[dropcap]C[/dropcap]on la experiencia acumulada desde la irrupción de la pandemia -y sobre todo conocidas las nefastas consecuencias de la primera desescalada y la relajación veraniega- se veía venir a distancia que la Junta, al rebajar en diciembre como ninguna otra comunidad las restricciones contra el Covid-19, había decidido jugar con fuego. Estaba cantado que apostando por el objetivo de «salvar las Navidades» -tal como se había propuesto un mes antes el presidente Fernández Mañueco– se estaban adquiriendo todas las papeletas para que esta comunidad autónoma sufriera más pronto que tarde una tercera oleada, o, si se prefiere, tanto da, una reactivación de la iniciada el pasado otoño, que en el pasado trimestre se ha cobrado otras 3.000 víctimas mortales a añadir a las más de 5.000 que Castilla y León contabilizaba en la primera oleada.
El nefando tándem constituido por el presidente Mañueco y el iluminado vicepresidente Francisco Igea (la consejera de Sanidad, Verónica Casado, hace tiempo que es un absoluto cero a la izquierda) ha vuelto a desafiar la más elemental prudencia, impulsando desde finales de noviembre una temeraria «desescalada» a costa de poner en riesgo la salud de castellanos y leoneses. Puede parecer tremendo, pero los hechos confirman tamaña irresponsabilidad política.
Cabe pensar que el nefando tándem había dado por descontadas las siniestras consecuencias que acarrearía su apuesta por «salvar las Navidades». Pero en esto el dúo ha errado el cálculo: contaba que los efectos no se apreciarían hasta después de Reyes y no que se manifestaran antes incluso de Nochevieja, que es lo que ha sucedido por más que la Junta lo haya tratado de ocultar.Tal como ocurriera con la primera desescalada, en la que la Junta se pasó por el forro los criterios epidemiológicos -máximo ejemplo de lo cual fue cuando las 9 provincias saltaron de la fase 1 a la fase 2 por decisión personal del presidente ni siquiera consultada a la consejera Casado, que se la tragó doblada- Mañueco ha vuelto a anteponer sus espurios intereses políticos a la lucha contra el Covid-19, fechoría perpetrada con la resuelta cooperación de Igea, el mismo que en su día se permitió invocar el juramento hipocrático en respuesta a las razonadas críticas del presidente de la organización médica colegial de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, a la errática actuación de la Junta ante el desafío sanitario del Covid-19.
Mientras en vísperas navideñas otros gobiernos autonómicos anduvieron con pies de plomo y, conscientes del riesgo que entrañaban las fechas, endurecieron las restricciones, Castilla y León llegó a Nochebuena siendo una de las cuatro comunidades con medidas mas laxas, más aún que las fijadas en Madrid por la desaforada Isabel Díaz Ayuso.
Un misterio digno de Iker Jiménez.- Y el punto de inflexión se produce en plena Navidad, resultando tan insólita como sospechosa la disparidad de los datos sobre IA aportados por la Junta y el Ministerio en los últimos días de 2.020. El tándem ha mantenido sin inmutarse el plan iniciado a finales de noviembre, plasmado en la reapertura de la hostelería y las grandes superficies comerciales en las nueve provincias, incluida Palencia, que «desescaló» manteniendo una tasa de Incidencia Acumulada (IA) por encima de los 400 casos en los últimos 14 días. Ante la sorpresa general, la tasa autonómica, que nunca han medido igual la Junta y el Ministerio de Sanidad, venía reduciéndose espectacularmente, cayendo desde los 730 casos registrados el 26 de noviembre a los 169 reportados en la mañana de Nochebuena. Hasta que se ha producido el esperable punto de inflexión.
Atención a la secuencia. Paradójicamente, la tasa del Ministerio siempre ha sido más baja que la de la Junta, y así el lunes 28 de diciembre el primero la fijaba en 140,57 y la segunda en 168,91. Pero a partir de esa fecha comienzan a invertirse los datos y mientras los ofrecidos por el gobierno autonómico continúan a la baja (157,15 el martes 29, 144,78 el miércoles 30 y 142,86 el jueves 31), los del Ministerio comienzan a subir (142,86 el martes, 146,65 el miércoles y 155,36 el jueves).
