El invierno ha venido y nadie sabe como ha sido. Tal es la científica conclusión del relato que han improvisado el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, y su consejera-delegada de Sanidad, Verónica Casado (el presidente Fernández Mañueco ha estado la última semana sumido en un absoluto mutismo y se comprende) para explicar (?) la virulencia que está alcanzando en Castilla y León la tercera ola de la pandemia.
Los datos son aterradores: Cerca de 18.000 nuevos contagios durante la pasada semana, más de 2.200 hospitalizados (277 de ellos en las UCI) que sitúan al borde del colapso -en alguna provincia más allá del borde- la red hospitalaria del Sacyl, y entre 30 y 40 muertos diarios desde el pasado 16 de enero. Ocho de las nueve provincias presentan una tasa de Incidencia Acumulada superior a los mil casos en los últimos 14 días -Segovia y Palencia sobrepasan los 2.000- con una media regional de 1.400 que coloca a esta comunidad autónoma como la tercera en un ranking estatal de contagiosidad que arrojaba ayer un promedio de 894 casos.
Pero sigamos con el relato de la consejera. Parece ser que 2020 quiso despedirse conforme a su siniestra trayectoria y el día de Nochevieja dejó algún dato que indicaba un cambio de tendencia en la evolución epidemiológica de la comunidad. No fue el de la tasa de IA registrado por la Junta, que en esa fecha volvió a bajar (142). Puede que fuera el del ministerio, que por cuarto día consecutivo volvía a subir en Castilla y León, elevándose ya a 155. Fuera lo que fuera, según Casado ese día se encendió la alarma en la consejería sobre la fatal irrupción de la tercera ola de la pandemia.A decir de la consejera, todo marchaba sobre ruedas hasta el pasado 31 de diciembre. El día anterior Casado y su mentor habían compartido una rueda de prensa en la que ambos no mostraron mayor preocupación. Los datos de esa fecha, 515 nuevos contagiados y alrededor de 550 hospitalizados, eran considerados dentro de los parámetros normales y, aunque la tasa de IA registrada por el ministerio llevaba dos días subiendo en Castilla y León, la de la Junta continuaba bajando y descendía hasta los 144 casos. Todo iba tan estupendamente que el vicepresidente se felicitó del acierto que había sido en su día encomendar la consejería de Sanidad a una profesional de la Medicina tan acreditada como Casado, lo cual equivalía a felicitarse a sí mismo sin ningún rubor.
Cinco días después, el martes 12, con el virus circulando ya sin control por toda la comunidad, Mañueco no tuvo más remedio que apearse del burro -ese día se notifican 1.752 casos nuevos y la tasa de IA anda ya en 469- y convocar otro Consejo de Gobierno en el que se acuerda extender las mismas restricciones a las nueve provincias. Y de ahí se salta al jueves 14, día en el que la Junta reúne telemáticamente a los alcaldes de los municipios de más de 20.000 habitantes y los presidentes de las nueve Diputaciones, encuentro tras el cual Igea anuncia por sorpresa la controvertida decisión presidencial de adelantar a las ocho de la tarde el toque de queda en Castilla y León, medida recurrida por el gobierno central ante el Tribunal Supremo por no ajustarse a las franjas horarias contempladas en la declaración del estado de alarma.En al menos en una provincia, Segovia, la expansión del virus había comenzado a desbocarse, a tal extremo que el día de Año Nuevo la Junta celebró un Consejo de Gobierno extraordinario para decretar en ella el nivel de alerta 4. El siguiente movimiento se producía el jueves 7, cuando al final del Consejo de Gobierno ordinario comparecería en rueda de prensa el presidente Mañueco para anunciar nuevas medidas restrictivas limitadas a Segovia, Ávila y Palencia, dejando las cosas como estaban en las seis provincias restantes. Una respuesta muy tibia habida cuenta de que la Junta había activado esa mañana el guadiana del comité de los sedicentes expertos, al que se dio audiencia en la propia sesión de gobierno.
Consecuentemente con ese objetivo, el hecho de que Castilla y León liderara en ese momento el índice de contagiosidad en toda España no fue óbice ni cortapisa para que el gobierno Mañueco iniciara a partir del 26 de noviembre un proceso de «desescalada» absolutamente temerario. En esa fecha se suavizaron las restricciones en Ávila y Segovia, que fueron perimetradas para preservar su situación epidemiológica del influjo madrileño y que a la postre han sido, junto a la de Palencia, las provincias más golpeadas por la tercera ola de la pandemia. Sobre la base de una IA que no superara los 400 casos, antes del puente de la Constitución se abría la mano para extender la apertura a León y Salamanca. E inmediatamente después del puente se incorporaban a esa «desescalada» las otras cinco provincias. Todo lo anterior se completaba con las medidas especiales establecidas para el periodo navideño, en las que Castilla y León se distinguió por ser una de las comunidades autónomas con criterios más laxos. El objetivo era «salvar las Navidades».- Naturalmente, el relato oficial no se remonta más atrás, omitiendo la estrategia seguida para «salvar las Navidades» que marcó su actuación desde noviembre. A primeros de ese mes, viendo como arreciaba la segunda ola de la pandemia, la Junta decretó entre otras medidas el cierre total de la hostelería. «Son medidas duras, difíciles y complicadas, pero se adoptan para reducir la incidencia del virus y poder salvar las Navidades», declaró el presidente Mañueco urbi et orbe el día 9 de noviembre.
