, dijo, para apuntar a los recursos destinados a salvar empresas y autónomos sin ingresos; y las ayudas actuales para actividades que tienen “vocación de salir adelante”, con ayudas a la instalación de terrazas o adquisición de equipos de protección.
Carlos Fernández Carriedo sentenció que todos esos apoyos deben servir a la Comunidad, para que el impacto de la recesión “sea menor” y acabar con menos tasas de paro y pérdida de producción que la media.
Carriedo indicó que los apoyos a los ERTE ya se han abonado; el trabajo de Iberaval ha sido continuo, con dotaciones permanentes a medida que se agotan las cantidades y se han movilizado créditos para hostelería por 271 millones y ayudas por 10,4. En este sentido, lamentó la ausencia de un plan conjunto con el Gobierno de apoyos directos para el sector, que “sí está dando la Junta”, dijo, pero asumió que el Ejecutivo de Castilla y León “por sí solo no puede compensar las pérdidas de este sector”.
Carriedo señaló que han tenido que centrar el gasto en las prestaciones sanitarias y sociales, con la contratación de 3.500 nuevos sanitarios; 800 trabajadores sociales y 1.100 docentes. Al respecto, exigió al Gobierno que realice una nueva aportación en 2021 a las autonomías para hacer frente a los gastos extraordinarios generados por la Covid, como en 2020, porque es el Estado, dijo, el que “se ha quedado con el reparto del déficit” mientras que los costes los deben asumir las comunidades.
Fernández Carriedo quiso dejar claro que los fondos no son del Gobierno sino “de todos los españoles”, con casi 100.000 millones, gracias a un déficit del 10,5 por ciento, del que las autonomías solo reciben el 0,2 por ciento este año.
Carriedo recordó que España empezó con el 95 por ciento de deuda sobre PIB y está en el 118 por ciento, son 23 puntos, que constituyen el porcentaje acumulado por Castilla y León en toda su historia. “Debe haber una nueva aportación a las autonomías”, resumió.
Déficit
Carlos Fernández Carriedo analizó también las cuentas del año que viene, que definió como “excepcionales”, gracias al 1,1 por ciento de déficit en el que han podido incurrir para financiarlas, tras la suspensión de las reglas fiscales y asumió que “se debe volver a la senda de consolidación fiscal en el futuro, en cuanto sea posible y los costes de la pandemia lo permitan”.
El consejero repitió que no es “sostenible” seguir apoyando las cuentas en el déficit porque esa deuda tendrá un “impacto” los próximos años y deberán pagar las próximas generaciones. Así, puso de relieve que “es importantísimo” no caer en gastos de carácter estructural y que el exceso de partidas por la pandemia sea coyuntural. “Eso es lo que estamos vigilando”, dijo.
Eso sí, dejó claro que ese nivel de endeudamiento alto tendrá que mantenerse mientras se mantengan los gastos de la pandemia, y existe una “indefinición” sobre su duración y profundidad. “Nos gustaría que fuera cuanto antes, pero las mascarillas nos acompañarán más meses de los que nos gustaría y mientras esté ese escenario, el gasto lo seguiremos teniendo”, dijo.
Por otra parte, expuso que en 2020, puede que cierren algo por debajo del 0,6 por ciento de déficit, lo que supone también incumplir el 0,2 previsto, pero exigió al Gobierno, que permita a la Comunidad, financiarse de forma ordinaria en los mercados o en la Facilidad Financiera, no a través del FLA, porque “estaríamos cumpliendo con holgura” si no hubiese estallado la pandemia.
Recordó que reclamó al ministerio que no obligase a acudir al FLA de forma automática a las autonomías, y aunque aún no le han contestado, se mostró optimista, porque “si la causa del incumplimiento es coyuntural, la solución debe ser coyuntural”. “No sería razonable que todas vayamos al FLA por no cumplir los objetivos de estabilidad, porque Castilla y León es cumplidora y sino hemos podido llegar es por la pandemia”, resumió.