De forma y manera que en los tres últimos días del año la tasa de la Junta descendía un 26,1, en tanto que la del Ministerio subía un 14,79. Un misterio aparentemente digno de estudiar por Iker Jiménez, pero fácilmente explicable conociendo las mañas propias de trileros de la sevillana calle Sierpes que se gasta el tándem que desgobierna esta desdichada comunidad autónoma.
Y hete aquí que, cuando para Igea y Casado oficialmente todo marchaba sobre ruedas, la Junta se ve obligada a celebrar ¡el día de Año Nuevo! un Consejo de Gobierno extraordinario para declarar el nivel de alerta 4 en la provincia de Segovia, que había sido, junto a la de Ávila, la primera en iniciar el temerario proceso de desescalada impulsado por el nefando tándem desde finales de noviembre.
Lo más indignante es que el miércoles 30 de diciembre el vicepresidente Igea y la consejera Casado comparecían juntos en una rueda de prensa en la que el primero presumió, sin asomo de rubor, de la óptima situación sanitaria de Castilla y León en relación con otras comunidades, obviando que ese mismo día la Junta había reportado la aparición de 515 nuevos casos (157 más que en la fecha anterior) y que los hospitalizados por Covid-19 se cifraban en 555 (414 en planta y 141 en UCI). Ni una sola mención ese día a la posibilidad de endurecer las medidas ante la inminente Nochevieja.
A partir del pasado sábado, 2 de enero, la tasa de IA de la Junta invertía su tendencia y comenzaba a subir, situándose a fecha de hoy en 163,78, 18,5 puntos por debajo de la del Ministerio, fijada en 182, a la vez que el número de hospitalizados por Covid ronda los 600 (454 en planta y 140 en UCI). Y mientras otras comunidades se apresuran a endurecer las medidas restrictivas, sale Mañueco y, pese a admitir que hemos entrado en la tercera oleada, se limita anunciar que el cierre perimetral de la comunidad se prolongará más allá del 10 de enero, fecha hasta la que ya estaba acordado.
Resulta obvio que, con tal de poner paños calientes al malestar del sector hostelero y complacer a las grandes superficies comerciales, la Junta nos ha abocado a una tercera oleada que agravará aún más -hoy mismo se han comunicado nada menos que 835 nuevos casos- el siniestro balance del Covid-19 en Castilla y León, amén de poner de nuevo a prueba la capacidad de resistencia del personal sanitario, valiéndose para esto último del infame decretazo firmado por Mañueco el pasado 12 de noviembre.«La estrategia restrictiva ha funcionado, lo han visto todos los ciudadanos», decía ufanamente Igea el pasado domingo. La pregunta es: ¿Y si ha funcionado, ¿por qué se decidió abandonarla cuatro semanas antes de la Navidad? Respuesta: para «salvar las Navidades», conforme al propósito declarado por Mañueco y hecho suyo por el inefable vicepresidente.
Según los datos oficiales de la propia Junta, desde la irrupción de la pandemia han perecido en los hospitales del Sacyl 4.212 ingresados por Covid (2130 hasta el 1 de septiembre y 2.082 desde esa fecha) y los fallecidos en las residencias de ancianos se cifran en 2.083 (1.728 y 355, respectivamente). Y a los 6.295 anteriores se suman otros 1.852 decesos producidos en domicilios particulares, con lo que el total de víctimas mortales causadas por la pandemia en Castilla y León se eleva a 8.147. Estremecedoras cifras que no son obstáculo para que Igea considere que la Junta ha gestionado la pandemia de forma «aceptable». No existen palabras. A fuer de ser sincero, existen, pero, por elemental respeto al lector, uno prefiere abstenerse de verbalizarlas.
