[dropcap]N[/dropcap]o hace falta llamarse Donald, ser yanqui y exhibir una cabellera naranja para practicar el trumpismo desinformativo de la posverdad. Se puede haber nacido por estos lares, llamarse Pepe o Mariano, incluso Paco o Alfonso, ser calvo o lucir tupé, usar gafas o lentillas, y afanarse en el empeño de camuflar la realidad igual de tramposamente. De hecho, es lo que viene haciendo la Junta de Castilla y León desde que irrumpió en escena el Covid-19 a través de sus dos máximos responsables, el presidente Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente Francisco Igea, con la impagable cooperación de la teórica consejera de Sanidad, Verónica Casado, y ya con el mayor de los descaros al arreciar esta tercera ola que ha dejado al descubierto su obsceno comportamiento de anteponer espurios intereses políticos a la Salud de los castellanos y leoneses.
Pero las mentiras suelen tener las patas más cortas, máxime cuando el mentiroso es a la vez torpe y compulsivo. Y los hechos han demostrado que el conejo de la chistera de adelantar unilateralmente el toque de queda a las ocho de la tarde tenía como único objetivo el de tender una densa cortina de humo que desviara la atención sobre la responsabilidad política de que la tercera ola de la pandemia se haya cebado especialmente en Castilla y León.
A decir verdad, la operación propagandística urdida por Mañueco e Igea, cada vez más parecidos a unos siameses políticos, les ha producido ciertos resultados, sobre todo en los medios de comunicación nacionales, que como suelen aplicar la brocha gorda sin detenerse a analizar el contexto y los detalles, han comprado la mercancía averiada de que Castilla y León viene siendo una de las comunidades autónomas más propensa a adoptar restricciones, lo cual únicamente es cierto si se la compara con el Madrid de Isabel Díaz Ayuso (y en Navidades ni eso). Y en cuanto a los medios regionales, salvo contadísimas excepciones, han estado mirando para otro lado y contemporizando, no vaya a ser que la Junta se lo tome a mal y pase factura en el reparto de la tarta de la publicidad institucional, que se sigue repartiendo con la discrecionalidad de siempre. Si encima anda pendiente la resolución del concurso para adjudicar nada menos que 138 nuevas emisoras de FM, para qué les cuento… El objetivo de hacer creer a los castellano-leoneses de que el gran responsable era el gobierno Sánchez, que se negaba a dotar a ésta y a las demás comunidades de las herramientas necesarias para combatir la pandemia. Con ello la Junta pretendía presentarse como víctima, eludiendo su grave responsabilidad en la actual situación de gravísima emergencia sanitaria, como si a ello fuera ajeno su declarado propósito de “salvar las Navidades” (Mañueco dixit) y la laxitud de las medidas especiales aplicadas durante el periodo navideño.
Pues bien, aún a pesar de estas complicidades, resulta difícil de camuflar la indecorosa actuación del gobierno Mañueco en esta fase de la pandemia. Para su sorpresa, el gobierno Sánchez actuó con inteligencia al recurrir judicialmente el adelanto del toque de queda sin solicitar la medida cautelarísima de suspender su aplicación con carácter inmediato, lo cual ha permitido que siga en vigor a expensas de lo que resuelva el Tribunal Supremo, que se pronunciará la próxima semana.
Pero el gobierno central no cayó en esa trampa y el toque de queda a las ocho de la tarde ha seguido y sigue vigente, con lo cual el trío Mañueco-Igea-Casado no ha podido disponer de esa munición. En su defecto, tras apurar el plazo para presentar alegaciones al recurso judicial, ha optado por la estrategia trumpista de asegurar que el adelanto del toque de queda ha sido fundamental para contener la vertiginosa expansión del virus. Una nueva falacia que los datos estadísticos desnuda por completo.El Gobierno no cae en la trampa.- ¿Qué hubiera ocurrido si el gobierno de la nación hubiera solicitado esa suspensión cautelarísima y el Supremo hubiera accedido a ella impidiendo el adelanto del toque de queda en vigor desde el pasado 16 de enero? Se lo pueden imaginar: la Junta habría acusado a Sánchez y a Illa, que en esas fechas todavía era ministro, de la descontrolada expansión del virus iniciada coincidiendo con el comienzo del nuevo año y que no ha empezado a remitir hasta finales de enero. De esa expansión y, claro está, del colapso hospitalario que ha generado, con las UCI saturadas, y del millar de vidas que se ha cobrado el Covid en Castilla y León a lo largo del mes de enero.
