La Junta no busca la confrontación con el Gobierno

Igea reitera que solo quiere limitar el contacto social sin castigar a más sectores económicos poco contagiosos
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El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, tras el Consejo de Gobierno. (Ical)

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, defendió este jueves que no tiene sentido cerrar más sectores de actividad económica, sino adoptar medidas para limitar todo lo posible el contacto social, como el adelanto del toque de queda, vigente en la Comunidad desde el pasado sábado, y el confinamiento domiciliario.

 

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Igea se manifestó así después de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, rechazara adelantar el toque de queda y dotar a las comunidades de nuevas herramientas jurídicas, como solicitaron diez autonomías en el Consejo Interterritorial de Salud, al considerar que las medidas existentes son suficientes para superar esta ola.

Tras enseñar una dispositiva de una prestigiosa publicación sobre el impacto de sectores en los contactos, reiteró que la Junta no ha tomado medidas de cierre del interior de la hostelería, grandes centros comerciales o gimnasios por “capricho o arbitrariedad” y aseguró no entender la “cerrajón” del Gobierno.

El vicepresidente argumentó, ante esas diferencias con el Gobierno, que la Junta “no está en guerra con nadie, sino con el virus”, y precisó que el llamamiento a la población es a la “rebelión ciudadana” para disminuir los contagios y la mortalidad, ya que hoy de número se comunica una mayor incidencia y los centros sanitarios están al límite.

“No se alienta un conflicto político”, recalcó Igea, convencido de que hay que comunicar la realidad a los ciudadanos y subrayó que se han puesto en marcha todas las medidas para proteger a la población de este virus. “Hay que actuar con determinación y convicción, no se quiere buscar el enfrentamiento”, remarcó.

En relación a que ayer en el Consejo Interterritorial se dijera al ministro que habrá más muertos si se actúa tarde, manifestó que es “innecesario” explicar a Illa lo que está publicado, donde si se refirió al impacto en la demora en adoptar en marzo el estado de alarma, mientras que la consejera de Sanidad, Verónica Casado, afirmó que “no hace falta echar ningún órgano” porque la situación de la tercera ola es conocida.

Daño grande

A lo largo de la comparecencia, rechazó entrar en un “conflicto político” e insistió en que la Junta ha adoptado una decisión para proteger la salud de los ciudadanos, pero si subrayó que el cierre de cierre de sectores comerciales o de colegios sin un confinamiento domiciliario no sirve y solo “castiga” a los más afectados por las restricciones.

Por ello, defendió que la media más eficaz es limitar al máximo el contacto social y respaldó que los supermercados o farmacias estén abiertas a partir de las 20.00 horas en que se inicia el toque de queda, al entender un menor impacto por el número de clientes que puedan coincidir a la vez que no se incumple la ley al limitar un derecho.

“El riesgo es pequeño y el daño grande si no se confina a la gente a tiempo”, argumentó en relación a mantener abiertos los supermercados y no cerralos a la hora del toque de queda, por lo que estimó que reducir el horario comercial está descartado y defendió la efectividad del adelanto del toque de queda.

Por último, aseguró que no existe “un plan B” en caso de que el Tribunal Supremo tumbe el acuerdo del presidente de la Junta, como autoridad delegada, para adelantar el toque de queda en Castilla y León y se mostró confiado en que les den la razón. “No tiene sentido que te den poder y no ejercerlo”, aseveró en relación a la cogobernanza.

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