Los sindicatos de Sacyl acusaron este viernes a la Junta de habilitar medidas “no negociadas” con los representantes de los trabajadores que afectan a sus condiciones laborales y retributivas, a pesar del “compromiso” de no aplicar el denominado ‘decretazo’ que eliminaba derechos por parte de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, y el presidente del Ejecutivo, Alfonso Fernández Mañueco, y que ha motivado tanta polémica en las últimas semanas. Por ello, anunciaron nuevas movilizaciones si Sanidad continúa con la utilización de los trabajadores sanitarios para “ocultar una mala gestión de la cual ellos son los únicos responsables”.
Ical.- En este sentido, SATSE, CESM, CCOO y USAE denunciaron la “manipulación y maltrato” de la Consejería hacia sus trabajadores y hacia los representantes de los mismos. “Lejos de reforzar las plantillas, están sustituyendo la falta de previsión y la mala gestión que llevan a cabo en las diferentes gerencias con medidas que, alegando a la buena voluntad de los trabajadores, conllevan la renuncia a sus derechos, incumpliendo la normativa vigente en cuanto a jornada laboral y evitando la contratación de nuevo personal”, definieron en un comunicado.
Este hecho “conduce a aumentar la ya sobrecargada actividad profesional y al deterioro de la calidad asistencial y también del clima laboral, en un momento en el que cuidarlo al máximo debería ser una de las prioridades de la Consejería”. “No hay que olvidar, por obvio que parezca, que sin profesionales es inviable cualquier tipo de asistencia. Los profesionales sanitarios siempre se han mostrado dispuestos”, añadió el comunicado.
Recordaron que la última propuesta de la Consejería de Sanidad es impulsar la creación de bolsas de trabajadores voluntarios de enfermeras, fisioterapeutas y TCAES para realizar cribados masivos de detección de COVID. La iniciativa, lamentaron, se plantea sin que “conste que ese tiempo no computará como jornada efectivamente trabajada, tratando así de soslayar que con esta medida se incumple la regulación en cuanto a descansos obligatorios”.
Previamente se ha planteado a los trabajadores que renuncien a los descansos generados por los excesos de jornada que han tenido que realizar a lo largo del 2020, año que ha sido “especialmente duro para los sanitarios”, y a los días de permiso a los que tienen derecho, “a un coste realmente irrisorio”. Además, denunciaron que la Junta “miente” a los trabajadores al trasladarles que se ha llegado a un acuerdo retributivo con sus representantes, “cuando en ningún momento se ha producido un acuerdo retributivo entre las organizaciones sindicales y la propia Gerencia Regional”.
Por ello, los representantes de los trabajadores se negaron “a entrar en ese juego” mientras no se cumpla el compromiso público de Mañueco de no aplicar el decreto publicado el 14 de noviembre, una fórmula que “solo se ha producido en Castilla y León”. El resto de servicios de salud optaron por aprobar diferentes disposiciones legales sin rango de Ley que de inicio plantean medidas de mejora, como puede ser la ampliación de los contratos del personal contratado en sus servicios de salud para de esta manera asegurar su fidelización. También establecen la posible limitación de derechos de los trabajadores como última medida a aplicar, siempre con unos criterios “bien definidos en función de la situación sanitaria y con el control pertinente de los órganos de representación de los trabajadores”.
Plan de vacunación
También achacaron los sindicatos la “falta de previsión existente en cuanto al plan de vacunación frente al COVID-19, sobre el que denunciaron que “no existe información sobre la existencia” de una estrategia “unificada y centralizada” por parte de las gerencias y “se desconoce cómo se va a llevar a cabo la vacunación de los sanitarios que se encuentran en primera línea”.
Por último, lamentaron que al comienzo de la tercera ola sigan sin conocer las condiciones laborales que se oferta Sacyl, que “tiene la obligación de comunicarlo”. “No es ético que esta Administración se aproveche de la buena voluntad de los trabajadores, que de manera masiva se están ofreciendo voluntariamente para agilizar el proceso de vacunación frente al COVID, a costa de sus descansos y días libres. Es indignante como se está gestionando toda la situación sanitaria derivada del COVID en Castilla y León”, resumieron en el comunicado.