Durante las dos últimas semanas de enero, cuando más arreciaba la tercera ola, el presidente Fernández Mañueco, el mismo que verbalizó el temerario objetivo “salvar las Navidades”, ha estado poco menos que desaparecido, dejando que Igea y Casado capearán como malamente han podido el temporal. Mañueco ha esperado a que la oleada alcanzara el pico de la curva y la Incidencia Acumulada (IA) comenzara a descender para reaparecer ante los medios de comunicación, cosa que hizo ayer con la excusa de explicar el fundamento de las alegaciones presentadas por la Junta al recurso pendiente de resolver por el Tribunal Supremo. Y ahí tuvimos al presidente de la Junta sosteniendo sin pestañear, como ya hizo el día anterior la consejera Casado, la supuesta eficacia de su audaz decisión de adelantar el toque de queda, una medida que ninguna otra comunidad autónoma –y varias de ellas eran partidarias- ha secundado. ¿Quién ha sido aquí el conductor que ha circulado en sentido contrario por la autopista?
Al contrario: desde su entrada en vigor el ritmo de contagiosidad que ha ido registrando Castilla y León ha estado siempre por encima de la media nacional. El 15 de enero la IA a 14 días era de 575 casos en el conjunto de España y de 696 casos en esta comunidad. Pues bien, a fecha de ayer, 3 de febrero, la tasa estatal se situaba en 815 casos y la autonómica en 1.240, lo que quiere decir que mientras la primera se ha incrementado durante el periodo comprendido entre ambas fechas en un 42 por ciento, la segunda lo ha hecho en un 78. Pero hay más, en el conjunto de España el pico de la curva se alcanzó el 27 de enero con una IA de 900 casos (un incremento del 56 por ciento desde el 15 de enero). Por su parte, en Castilla y León dicho pico se alcanza un día después, el 28 de enero, con una tasa de 1.417, la segunda más elevada de todas las comunidades autónomas y un 103 por ciento mayor que la registrada (los 696 casos antes indicados) el día anterior al adelanto del toque de queda. Desafiando la terquedad de los datos.- Los datos son tercos y demuestran que, más allá de restringir el derecho fundamental de la libertad de circulación de los ciudadanos durante dos horas de propina, el adelanto del toque de queda en Castilla y León ha sido una medida sin la menor repercusión perceptible en la evolución epidemiológica de esta comunidad autónoma.
Con estos datos en la mano, ¿a quién pretenden engañar estos trileros que desgobiernan esta desdichada comunidad? A cualquiera que se deje, que desde luego no será el personal sanitario del SACYL, que conoce perfectamente a lo que ha estado jugando la Junta y sufre en carne propia la saturación de la atención primaria (devenida en una lamentable desatención que ya sabemos que también está costando vidas por la falta de detección y tratamiento de otras patologías no Covid) y un colapso hospitalario que ha obligado a habilitar camas en dependencias improvisadas, caso del gimnasio del Hospital Clínico de Valladolid, y a lanzar un SOS a las comunidades vecinas en previsión de que haya que trasladar las UCI de sus hospitales enfermos sin cama en los de Castilla y León.
El ejemplo de la Xunta de Galicia.- Por lo demás, las últimas restricciones adoptadas por la Junta en 53 municipios resultan sumamente reveladoras de la falta de determinación política con la que la Junta sigue afrontando la pandemia. Son similares a las adoptadas por la Xunta de Galicia una semana antes, pero con dos importantes diferencias. En la comunidad vecina se han decretado cuando su IA era de 726 casos y se aplican en la totalidad del territorio. En Castilla y León se han adoptado cuando la tasa media en la comunidad era de 1.383 y afectan tan solo a los 53 municipios con más de 1.500 casos, los cuales suman el 7 por ciento de la población de la comunidad. Y otra cosa más: al margen de su reducido ámbito de aplicación, la adopción de estas medidas desmiente el recurrente y falaz mantra de que las comunidades autónomas no disponen de mayores herramientas para combatir esta última y virulenta tercera ola de la pandemia. El personal sanitario está legitimado para sospechar que el gobierno Mañueco se dotó del “decretazo” (que ha empezado a aplicar, incumpliendo su promesa de no hacerlo sin un acuerdo previo con los sindicatos) como coraza para blindarse si su temeraria estrategia contra la pandemia se le iba de las manos, como se le ha ido, dando lugar a la actual situación de extrema emergencia sanitaria en que se encuentra esta comunidad.
No se concibe que se lamenten, evidentemente de boquilla, de no poder disponer confinamientos domiciliarios y al mismo tiempo solo apliquen en una mínima parte del territorio de la comunidad medidas restrictivas como las adoptadas en esos 53 municipios. Definitivamente, lo de este gobierno autonómico tramposo y trumpiano es que no hay por dónde cogerlo.
