El espejo de la UME y la función pública

[dropcap]L[/dropcap]as sociedades modernas están organizadas en base a la división social del trabajo y cuentan con un sector de actividad público y otro privado. Dependiendo del modelo de sociedad dominante en cada época predomina uno u otro modelo y conviven con cierto grado de tensión dependiendo del momento histórico. En occidente el modelo imperante es el capitalismo y el sector público es minoritario.

Desde hace muchos años el giro social y político protagonizado por Ronald Reagan y Margaret Thatcher ha impuesto un modelo de sometimiento del sector público al privado, reduciendo aquel a la condición de subsidiario de éste, eliminando cualquier limitación al sector privado de la economía y poniendo numerosas trabas al público, modelo que ha terminado siendo aceptado incluso por los partidos socialdemócratas que han desdibujado su ejercicio político cuando están en el poder hasta hacerlo difícilmente diferenciable de los partidos representativos de la derecha.

En las últimas décadas este cambio de paradigma se ha acentuado y el capitalismo financiero y especulador ha desplazado al capitalismo productivo forzando aún más el cambio de paradigma a través de la globalización, que hurta a los gobiernos la capacidad de influir en la toma de decisiones económicas que, sin embargo, condicionan notablemente la vida de sus ciudadanos. Si anteriormente las decisiones políticas, aunque condicionadas por los poderes económicos, tenían ciertos márgenes de maniobra, ahora las relaciones son, en gran medida, de sometimiento puro y duro del poder político al poder económico.

En España, con gobiernos débiles desde hace mucho tiempo, este proceso ha sido y está siendo muy duro y las políticas practicadas por la derecha, pero no solo por ella, han adelgazado el sector público para transferir el beneficio económico que representa su ejercicio a sectores especulativos. Fruto de ello es el desmantelamiento progresivo de casi todos los sectores públicos de actividad económica y de una parte muy importante de los servicios que son esenciales para el bien común, o incluso para el simple mantenimiento del resto de la actividad económica (red eléctrica, autopistas, ferrocarriles…).

El adelgazamiento de la sanidad pública, puesta en almoneda de forma progresiva, pertinaz y silenciosa, y de la propia educación, son solo la parte visible del iceberg de las políticas privatizadoras que precarizan la función pública con el objetivo de deslegitimarla ante la ciudadanía. No es necesario matar al perro, que tendría un importante coste de imagen y de votos, si no se le alimenta se lo comerán las pulgas y…  muerto el perro se acabó la rabia.

Viene esta reflexión a cuenta de las recientes intervenciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en los últimos meses en situaciones que, en condiciones normales, debería resolver la actividad pública civil. Observar a esta Unidad apagando incendios forestales todos los veranos, liberando las calles de la nieve, garantizando el trasporte público, trasladando pacientes a los hospitales en ambulancias todo terreno, desinfectando residencias de la tercera edad,  y pronto les veremos administrado la vacuna del COVID, no deja de ser un espejo que refleja hasta donde se ha precarizado y esquilmado la acción pública para favorecer los intereses privados,  convirtiéndola en incapaz de ofrecer repuestas óptimas en las situaciones de crisis pero también en tiempos de normalidad.

Reivindicar el ejercicio de la función pública como un instrumento imprescindible que garantice las necesidades esenciales de la actividad no solo significa la defensa de la educación o la sanidad pública, que como he señalado anteriormente se encuentran en subasta y que constituyen únicamente la punta del iceberg, significa también reivindicar la presencia de lo público en todos aquellos sectores que sean necesarios para el bien común: desde guardias forestales hasta bomberos, desde policías hasta militares, desde residencias públicas para la tercera edad hasta la asistencia social domiciliaria, desde maestros a profesores universitarios, desde celadores a médicos y enfermeras, desde fiscales hasta jueces,… es decir todos aquellos sectores en los que su función social a corto, medio y largo plazo deba predominar sobre el beneficio económico inmediato que su ejercicio comporte y por lo que resultan tan apetecibles para los grupos de capital riesgo, que se comportan como termitas que carcomen el sector público hasta dejarlo arruinado y volar después buscando otra madera que explotar.

Lo público es de todos y debe ser administrado en beneficio de todos. Debería ser función de los gobiernos potenciar nuevamente la función pública en estrecha alianza con los propios trabajadores públicos, y los ciudadanos deberíamos ser capaces de ejercer nuestros derechos en defensa de aquello que resulta fundamental para el común. Es cierto que no todos los gobiernos son iguales, pero en lo referente a la cosa pública resulta alarmante la homogeneidad de pensamiento, obra, acción y también de omisión, de unos y otros, lo que conduce al desamparo social y a la desesperanza política, que tiene como consecuencia directa la desafección por la política y por la cosa pública, y en esos casos ya se sabe quién pierde y quién gana votos.