Pero para confesión de parte, la de la consejera-delegada de Sanidad al reconocer que la Junta no había sido más restrictiva en las Navidades para no irritar aún más al sector de la Hostelería: «Si no hubiéramos relajado las medidas en Navidad, los hosteleros nos matan», declaró Casado el pasado 12 de enero en Castilla y León TV, la cadena autonómica de titularidad privada sostenida gracias a una multimillonaria subvención de la Junta. Más claro, imposible. Y a lo anterior ha de añadirse la reciente información de elDiario.es según la cual los análisis periódicos de las aguas residuales revelaron ya en el puente de la Constitución un repunte del Covid-19 en Valladolid y Soria, dos de las tres estaciones de la comunidad incluidas en el sistema de alerta temprana para la detección del virus.Mañueco e Igea (Casado traga siempre con todo lo que decida el vicepresidente) estaban jugando con fuego, y además eran plenamente conscientes de ello. En la reveladora entrevista publicada el 3 de enero en «El Norte de Castilla», realizada antes de que se desatara la tercera ola, Igea reconocía a Susana Escribano la relación causa-efecto entre las restricciones y la evolución epidemiológica: «La estrategia restrictiva ha funcionado, lo han visto todos los ciudadanos. Toque de alarma, toque de queda, cierre de los establecimientos y bajada de incidencia han sido todo uno», afirmaba literalmente. Lo que a sensu contrario suponía reconocer que la relajación de las restricciones conduce a la subida de la incidencia, que es lo que ha terminado propiciando la estrategia de «salvar las Navidades».
¿Significa esto que Mañueco, Igea y Casado son los principales responsables de la dramática situación sanitaria en la que se encuentra en estos momentos Castilla y León? Es evidente, que, por muy restrictivas que hubieran sido las medidas adoptadas a lo largo del mes de diciembre, esta comunidad no habría sido inmune a una tercera oleada de virulencia inusitada. Pero es muy probable que la incidencia no sería tan extrema.
Lo de consolarse con el mal de muchos, además de estúpido, es a veces bastante tramposo. Ocurre con el desplome demográfico, cuya gravedad viene relativizando la Junta con el argumento de que es un mal extendido a otras muchas comunidades autónomas. Cierto. Pero ninguna ha perdido 168.000 habitantes en los últimos once años, saldo que no computa aún la sangría de 2020, que será mayúscula habida cuenta de los 8.041 muertos que se ha cobrado la pandemia a fecha 31 de diciembre y que a día de ayer ya eran 8.806.
A diferencia de Castilla y León, en la comunidad gallega la estrategia a seguir frente a la pandemia viene marcada por un Comité Clínico que se reúne una o dos veces a la semana y cuyas decisiones son en la práctica vinculantes para la Xunta (nada que ver con la filfa del comité de sedicentes expertos que aquí manosean a su antojo Mañueco, Igea y Casado). El contraste de Feijóo en Galicia.- Y un último apunte que pone en evidencia el falaz discurso de la Junta tratando de encubrir su manifiesta responsabilidad con el mantra de que el gobierno central se niega a proporcionar las herramientas necesarias para combatir la pandemia. En Galicia, con una tasa de IA de 726, el gobierno que preside Alberto Núñez Feijóo acaba de clausurar completamente la hostelería durante tres semanas, al tiempo que se establece las seis de la tarde como hora de cierre de todo el comercio no esencial y se mantendrán perimetrados la totalidad de los municipios.
Ejemplo claro el de Feijóo de determinación política para combatir la pandemia con los instrumentos vigentes, que ni de lejos ha agotado aquí la Junta con una contagiosidad muchísimo mayor. Y siendo partidario de adelantar el toque de queda, al presidente gallego no se le ha pasado por la cabeza desafiar la legalidad de la forma que aquí lo ha hecho Mañueco. La diferencia es que, después de haber revalidado por segunda vez la mayoría absoluta en su comunidad, Feijóo no tiene las urgencias partidistas que condicionan y atenazan a su homólogo castellano-leonés.
