El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, aseguró este jueves que no le preocupan posibles demandas económicas de los sectores afectados por el adelanto del toque de queda, sino las vidas que se pueden salvar con esta medida, cuya “bondad” defendió tanto desde el punto de vista jurídico como sanitario.
Ical.- “Nos preocupa no quien se va a hacer cargo del lucro cesante, sino del luto incrementado”, respondió en la rueda de prensa telemática en la segunda pregunta formulada en relación a quién asumiría la responsabilidad en caso de que el Tribunal Supremo tumbe el acuerdo del presidente de la Junta sobre el toque de queda y el posible efecto en el lucro cesante.
Es más, apuntó al Gobierno, en caso de que se les dé la razón, “por inactividad e ineficacia” y en facilitar la herramienta del confinamiento domiciliario a las autonomías, cuando se trata de una medida que se aplica en países europeos del entorno de España, como Francia y Alemania, pero no aquí por “la pereza” del Ejecutivo central.
Igea reiteró que en “el platillo” entre el lucro cesante y las vidas que se pueden salvar con la limitación del contacto social, que en este caso es un confinamiento mayor en dos horas, “pesa más” para la Junta la vida y la salud de las personas, a la vez que arremetió contra los políticos que “no toman decisiones”, no las dejan tomar a los demás y se ponen “detrás de la barrera”, pues “no son gobernantes”.
Calificó de “sorprendente” que se puedan pedir responsabilidades a la Junta en caso de que el Supremo rechace las alegaciones y tengan que aceptar la vuelta del toque de queda a las 22.00 horas y se preguntó por qué no se ha hecho así con el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, cuando el TSJ no le dio la razón en las medidas restrictivas para la ciudad que recurrió.
En este punto, fue más allá y estimó que, en todo caso, habrá que pedir responsabilidades al Gobierno, ya que el presidente de la Junta, como él mismo sostuvo ayer al presentar las alegaciones, actúo bajo las competencias como autoridad delegada que le mandata el decreto del estado de alarma.
Igea presumió de un “marcador a cero” en las sentencias a favor de la Junta -luego reconoció que si no a cero es “abultado”- y subrayó que no van pidiendo la dimisión de quienes perdieron en los tribunales, para precisar que “otra cosa es que se impute un delito”, ya que en este caso de trata de diferencias en la interpretación del decreto de alarma.
Por último, manifestó que, si no les dan la razón, quien queda “deslegitimado” es el país, no él o el presidente de la Junta, ya que están “bastante convencidos de la bondad” de sus argumentos, para insistir en que se ha visto en los países que han adoptado esta medida que no entra en colisión el derecho a la vida con la libertad de movimientos de los ciudadanos.
